El desconocimiento y la malicia fueron impuestos por el Gobierno Nacional en su promoción de sospechas de adoctrinamiento, curros y manejos espurios de los recursos del Estado por parte de la administración de las Universidades Nacionales.
Lamentablemente nada sorprende, en particular si se revisa el discurso del presidente la noche anterior a la Marcha Federal en defensa de la Educación Superior Pública y Gratuita de este 23 de abril, cuando entre otras cosas expresó que “se acabó el Estado presente”.
¿Pero qué subyace realmente tras esas palabras y la arremetida contra el Sistema Universitario de Gestión Pública al pretender instalar la desconfianza hacia las Universidades, insistiendo en que no son auditadas?
No es nuevo, porque lo expresó en campaña, que Milei pretende que el Estado se desentienda de su responsabilidad en el aporte de recursos para el ejercicio de derechos humanos y universales por parte de la sociedad, como es el derecho a la Educación.
Muestra objetiva de esto es el brutal recorte presupuestario en el primer trimestre de este año en las partidas de gastos de funcionamiento para las Universidades Nacionales, para el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET-; con la supresión de la inversión en obras de infraestructura en el Sistema Universitario, de Becas estudiantiles y de Programas de mejora.
Además de la disminución más grande que en democracia se conoce de los salarios de trabajadores universitarios, quebrantando a su vez la negociación paritaria regulada por legislación nacional, toda vez que, en las reuniones de este año el Ejecutivo solamente informó el porcentaje de incremento (febrero 6%, marzo 12%, abril 8%), desoyendo los reclamos de la otra parte de la comisión paritaria, representación sindical de las y los trabajadores, quienes exigen recomposición de la pérdida del valor adquisitivo de los salarios por devaluación (54%) e inflación (79,3%), siendo el resultado una imposición unilateral y no una negociación.
Así las cosas, luego de esperas e intentos de diálogo infructuosos, la Comunidad Universitaria toda (estudiantes, docentes, nodocentes, autoridades superiores y graduades) saturada del maltrato hacia un sistema modelo para el mundo, cuna de premios nóbeles, herramienta de movilidad social ascendente, motor del desarrollo productivo y social de la Nación, creadora de conocimiento a través de la investigación que inserta en el pueblo con la enseñanza y la extensión, este 23 de abril salió a marchar bajo una sola consigna: visibilizar el feroz ajuste y defender a la Universidad Pública.
Sabido es que el resto de la sociedad acompañó masivamente: familiares de estudiantes que temen quede trunco el sueño de sus hijes; trabajadores y centrales obreras que conocen el valor social de la Universidad como promotora de otros derechos; estudiantes de instituciones privadas que también entienden a la educación como único camino a la libertad; ciudadanos todes que, aun teniendo distintas ideologías políticas, comprenden que tras la apuesta del gobierno a que el mercado resuelva lo que el Estado no provee, lo que subyace es la privatización.
Pasada la multitudinaria Marcha, era de suponer que el Gobierno recibiría el mensaje de la inmensa parte de la sociedad, para la que también gobierna, que le expresó con firmeza ¡con la Educación Pública No! Lamentablemente los más pesimistas tuvimos razón, el Ejecutivo no solo no acusó recibo, sino que contraatacó con una mentira más: “Auditoria a las universidades ya, se exige transparencia”.
Y ahí otra vez: ¿ignorancia o malicia? Si coincidimos en que un presidente no podría desconocer la Constitución Nacional y sus Leyes, la pregunta termina siendo retórica. No obstante, en tiempos de desinformación, datos incontrastables, réplicas de dichos y slogans, resulta necesario, al menos intentar, desenmascarar mentiras y excusas.
Dice el artículo 75, inciso b) de nuestra Constitución Nacional que el Congreso tiene como atribución: “Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.”.
Y dice el artículo 59 bis de la Ley de Educación Superior N° 24521: “El control administrativo externo de las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal es competencia directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación que, a tales efectos, dispondrá de un área específica con los recursos humanos y materiales adecuados para llevar a cabo esta tarea. Todas las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos.”
Ergo, las Universidades son autónomas y autárquicas, las Universidades son auditadas por sus auditorías internas y por la Auditoría General de la Nación (AGN). Fin de la falacia, fin de la excusa bajo la cual se ejecuta un brutal recorte a la Educación Pública y Gratuita y se desoye a la sociedad que la defiende, ciudadanas y ciudadanos que resultaría imposible contar, porque en cada provincia y ciudad donde existe una sede de Universidad Pública el pueblo salió a marchar y a defenderla.
Días anteriores fue el embuste del adoctrinamiento, esta semana la transparencia… y entonces valen las preguntas ¿Cómo se desarrolla nuevo conocimiento sin debate de ideas? ¿Cómo formamos nuestra capacidad crítica sin conocer y analizar distintas corrientes de pensamiento y procesos históricos? ¿O acaso es esa la intención?
Que la sociedad no discuta, no reflexione, no pueda discernir en las bases de un discurso su intencionalidad, no pueda diferenciar una noticia de una fake news. ¿Cómo puede hablar un Poder Ejecutivo de necesidad de transparencia cuando mes a mes recibe y puede analizar todos los datos del sistema universitario público? (nóminas de personal, salarios, compras, contrataciones, estudiantes, graduades, etc).
Quizás los ataques sigan, habrá que seguir informando, quizás el Gobierno entienda que el pueblo argentino necesita y merece paz, diálogo democrático y grandeza de nuestro sistema republicano, quizás comprenda que la sociedad va a defender siempre la Universidad Pública, Gratuita, Cogobernada y de Calidad por ella conquistada.