En febrero de este año, se publicó en “Cielo Abierto”, un artículo referido a ley provincial 13.879 y su objetivo de lograr el equilibrio poblacional de perros y gatos con los hogares dispuestos a acogerlos.
El único método aprobado para concretarlo son las castraciones quirúrgicas de estos animales. La obtención de esta meta de control poblacional, es puesta por la ley, en cabeza de los Estados Municipales. De allí, la importancia que cada Municipio implemente un programa ético y eficaz de castraciones de perros y gatos, que cumpla ineludiblemente, seis características.
Esta afirmación procede de estudios poblacionales, profesionales y sobre todo, de la experiencia en la aplicación, que exhiben orgullosamente varios Municipios de la Provincia que lo vienen implementando. Los logros empiezan a mostrar sus lauros: desaparición del abandono de cachorros y adultos, descenso del maltrato animal, perros y gatos en mejor estado, disminución del índice de mordeduras, de accidentes viales, de parasitosis en niños, menores gastos para la salud pública.
Efectivamente, la sobrepoblación de perros y gatos, no sólo genera graves problemas en el estado de los animales que procrean de manera continúa, generando camadas de cachorros indeseadas pero inevitables, sino graves consecuencias en la salud pública: enfermedades zoonóticas (entre ellas la letal rabia), parasitosis, mordeduras, accidentes de tránsito por embestir animales, todo lo cual, siempre, tanto en su costo social como económico, recae en la comunidad.
Un programa de castraciones de perros y gatos, que, al hecho de ser ético y eficaz, le suma ser económico (siempre partiendo del concepto de que nada debería ser catalogado de caro, si de preservación de salud pública se trata), implica que la manera de llevar a cabo las castraciones, tenga una técnica y una metodología de trabajo, descartando toda y cualquier improvisación.
El primer concepto que debe quedar claro, es que se trata de un servicio de salud pública de toda la comunidad. La castración de un perro o un gato, de manera aislada, sin hacerlo dentro de un contexto de salud pública, solo le soluciona el problema a ese animal y a quien convive con él, pero no tiene incidencia en la salud de la comunidad. Del mismo modo que, castrar en número insuficiente, perjudica la eficacia y la obtención de resultados.
Así en principio, las castraciones deben ser masivas, esto es, recaer, como mínimo, sobre el veinte por ciento de la población animal en el término de un año. La forma de calcularlo no requiere ninguna erogación en censos, los que, además de llevar a un gasto considerable, es de muy difícil ejecución ya que, los animales no permanecen estáticos, deambulan de un lugar a otro, tienen crías continuamente.
Para ello, tomamos un estimativo del estudio realizado sobre la cantidad de perros, gatos y personas tomado en la ciudad de Rosario en 2018, que guarda relación con la cantidad de habitantes: así, en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, consideramos que hay un perro o gato por cada uno de ellos. En poblaciones de más de 10.000 habitantes, estimamos un gato o perro por cada dos habitantes.
Ello nos dará el número poblacional total de animales. El veinte por ciento de ello, es lo que hay que castrar en el término de un año, dividido por meses y días. Un Municipio que, a través de su Centro de Zoonosis, o el que haga las veces de tal, castre esa cantidad de perros y gatos, provocará en un corto plazo la reducción de perros y gatos abandonados, en pésimo estado y evitará enormes gastos a la salud pública. A esta característica de la masividad, deben agregarse otras. El servicio no debe ser arancelado.
No hablamos de gratuidad, porque la gratuidad como tal no existe, tiene su costo. Pero ese costo debe provenir de los fondos que el Poder Ejecutivo municipal destina presupuestariamente a los servicios salud. Para pasarlo en limpio, el vecino debe tener libre acceso al servicio de castraciones, de manera irrestricta. No debe discriminarse por una razón económica como muchas veces se ha pretendido.
Todo y cualquier vecino tiene derecho a que su animal sea castrado por el Centro de Zoonosis, y/o de salud animal y/o por el organismo que cumpla tales funciones. El rechazo del animal, aun por criterio veterinario, debe ser documentado por escrito y entregada copia al vecino. Es importante que la comunidad sepa cuál es su derecho y lo haga valer. Más importante aún, es que las autoridades ejecutivas y legislativas de todos los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, pongan los medios necesarios para que la ley 13.879, de equilibrio poblacional de perros y gatos se ponga en funcionamiento a la brevedad. Las demás características las trataremos en posteriores entregas.