En los últimos meses, varios municipios bonaerenses pusieron en marcha sus propias policías. Los anuncios, son fieles a un guion: se monta un escenario, los intendentes posan rodeados de sus funcionarios, y los discursos están llenos de promesas de planes integrales e inversiones récords, como muestra de que la seguridad es una prioridad. La novedad en la escena son las fuerzas policiales: filas de agentes uniformados y patrulleros nuevos que llevan el sello del municipio.
Ante vecinos que piden más seguridad, la Provincia que les delega cada vez más responsabilidades y los medios que no pierden oportunidad para poner la mira sobre sus gestiones, un grupo variado de intendentes (peronistas, kirchneristas, macristas y vecinalistas) encontró en las policías municipales una forma de responder a esas presiones. Esta jugada, con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, también les suma puntos, porque les permite “mostrar gestión” frente a sus votantes.
A primera vista, las nuevas fuerzas podrían confundirse con las Policías Locales que, hace una década, impulsaron legisladores bonaerense, o con las guardias urbanas que los intendentes multiplicaron en los últimos años. Las primeras fueron pensadas como cuerpos armados formados por vecinos, dedicados a tareas preventivas y con la misión de recomponer la confianza vecinal, bajo la órbita (al menos en principio) de los municipios. La idea era descentralizar, pero la realidad fue otra: la policía tuvo poco de local (Fernández, 2023). Cuando finalmente salieron a la calle, formadas mayormente por jóvenes y conocidas en la jerga como “pitufos” por su uniforme azul, terminaron siendo una división más dentro de la Bonaerense y, con el tiempo, fueron absorbidas por la misma (Passarelli, 2023).
Las guardias urbanas, en cambio, dependen de los municipios y, en los últimos años, fueron apareciendo bajo distintos nombres y formatos. Estas fuerzas se enfocan en mostrar presencia y asistir a los vecinos, pero como tienen límites claros para actuar, muchos las ven como fuerzas que están “de adorno”. Algunos intendentes probaron un camino intermedio: guardias con armas no letales o formadas por miembros de fuerzas de seguridad retirados que, gracias a su “estado policial”, pueden portar armas de fuego (Rey, 2024). La idea es intervenir sin depender de la Bonaerense. En ese claroscuro aparecen las nuevas policías municipales. Todavía hay muchos interrogantes, pero por ahora, sin armas letales, se presentan como fuerzas más acotadas que las Policías Locales, aunque con más capacidad que las guardias urbanas. No solo patrullan, sino que también intervienen cuando la situación lo requiere.
Se abre así un nuevo capítulo en una vieja disputa entre los municipios y la provincia por el control de la seguridad. Funcionarios de seguridad de distintos municipios, entrevistados para una investigación que hicimos desde el LESyC de la Universidad Nacional de Quilmes -por pedido de la provincia de Buenos Aires, a través del programa Impact.ar (MINCyT)-, cuentan que, desde hace años, ponen recursos: compran patrulleros, se encargan del combustible, el mantenimiento y las reparaciones. Pero, pese a esa inversión, no logran asegurar la presencia de oficiales bonaerenses en sus calles.
Además, relatan que, aunque se esfuerzan por reclutar jóvenes para la Bonaerense con el programa Sumate a la Fuerza, la provincia suele destinarlos a otras zonas, sobre todo al conurbano, y así algunos municipios quedan sin personal. Por su parte, la anterior dirección del Ministerio de Seguridad provincial cuestionó a los municipios por el bajo reclutamiento de cadetes. También expresó, en distintas ocasiones, que la policía debería ser dos, tres o hasta cuatro veces más grande, y que los nuevos oficiales tienen que capacitarse en el conurbano varios años antes de poder volver a sus lugares de origen. Todo eso muestra una distancia entre lo que demandan los municipios y las prioridades de la provincia.
Ahora bien, para que una policía municipal funcione, hay que definir varios puntos: su dependencia, la coordinación con la bonaerense, la existencia de un límite poblacional, sus funciones, el modelo de personal, su financiamiento y la formación (Fernández, 2023). Pero, en los anuncios, parece predominar más la urgencia electoral que la preocupación sobre cómo funcionarán. Y, en ese escenario, parece difícil que exista voluntad política para superar los problemas que suelen tener este tipo de experiencias: la falta de continuidad en las reformas, la desregulación y opacidad por descentralización informal, y la falta de audacia para enfrentar los conflictos que implican los cambios profundos (Binder y Fernández, 2025).
La seguridad no puede esperar, pero tampoco puede improvisarse. Sin definiciones mínimas, las policías municipales terminarán como una medida más de bacheo que, con suerte, mejora momentáneamente la percepción de seguridad, pero poco aportan a soluciones reales. Decía Mafalda: “Como siempre: lo urgente no deja tiempo para lo importante”, y en seguridad, apurarse, a la larga, puede salir caro.
Es urgente encarar seriamente la creación de las policías municipales para responder a los problemas de seguridad (Binder y Fernández, 2025), pero si estos procesos solo están atados a las elecciones, no habrá experiencias exitosas. Peor aún, pueden alimentar las expectativas punitivistas entre la ciudadanía: el punitivismo de abajo o la llamada “justicia vecinal” (Rodríguez Alzueta, 2019). Así, lejos solucionar nada, la frustración ciudadana ante una nueva experiencia fallida puede empeorar las conflictividades y complicar aún más la seguridad en la provincia.