El mes pasado el Poder Ejecutivo Nacional envió un proyecto de ley para establecer un nuevo régimen penal con el mero objetivo de bajar la edad de imputabilidad a niños y niñas de 13, 14, y 15 años, que hoy no son punibles y cuyas edades no tienen incidencia alguna en la problemática del delito, no resuelve el problema de la inseguridad ni previene la comisión de delitos, por lo contrario, profundiza el estigma y la violencia estatal y social hacia los niños, niñas y adolescentes.
Resulta imperioso comprender que de esta manera solo se incrementa la criminalización y se elude la responsabilidad central del Estado, quien debería abogar por el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, quienes en ese rango etario deberían estar jugando, asistiendo a la escuela, preparándose para una vida libre y responsable, dado que según el Comité Internacional de los Derechos del Niño en la etapa de los 12 y 13 años, la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto están en plena evolución, debido a que la parte frontal de su corteza cerebral aún se está desarrollando. Motivo por el cual las posibilidades de que comprendan las consecuencias de sus acciones o el proceso penal, son ínfimas, por no decir nulas.
Este accionar solo busca castigar a los niños y niñas que en estos momentos se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad, atravesados por la desigualdad de un país en donde el conflicto es social y la violencia es estructural, donde el derecho penal actúa a partir del hecho cometido.
Resulta irrisorio pensar que con este Proyecto de Ley es probable disminuir la violencia, siendo inconstitucional al vulnerar la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece que los países no deben bajar la edad de imputabilidad en sus normativas, asimismo quebrantando el principio de no regresividad que prohíbe retroceder en los niveles de protección de los derechos.
Además, limita la integración social ya que el sistema penal disminuye las oportunidades laborales e incrementa las posibilidades de reincidir, con solo acceder a estadísticas del Ministerio Público Fiscal es viable corroborar que los crímenes cometidos por menores de 18 años en 2022 representaron solo el 2,33% y que según la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, entre 2021 y 2022 se redujo casi a la mitad la participación de menores en delitos contra la vida, ciertamente la baja de edad de imputabilidad no es la salida para combatir la inseguridad. Asimismo, esta iniciativa aumenta las posibilidades de que, al ser niños y niñas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, puedan recaer ante la manipulación de adultos que los incitan a delinquir.
También es necesario remarcar que el sistema carcelario de nuestro país actualmente se encuentra colapsado con una población carcelaria que supera la cantidad de 110.000 personas alojadas en unidades penitenciarias y alcaldías, superando el promedio mundial en cuanto a la cantidad de personas privadas de la libertad, siendo el principal lugar de abusos, maltratos, torturas, violando sistemáticamente los derechos humanos y en condiciones de total hacinamiento.
Es primordial comprender que ante la aberrante situación carcelaria no sólo se vulneran los derechos del niño, niña y adolescentes y/o cualquier persona, sino que estos suelen funcionar como escuela de delitos, carentes de acciones para resocializar al penado generando así el incremento de posibilidades de reincidir en la comisión de un nuevo delito.
En materia de niñez, es indispensable el fortalecimiento de políticas de protección en la cual el Estado acompañe estas situaciones desde sus inicios y no funcionen como última ratio, tal como el proceso penal. Es vital tratar estas situaciones rápidamente, pero ¿con qué políticas de abordaje? Políticas para las cuales mayormente no hay presupuesto.
Para poder combatir esta situación es necesario afrontar la problemática desde la raíz, desde las situaciones que generan pobreza, la falta de oportunidades y de acceso a los derechos básicos (alimentos, agua, vivienda, salud, educación), tratar las situaciones de consumo de droga, adelantarse ante cualquier conducta para prevenir delito y no actuar solo a efectos de su comisión cuando el hecho ya está consumado y existen víctimas y victimarios.
Me cuesta creer que bajando la edad de imputabilidad el conflicto del narcomenudeo, la lucha contra el narcotráfico o los robos en el barrio van a desaparecer.
Según un estudio de la Universidad Católica Argentina, el 63% de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país son pobres. Ahora, en vez de atacar el problema de raíz, generando políticas públicas para que ningún niño se vaya a dormir con la panza vacía, la Ministra de Seguridad de la Nación, avanza con la política Chocobar, criminalizando a niños, niñas y adolescentes que, ante la falta de oportunidades, son reclutados por las bandas de drogas para el narcomenudeo.
Vivimos en un país en dónde Javier Milei retiene los alimentos que deberían estar en los comedores y merenderos, y sin embargo están en galpones a la espera de su vencimiento, mientras millones de niños y niñas de nuestro país sufren hambre.
Hoy nos atraviesa la necesidad urgente de abordar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y promover el acceso a ellos, y no someterlos en un sistema penal que es discriminatorio, selectivo y estigmatizante donde no se persigue a todos por igual, sino a los más pobres y vulnerables, marcándolos de por vida y perdiendo el derecho más importante, la libertad.