El Araucariagate no se toma vacaciones. La cautelar que presentaron familias afectadas por la termoeléctrica ilegal fue rechazada en Mercedes pero apelada en la Cámara de San Martín. Este Tribunal requirió información sobre la habilitación municipal e incorporó nuevos elementos probatorios al expediente.

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín pidió un informe al intendente para que responda en qué estado están las habilitaciones municipales respectivas a la central termoeléctrica de Araucaria Energy que se construyó de modo ilegal en Luján y hoy se encuentra en funcionamiento según demostraron los vecinos y tal como se desprende de las informaciones a los accionistas de la empresa que envían desde Argentina.

Por otro lado se aceptó el ingreso de nuevas denuncias que constan de videos de la termoeléctrica en funcionamiento y pruebas documentales como los decretos que levantaron la paralización de obra por decisión de Oscar Luciani y confirmado a través de los expedientes municipales, los cuales estuvieron ocultos durante meses. Por este motivo dichos elementos no habían ingresado en primera presentación que realizaron los vecinos en Mercedes. Aquella  acción a su vez había sido rechazada en los tribunales mercedinos por lo que el colectivo de vecinos y vecinas recurrieron a la Cámara de San Martín.

En este contexto, existe un leve cambio en la recepción de la documentación que aceptó el Poder Judicial ya que en los casos de las central termoeléctricas de Pilar no había dado lugar al tema. Con este panorama ahora la obligación recae en Oscar Luciani que debe enviar los informes a principios de febrero para que la Cámara se expida ante el Amparo que presentaron las familias de Luján

“En ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 36, Inc. 2° del CPCC y  en atención a  las  particularidades del caso, el tribunal resuelve como medida para mejor proveer: requerir a la Municipalidad de Luján que informe a este Tribunal, dentro del plazo de 10 días, si está en  trámite ante dicho  municipio  el pedido  de  habilitación de la Central Térmica Luján II, perteneciente  a ARAUCARIA ENERGY S.A. y, en su caso, en qué estado se encuentra”, expresa el Tribunal de la Cámara Federal de San Martin.

A mediados de año la Organización de Ambientalistas Autoconvocados fue la que presentó una “Acción preventiva de daño ambiental” como medida cautelar. Allí expusieron: “A fin de que la empresa demandada cese en forma inmediata las obras de construcción y/o actividad de generación de energía de esa central termoeléctrica  hasta tanto se diseñe un sistema sustentable de generación de energía eléctrica y/o se modifique la localización de la usina termoeléctrica trasladándose la misma a una zona APTA para este tipo de emprendimientos. Se cumpla con el Orden Público Ambiental y con la totalidad de la normativa vigente en la materia, local y/o provincial y/o nacional exigible para los procedimientos administrativos ambientales”.

Además pidieron que “conforme las amplias facultades instructorias y ordenatorias en la materia que posee el Sr. Juez, y por las razones fácticas y jurídicas que se acreditarán, en razón de la ilegalidad de la instalación de la termoeléctrica por el lugar o zona elegida para su emplazamiento, y siendo ello imprescindible a fin de evitar un futuro daño ambiental y evitar el agravamiento del daño ya causado, específicamente solicitamos ordene a la demandada y a las autoridades intervinientes en todo el proceso de licitación de obra y/o autorización de la misma, la relocalización de la instalación de la Central Termoeléctrica en una zona apta para tal fin solicitamos al Sr. Juez resuelva iniciar con la fase abandono que todo proceso de Evaluación de Impacto Ambiental debe prever, ordenándose el desmontaje de los grupos turbogeneradores y toda su instalación complementaria, restaurando el área afectada a su estado original.

Finalmente agregaron que en caso de ser necesario para cumplir con el objeto de esta acción preventiva de daño ambiental, se declare inaplicable y/o inconstitucional cualquier norma nacional, provincial, y/o municipal, y/o acto administrativo particular y/o general que violente los principios de orden público que rigen en materia de derecho ambiental establecidos en la ley 25.675. En el capítulo pertinente se especificarán las que las normas atacadas por la presente acción.

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