La campaña por la Libertad de Nancy Montiel continúa en las calles. Está mañana, decenas de personas que acompañan la causa movilizaron al edificio del Poder Judicial en Mercedes, en el marco de la audiencia que el Juez Daniel Machains tuvo con Nancy. La reunión fue la primera entrevista con un juez, en 18 meses de detención.
A mediados de marzo la familia Montiel y su representante legal presentaron por tercera vez en los tribunales de Mercedes el pedido de prisión domiciliaria para Nancy. La solicitud está enmarcada en la Ley Nº24.660, normativa que regula las penas privativas de la libertad.
El inciso «f» del Artículo N°32 otorga la facultad al presidente del tribunal a brindar el arresto domiciliario, contemplando que la mujer era la principal responsable del cuidado de su hija adolescente, que convive con una situación de salud compleja derivada de la discapacidad.
En septiembre del 2020, Nancy fue detenida de forma irregular por la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI) en su casa en el barrio Raffo. Los oficiales que la trasladaron a la comisaría le dijeron que la denuncia que ella había realizado, a raíz de que dos varones abusaran sexualmente de su hijo adolescente, había avanzado.
Allí estuvo detenida durante 12 horas con otro de sus hijos y le informaron que estaba acusada de homicidio por un llamado anónimo. El muerto era uno de los hombres a los que había denunciado. Luego pasó cinco meses incomunicada en una Comisaría de Mujeres de Ituzaingó. Tiempo después pudo decir que la amenazaron para que confiese el crimen.
El crimen de José Palavecino trascendió en medios nacionales amarillistas como «El crimen de Raffo». Desde los titulares y sin pruebas condenaron a Nancy, presuponiendo su culpabilidad. Mientras tanto, Claudio Montiel, otro de los abusadores que se encontraba detenido también desde septiembre, fue liberado el 9 de abril de 2021, luego de que su defensa alegara un trastorno esquizofrénico que le impidió estar consciente al momento del abuso, y fue declarado inimputable.
Desde la campaña que integran diversas organizaciones señalan la importancia de la movilización para visibilizar el disciplinamiento que existe sobre mujeres y madres de los barrios más empobrecidos del conurbano, “que defienden a sus hijos ante una justicia al servicio de los poderosos a la que no logran acceder, excepto para ser criminalizadas”.
Además, denuncian públicamente la corresponsabilidad de las fiscales Rodríguez y Urrutia, de las Fiscalías N°9 y N°10, donde se investigó el abuso y la desaparición de Palavecino, «que actuaron en evidente complicidad para encubrir la inacción judicial y así correr de eje este aberrante ataque sexual perpetrado por Claudio Montiel y José María Palavecino», argumentan desde la campaña.
