El presidente Javier Milei recibió la peor herencia económica desde el retorno de la democracia, una supercrisis alimentada por dos frentes: los déficits gemelos del sector público y del sector externo. El país que gobierna desde el 10 de diciembre gasta más de lo que recauda y compra más de lo que vende, carencias que en la última década fueron cubiertas con endeudamiento y restricciones cambiarias, pero también con una excesiva emisión monetaria que contribuyó a fogonear la inflación que pulveriza el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, sus primeras medidas profundizan ambas tendencias.
Por un lado, la fuertísima devaluación del peso y la continuidad de la política monetaria acentuaron la merma de los ingresos populares, acelerando el camino a una recesión económica que obtura cualquier deseo de equilibrar las cuentas públicas; por mucho que se achiquen los gastos del Estado o se depositen esperanzas en la liquidación de las exportaciones agropecuarias, sin dinámica interna la recaudación no puede seguir otro camino que ir a la baja. Por otro, las expectativas desregulatorias ponen en jaque a amplios sectores productivos y, en consecuencia, la posibilidad de incrementar la obtención de divisas y modificar la balanza comercial.
Un programa de ajuste recesivo sobre una economía estancada desde hace años no puede generar otro resultado que profundizar la contracción y ahondar la crisis social. Se nos promete luz al final del túnel, una metáfora remanida que perdió cualquier sentido virtuoso desde que el neoliberalismo la utiliza para desnaturalizar la función de la ciencia económica y justificar sacrificios insoportables para los pueblos. Pero la verdadera esperanza para los argentinos está cifrada en terminar con el ciclo de especulación financiera y reactivar la economía real, la única capaz de generar trabajo, valor agregado y redistribución del ingreso.
Para ello, hay un horizonte conceptual simple y sintético: reindustrializar la Argentina; poner en marcha todas las capacidades y procesos transformadores de las materias primas que posee en abundancia el octavo territorio más extenso del planeta. Y esto es así porque el cumplimiento de este objetivo central presupone la consecución de otros objetivos secundarios que garantizan que la economía vuelva a una senda de crecimiento y el país abrace un modelo de desarrollo con inclusión social que, bajo un concepto federal, contribuya además a resolver los históricos desequilibrios regionales.
Como explica Guillermo Moreno, el primer requisito para reindustrializar el país es tener mercado interno, un propósito inviable si los ingresos populares apenas alcanzan a cubrir las necesidades básicas, como viene ocurriendo desde que la inflación -un fenómeno multicausal y no exclusivamente monetario, valga la aclaración- se ensaña especialmente con los productos de la canasta familiar. Reducir el costo de los alimentos permitiría liberar amplios porcentajes de esos ingresos para destinarlos a otros consumos. Y la única forma de avanzar en ese sentido es desacoplar los precios internos de los internacionales a través de una correcta administración de las retenciones a las exportaciones, permitiendo que los argentinos accedan a los frutos del país a precios accesibles.
Para evitar que el aumento de las retenciones comprometa la rentabilidad de los productores, contratistas y trabajadores rurales, es necesario compensar esta medida con un descenso abrupto del valor de los alquileres de la tierra en la zona núcleo de la pampa húmeda -que hoy explican el 50 por ciento de los costos de producción-, con las herramientas que establece la Ley de Arrendamientos. Se trata de un enorme volumen de recursos provenientes de la renta diferencial que genera un suelo extraordinario, concentrado principalmente en manos de las familias que integran la Sociedad Rural. Como contrapartida, el Estado puede reconocer ese esfuerzo con la emisión de un bono a largo plazo comercializable en los mercados de valores.
Esta estrategia tiene una ventaja añadida sustancial. No solo permitiría bajar los precios de los alimentos sino que aportaría los recursos necesarios para resolver los acuciantes problemas financieros, renegociar desde una posición ventajosa el acuerdo con el FMI y evitar que el brutal peso de la deuda recaiga sobre trabajadores y jubilados.
Despejada esta ecuación, las familias argentinas recuperarán mayores márgenes de consumo, que deberá orientarse a bienes y servicios de producción nacional. Aquí emerge la segunda condición necesaria para alcanzar nuestro objetivo: contar con energía abundante y barata. Una vez más, se impone desacoplar precios y terminar de una vez por todas con el dogma liberal que afirma que los hidrocarburos del subsuelo patrio deben tener un valor de referencia internacional. Para ello hay que desdolarizar las tarifas y fijar los precios en función de los costos reales del sector, aceptando una rentabilidad razonable en función del capital total invertido.
Este nuevo escenario permitiría explotar las principales ventajas competitivas que tiene el país -alimentos y energía-, reactivar sus sectores industriales tradicionales y ampliar la frontera productiva a otras actividades que en décadas pasadas fueron un verdadero motor de desarrollo y consolidaron la soberanía nacional. Será necesario entonces un Estado empresario que acompañe el crecimiento del sector privado promoviendo inversiones y fortaleciendo las sinergias que naturalmente existen, por poner solo un ejemplo, entre la industria siderúrgica, la industria naval, la marina mercante y la industria de defensa -áreas estratégicas demandantes de mano de obra intensiva y calificada cuyos productos también pueden encontrar mercados de exportación en los países de la región-.
En paralelo a la recuperación del empleo y el poder adquisitivo, un Estado benefactor deberá garantizar que el pueblo no solo acceda a servicios públicos de calidad, como la educación o la salud, sino también generar las políticas públicas que les permitan recuperar la posibilidad de acceder a la tierra, la vivienda y el transporte, facilitando que el ahorro se destine a capitalizar a las familias argentinas y no se dilapide en un consumismo ocasional por falta de alternativas a largo plazo.
En un mundo convulsionado que está redefiniendo sus centros de influencia y poder, se abre una ventana de oportunidad para desplegar un proyecto nacional inspirado en las mejores tradiciones del peronismo histórico, actualizado en función de las nuevas coordenadas de época. Se impone entonces reorganizar el movimiento nacional y popular bajo premisas claras que permitan que el país despliegue todo su potencial latente. Recuperar la industria nacional es, finalmente, la salida que puede iluminar el camino hacia el objetivo final: lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria.