Desde la reforma previsional a estos días, el gobierno aceitó los resortes del Estado en todas las instancias para vigilar, infiltrarse y espiar protestas sociales. Luján no escapa a esta lógica: policías de civil, filmación y fotografía a los ciudadanos. Un recorrido por los diversos casos y las explicaciones oficiales en este informe de Ladran Sancho.

Alejados de los grupos que protestan pero ubicados en lugares estratégicos los polis de civil filman y fotografían manifestantes y luego envían el material vía Whatsapp vaya a saber a dónde y para qué.

No se trata de una práctica aislada de nuestra ciudad; responde a una lógica de intervención policial nacional y a una naturalización de métodos por parte de las fuerzas de (in)seguridad que violan leyes y procedimientos de intervención.

En diciembre de 2016 Ladran Sancho publicó un informe que documentaba la existencia de una oficina de seguridad estatal, secreta y cuyos fines eran al menos, dudosos. El inmueble cuyo alquiler pagó el municipio se utilizó como base para “investigaciones de delitos complejos” según alcanzaron a explicar allegados. La data compilada por este medio, hoy forma parte de un expediente que estudia la Comisión Provincial de la Memoria y fue entregada al premio nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Desde entonces se registraron al menos a tres efectivos masculinos y una mujer, integrantes de las fuerzas de seguridad, en marchas, movilizaciones y asambleas. Siempre de civil, tomando nota de lo que se habla y registro en imágenes de los y las manifestantes.

En la última movilización de los llamados “Barrios en lucha” la lógica se repitió en la puerta del despacho del intendente. Lo que motivó el pedido de explicación a Oscar Luciani y su secretario de Seguridad, Dr. Marcelo Oberti.

Antes de este abordar este último caso realizamos un recorrido necesario por las normativas y una presentación de nuestros curiosos policías.

¿Quién puede y quién no filmar en un procedimiento policial?

En abril del 2018 un grupo de policías avanzó sobre jóvenes menores de edad que se encontraban en la Plaza Colón. Ante la presencia de periodistas de este medio y de El Civismo, que comenzamos a filmar el procedimiento, los policías respondieron con agresiones y actitudes intimidatorias hacia los periodistas.

¿Puede un ciudadano filmar el accionar policial? Si, se puede. Los efectivos policiales son funcionarios públicos. Todos los policías, gendarmes, agentes municipales o de organismos estatales son personal del Estado, esto hace que sus actos sean de carácter público, sobre todo si los hacen en espacios públicos. Filmarlos en su accionar es un derecho a controlar ciudadanamente el desempeño de un funcionario estatal.

Tomar una fotografía o filmar son derechos propios de la libertad de expresión que reconocen y protegen la Constitución (Arts. 14 y 32) y los tratados de derechos humanos (Convención Americana sobre Derechos Humanos Arts. 13 y 14).

En la marcha por la aparición de la niña que desapareció durante febrero de 2018 dos policías filmaron a los y las manifestantes.

Por el contrario, un miembro de las fuerzas de seguridad no puede filmar una protesta social legítima sin la autorización explícita de un superior, ya sea un responsable político, de la fuerza a la que pertenece o del poder judicial.

Sin embargo, en Luján se empezó a tomar nota de la presencia de efectivos de civil al menos desde 2017 durante las movilizaciones que exigieron la aparición de Lucia Hach, las asambleas realizadas por mujeres en el mismo marco, marchas de sectores sindicales y organizaciones sociales como la del 10 de enero contra los tarifazos o la que impulsaron desde los merenderos y comedores de la organización CTD – Aníbal Verón realizaron al municipio a mediados de diciembre del 2018. O durante el procedimiento realizado en la Plaza Colón en abril de 2018 donde periodistas de este y otros medios fueron filmados.

Ampliando la mirada desde la normativa, el procedimiento que se utiliza, más que de prevención y seguridad, tiene síntomas de inteligencia, y viola la ley 25.520 de Inteligencia Nacional, la cual prohíbe la inteligencia interna. Así queda claro en el artículo 4 (inciso 2), que menciona que ningún organismo de inteligencia podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

De civil, policía filma la protesta de Barrios en Lucha.
Cómo se viene haciendo costumbre en los reclamos, policías sin identificación filman a los manifestantes.

Al tiempo que existe una jurisprudencia en la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. En 2005 la procuradora general de la Corte anuló la instrucción de un fiscal que ordenaba a la policía filmar a manifestantes, en el ámbito del departamento de La Plata. María del Carmen Falbo, procuradora general, adoptó esa decisión al hacer lugar a una demanda del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que presentó un recurso contra el pedido que había hecho el año último el fiscal Marcelo Romero.

Sin chapa pero con gorra

Existen leyes, resoluciones y protocolos para regular la intervención policial. En 2011, el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó la resolución 210 que estableció cuáles son los “criterios mínimos para el desarrollo de protocolos de actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales en manifestaciones públicas”.

