Un grito colectivo contra el abuso sexual infantil 

En el día de acción global de lucha contra el abuso sexual hacia las infancias, organizaciones feministas movilizaron al Juzgado de Paz y el Consejo Escolar para exigir medidas de protección y prevención integral. 

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Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud indican que una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños fue o es víctima de abuso sexual. Ante esa cifra aberrante, alrededor del mundo, sobrevivientes de abuso, sus familias, así como organizaciones políticas y sociales, visibilizan la problemática. 

Ese reclamo también se hizo eco en Luján, donde unas 50 militantes de los movimientos feministas y autoconvocades concentraron en la calle San Martín y Humberto, para movilizar a los edificios del Juzgado de Paz y el Consejo Escolar, lugares en los que realizaron intervenciones y elaboraron un documento.

La movilización creció en volumen desde el año pasado y según las organizadoras se debe al protagonismo de la niñez en la agenda pública. Asegurar el bienestar de niños y niñas pasa en buena parte por el funcionamiento de las instituciones a las que fue dirigida la movida con especial énfasis en el poder judicial.

Caretas con rostros de jueces y pancartas dieron cuenta del reclamo. «Yo si te creo», «si no hay justicia hay escrache», «implementación de la ESI laica, científica y con perspectiva de géneros», «que la escuela sea un espacio seguro, con y sin perimetrales» fueron algunas de las consignas.

En el texto, señalaron que existe “una falta de políticas públicas integral que impiden la prevención y el abordaje del abuso sexual, como las infancias y sus familias protectoras lo necesitan”, y enumeraron otras falencias del Estado en cuanto al abordaje del abuso sexual infantil. 

En primer lugar contamos con una ley de Educación Sexual Integral -que podría ser una herramienta de gran relevancia para la prevención- pero que continúa sin ser implementada por los sucesivos gobiernos y el papel que juegan las iglesias en las decisiones políticas. Esto provoca que la responsabilidad se desposite únicamente en docentes y directivxs comprometides con la construcción de redes de militancia, para hacer frente a cada denuncia que se les presenta. 

También sucede que los organismos de coordinación, inspección y regulación en materia educativa (como lo es la jefatura distrital) elige apegarse solo a ciertas normas -las más patriarcales-, llegando a priorizar el vínculo de les niñes con progenitores denunciados, minimizando el relato de las personas que protegen (en su gran mayoría se trata de madres) y amenazándoles con «entregar» a les niñes cual paquetes, a los abusadores denunciados que se acercan a la escuela. Con este accionar exponen a las infancias y aterrorizan a todo el núcleo familiar en un espacio que debería ser seguro para les niñes.

Por otro lado, en materia de justicia a nivel local, también contamos con un enorme desamparo por parte de las fiscalías 9 y 10, que se niegan a tomar denuncias, archivan las causas y dilatan en el tiempo las pericias, sometiendo a una tortura encubierta a niñes y adolescentes. El disciplinamiento se descarga con fuerza sobre quienes acompañan las denuncias de abuso, que ya sufren la persecución y el hostigamiento constante por parte de los abusadores pero también por parte de funcionarios del poder judicial. Se invierte la carga de la prueba, y se coloca especialmentena las madres como principales acusadas en el proceso. El falso Síndrome de Alienación Parental, está presente en toda la ruta crítica de la denuncia. 

En el caso de Luján, contamos con un juzgado de paz a cargo del juez Alfredo Reyes, muy cuestionado por no garantizar el derecho a la protección de las infancias, negando medidas cautelares sistemáticamente, y ejerciendo una fuerte represión sobre las familias que protegen ante estos hechos aberrantes, desplegando gran violencia en cada una de las entrevistas que se ordenan desde el organismo de justicia.

Les niñes y sus familias no acceden a tratamientos de salud mental adecuados, no hay suficientes trabajadores que puedan atender la demanda y las primeras entrevistas con profesionales llegan varios meses después del relato de los hechos. La atención médica termina siendo privilegio de clase para quien puede costearlo en el sector privado. 

Por esta cadena de acciones, consideramos que hay una gran responsabilidad por parte del estado para que los miles de hechos que se denuncian terminen quedando totalmente impunes, con niveles muy bajos de condenas efectivas y con abusadores gozando de una libertad que les niñes y adolescentes tardan muchísimos años en recuperar. 

Nos pronunciamos también por la libertad a Nancy Montiel, una mujer de la ciudad vecina de General Rodríguez, presa por denunciar un abuso sexual grupal, y acusada de asesinar a uno de los abusadores de su hijo, sin ninguna prueba en su contra. ¡Abajo la criminalización de la justicia patriarcal!

Esta lucha es colectiva, y es importantísima la unidad de toda la comunidad para exigirle al estado que se cumpla y garantice de una vez, los derechos de las infancias a una vida totalmente libre de violencias. 

¡Basta de abuso sexual contra las infancias!

¡Implementación de la ESI YA!

¡Medidas cautelares para les niñes y sus madres protectoras!

¡Basta de revictimización estatal!

El estado es responsable.

 

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