El proyecto impulsado desde Juntos en todas las jurisdicciones estuvo 45 días en las Comisiones Derechos Humanos y Legislación del Concejo Deliberante desde la presentación que realizó Susana Busso (CC ARI) en junio de este año.
Sin que puedan dar cuenta del trabajo habitual de relectura, consultas y aportes de otros ediles, llegó al recinto este lunes en un intenso debate y bajo una catarata de tuits de dirigentes nacionales y provinciales de la oposición que arengaban la votación.
El proyecto busca limitar el acceso a cargos públicos para quienes tengan antecedentes penales con condena firma por casos de corrupción y en el caso de Luján se hace extensivo a puestos en el Concejo Deliberante.
Desde el Frente de Todos pidieron que el proyecto vuelva a Comisiones para ser debatido, reprochando que no existió trabajo ni movimiento del expediente. El argumento se inscribe en una reclamo que cada vez se pronuncia con más claridad respecto a las ausencias en comisiones y la poca actividad que tiene el recinto salvo los días de sesiones cada 15 días.
«No estamos dispuestos a debatir en medio de una guerra de tuits con trolls. Queremos discutir pero con seriedad» planteó el presidente de la bancada oficialista, Cesar Siror, mientras se amontonaban los posteos de dirigentes nacionales de la oposición exigiendo que Luján se sume a los municipios que ya aprobaron la norma como Mercedes, Tres de Febrero y Bragado entre otros.
«No tuvimos la posibilidad ni de plantearle a los autores cuestiones básicas de forma. No estamos en contra de poder discutir y aportar. Queremos realmente que nos den la posibilidad de darle tratamiento en las Comisiones, por eso le pedimos que reflexionen y que lean lo que van a votar» insistió Siror.
El expediente estuvo más de 45 días en las Comisiones de Derechos Humanos y Legislación sin tratamiento ni debate. La demora se explica en el marco de la interna opositora y fue Sallaberry la más señalada por sus pares y por Gastón Marro, uno de los principales impulsores de la medida, aunque en los últimos días se destrabó su firma para el despacho y la posibilidad de tratamiento durante este lunes.
Las presiones de dirigentes nacionales en redes sociales se mantuvo hasta iniciada la sesión y alcanzó al concejal de Juntos, Alberto Trisciuzzi que se ausentó, a la vecinalista Marcela Manno que se abstuvo de votar y al radical Dardo Sonnemberg que votó favorablemente, pero había planteado hacia el interior de su bloque algunas objeciones.
En la oposición hubo de todo: silencios incómodos, pocas explicaciones y hasta abstenciones, reconociendo el poco trabajo que tuvo la norma durante los últimos 45 días. También llegó el turno de las derivas y viejos reclamos en una intervención que tuvo a Sallaberry acodada a la banca y apuntando al oficialismo por apurar votaciones.
Pasada la hora y media de chicanas y pedidos de reconsiderar la votación empezaron a levantarse las manos y aún con el faltazo de un opositor y la abstención de otra, lograron las manos para aprobar la norma.
Restará la promulgación del intendente Boto (o su veto) y la posibilidad de realizar modificaciones en esa instancia. Si todo marcha, como el proyecto de Juntos indica, no podrán acceder a cargos públicos quienes tengan antecedentes penales o no puedan acreditar ser libres deudores de alimentos, según el registro de la Provincia de Buenos Aires. El alcance de la norma abarca a los cargos del poder ejecutivo, del secretario del HCD, secretarios de bloques políticos y empleados de bloques políticos.