Si bien la policía de la Provincia de Buenos Aires no es una fuerza federal, determinaba cual era el limite para el accionar de los agentes de seguridad. Y un limite claro era la obligación de que todo el personal que intervenga en una manifestación pública debía tener una identificación clara.

En los puntos 11, 13, 15, 17 y 18 de esa resolución se establecía la obligatoriedad de que todo el personal esté uniformado y cuente con identificaciones claras. El punto 11 sostiene: “Se establecerá la obligatoriedad para todo el personal policial y de las fuerzas de seguridad intervinientes en los operativos de portar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes correspondientes”.

Durante la movilización de la organización CTD- Aníbal Verón, policías de civil “custodian” la movilización.
Se acoplan a las exigencias. Durante una asamblea feminista en febrero del 2018 en la Plaza Colón una mujer policía se hizo presente para fotografiar a las participantes.

Sin embargo, con el cambio de gestión se sumaron dudas respecto al marco normativo que regule la intervención de las fuerzas de seguridad en las protestas. El Ministerio de Seguridad de la Nación, al contestar un pedido de informes realizado por el CELS sobre qué normativa regula la intervención de las fuerzas en el contexto de manifestaciones y desalojos, afirmó: “procede indicar que las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales actúan en su carácter de órganos auxiliares de justicia, cumpliendo las directivas que judicialmente se les impartan en cada caso concreto, en el marco de lo previsto en el Código Procesal Penal de la Nación, y de conformidad con las Leyes Orgánicas que las rigen (decreto Ley No 333/58, Leyes Nros. 18.398, 18.711, 19.349 y 26.102)”.

Esta respuesta del Ministerio de Seguridad gambetea la Resolución 210/2011: “Criterios mínimos para el desarrollo de protocolos de actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales en manifestaciones públicas”.

Si bien existe un “Protocolo Bullrich” para la intervención policial en manifestaciones, aun no fue publicado en el Boletín Oficial y por ende carece de validez. Por eso, organismos internacionales como Amnistía Internacional sostienen que el marco normativo de referencia en Argentina es la Resolución 210/2011.

La poli también paga la luz y el gas. La Marcha de las Antorchas contra el tarifazo convocada por el Frente Sindical, las CTAs y la Multisectorial de Luján contó con “civiles”.
Ante la convocatoria de la madre de la niña desaparecida en febrero del 2018, la policía de civil se hizo presente en la escena.

El turno de las explicaciones: ¿Qué dicen Luciani y Oberti?

El procedimiento sucede en cada movilización y nadie se hace cargo: ni Oscar Luciani, ni el secretario de Seguridad, Marcelo Oberti, asumen la responsabilidad, pero tampoco por parte de la oposición hay una interpelación frente a este reiterado accionar policial siendo que han tomado conocimiento de las maniobras y en alguna ocasión hasta han tenido que pedirle al presidente del cuerpo que mande a retirar efectivos de civil que presenciaban sesiones legislativas.

En la última conferencia de prensa que el intendente Oscar Luciani, acompañado del secretario de seguridad, Marcelo Oberti, dio luego de recibir a los vecinos y vecinas de “Barrios en lucha”, Ladran Sancho les consultó por estas irregularidades.

Ambos negaron haber dado la orden política para realizar filmaciones o autorizar presencia de efectivos sin chapa identificatoria o uniforme y al desligarse de las responsabilidades le pasaron la pelota al “jefe del operativo”.

“En el día de ayer (por el jueves) me contacté con el jefe policial que estaba a cargo del operativo y como se daba las circunstancias le dije que no correspondía eso en cuanto a la filmación” dijo Oberti.

Sin embargo, las filmaciones continuaron y hubo vecinos que increparon a los efectivos.

En el mismo sentido, Luciani se escindió de la responsabilidad política y explicó “no tenían autorización por parte nuestra de que se filme nada. Nosotros con tantísimo respeto, como tuvieron los vecinos hacia nosotros y nosotros hacía ellos, fueron recibidos y se cumplió con todo lo que se había hablado, sobre todo porque nos conocemos y no ha sido la primera reunión que hemos tenido. Si en este caso hubo algo fuera de lugar será observado. En absoluto hay una orden política para filmar a los vecinos porque conocemos a los vecinos y hay voluntad de trabajar juntos” aseguró el jefe comunal.

La falta de una decisión política para filmar no hace menos grave la situación sino que profundiza la preocupación de la actuación de los uniformados y más aun, de los no uniformados. Desoyendo las recomendaciones del secretario de Seguridad y sin una orden del jefe comunal, quienes son los responsables políticos del uso de las fuerzas de seguridad, los agentes continúan con sus prácticas en los márgenes de las leyes y procedimientos sin explicaciones claras ni responsabilidades definidas.

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