Un ajuste sobre la formación de la clase obrera

Betania Oreja Cerruti
Betania Oreja Cerruti
Profesora adjunta de Política educacional en la Universidad Nacional de Luján y docente del Instituto Superior de Formación Docente N° 36 de la Provincia de Buenos Aires. Congresal de SUTEBA (seccional José C. Paz) por la lista Multicolor.

Las promesas de ajuste de Milei durante la campaña comenzaron a cumplirse desde el primer minuto de gobierno. Tanto el DNU como el proyecto de “ley ómnibus” dejan en claro que el ajuste recae, mayoritariamente, sobre la clase trabajadora y las instituciones del Estado, en la búsqueda por facilitar el pago de la deuda externa y alcanzar mayores niveles de ganancia para el capital.

El fuerte recorte fiscal signará el rumbo educativo: pérdida salarial para los trabajadores de la educación; desfinanciamiento de las instituciones educativas y una población escolar y universitaria empobrecida. Esto incidirá negativamente en las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, acentuando aún más las profundas desigualdades sociales y educativas existentes.

Desde los años ’90 para acá, alrededor del 75% de la inversión educativa es aportada por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 25% restante es responsabilidad del Estado nacional. Existen enormes desigualdades en la inversión de cada provincia pero si hay algo en común es que, en promedio, el 93% se dedica a salarios docentes. El ajuste que iniciaron las provincias y las promesas de interrupción de giro de fondos desde el Estado nacional implicarán, entonces, un fuerte ajuste sobre los salarios de los trabajadores de la educación, que ya vienen cayendo en los últimos seis años.

El Estado nacional complementa el salario docente, vía partidas específicas como el denominado “Incentivo docente”, y contribuye al financiamiento de la infraestructura escolar, el equipamiento (libros, conectividad, etc.) y la formación docente continua. Todo ello está puesto en duda en pos de la reducción del déficit planteada por el gobierno.

A su vez, el Estado nacional financia directamente a las universidades públicas y al sistema científico. El congelamiento del presupuesto 2023 supone una reducción real que se traduce en una fuerte caída de los salarios de docentes y no docentes, en becas estudiantiles, presupuesto para el desarrollo de proyectos de investigación y extensión y hasta de los gastos mínimos de funcionamiento de las universidades.

Pero, además, este ajuste no es un rayo en un cielo sereno: la pronunciada contracción del financiamiento educativo se hará sobre un presupuesto que viene estancado desde 2012, con algunas oscilaciones, y con una tendencia declinante desde 2018. Baste recordar que las metas de la Ley de Financiamiento Educativo, hasta 2010, nunca fueron renovadas y que el objetivo de dedicar a educación el 6% del PBI solo se cumplió en 2015.

Más allá de las reformas de la “ley ómnibus” para educación y del curso que tome su implementación, lo inmediato es un fuerte desfinanciamiento en la educación pública y el abaratamiento de los salarios, tanto de quienes se desempeñan hoy en el sistema educativo como de aquellos que en estos años se formarán de manera abaratada. Estudiantes formados a bajo precio son futuros trabajadores menos costosos. Esto no es solo favorable para los capitales que operan en el ámbito nacional sino para aquellos que, desde el exterior, home office mediante, contratan fuerza de trabajo argentina a un costo muy exiguo.

Con un gobierno decidido a extender al conjunto de la clase obrera argentina las condiciones que ya vienen padeciendo los trabajadores precarizados, el cercenamiento del derecho a huelga y el disciplinamiento de la protesta social forma parte del paquete de reformas. El establecimiento, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, de la educación como servicio esencial apunta a limitar al máximo la posibilidad de huelga, herramienta fundamental de los trabajadores para luchar por nuestro salario y condiciones laborales.

Un colectivo que no nos deja bien: la educación en el proyecto de ley ómnibus

Lo descripto implica el incremento de los déficits actuales en equipamiento e infraestructura escolar, la superpoblación de los cursos en las escuelas públicas por la migración de alumnos de escuelas privadas (que ya no podrán afrontar el pago de las cuotas o que quiebran) y la profundización del papel asistencial de las escuelas públicas volcadas a afrontar necesidades básicas alimentarias y a la contención del conflicto social, al recibir a población que verá deterioradas aún más sus condiciones de vida.

Frente a este panorama, el proyecto de “ley ómnibus” pretende avanzar hacia la flexibilización de la formación y la reducción de costos. Allí apunta la educación a distancia como modalidad posible desde cuarto grado de primaria; la posibilidad de que las bibliotecas sean digitales antes que físicas, eliminando el envío de libros a las escuelas; la posibilidad de que las cooperadoras escolares reciban donaciones de particulares, empresas y organizaciones (algo permitido por la legislación vigente) pero ahora autorizando a publicitarlas, lo cual implica fomentar el financiamiento privado legitimando y reforzando el desfinanciamiento estatal.

Otra parte central de los cambios apunta a la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, haciendo públicos los resultados de las escuelas y agregando un examen al finalizar el secundario. Además se postula la evaluación del desempeño de los docentes, al incorporarse por primera vez como requisito para el ascenso en la carrera profesional, y cada cinco años revalidar capacidades y conocimientos. Para las universidades públicas se sostiene que el reparto de recursos será según la evaluación de metas preestablecidas, número de estudiantes y egresados, tipos de carreras y áreas de formación.

El uso de la evaluación como herramienta para la mejora puede despertar expectativas en parte de la población. Sin embargo, por mucho que se evalúe, no hay manera de que la enseñanza y los aprendizajes mejoren con aulas superpobladas, docentes sobrecargados y empobrecidos, alumnos aún más empobrecidos e instituciones estalladas de conflicto. Como hemos desarrollado más extensamente aquí, lejos de resolver las fuertes desigualdades existentes, los mecanismos de evaluación y los cambios planteados las agudizarán.

Frente a este ataque, se vuelve imperioso que todos aquellos preocupados por la educación de nuestra clase nos organicemos para luchar contra el ajuste del gobierno que, como se ve claramente, recae principalmente en quienes vivimos de nuestro salario y en las instituciones del Estado. Somos los propios estudiantes, familias y docentes quienes debemos hacer un balance crítico de la situación de la educación en nuestro país y de las condiciones que nos llevaron a salidas individuales que solo contribuyen a la diferenciación social. Desde allí, es necesario organizarnos para luchar por una educación pública que nos dé, como clase obrera, las mejores herramientas para nuestra emancipación.

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Betania Oreja Cerruti
Profesora adjunta de Política educacional en la Universidad Nacional de Luján y docente del Instituto Superior de Formación Docente N° 36 de la Provincia de Buenos Aires. Congresal de SUTEBA (seccional José C. Paz) por la lista Multicolor.

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