Adriana se sumergió en libros de Derecho desde que su hijo fue detenido. Como familiar sufrió su ausencia y un mar de incógnitas. Ahora, asesora y acompaña a familiares de detenidos, sobre todo en ese primer momento donde todo es angustia.
Un abrazo, una charla y luego empieza la dinámica de conocer cada caso y arrimar algunas respuestas que encontró en su propia trayectoria y como conocedora de la rutina de penales y juzgados. Hace poco menos de un mes, charlando con Agustina Torres y Andrea Tessey del Movimiento Evita surgió la propuesta de abrir un espacio de consultas y contención que actualmente funciona dos veces por semana.
“Cuando voy a algún juzgado me dicen: pase doctora”, comparte una anécdota risueña en medio del dolor que se vive cuando un familiar cae detenido. Conocer qué derechos asisten a una persona privada de su libertad y cómo ejercer el reclamo por la vía judicial es clave para Adriana.
Le llevó un tiempo aprenderlo y ahora lo transmite. Los consejos pasan por qué alimentos se pueden llevar a un penal o comisaría, cómo se pide un traslado, cómo se insiste para que el derecho a la salud sea garantizado o cómo se da la relación con un defensor oficial.
“La gente viene con miedo, con muchas preguntas. Es un monstruo cuando te pasa pero tenés que afrontarlo y quizás podemos dar una mano. Yo soy una mamá que lucha”, comenta Adriana.
Agustina Torres la acompaña en este proceso reciente que están iniciando y asegura que no quieren generar falsas expectativas. “La idea del espacio es poder contener y cuidar a la compañera también porque las demandas son muchas y estamos recién comenzando con esta experiencia”, explica Torres.
Según un documento de la Comisión Provincial por la Memoria, el sistema carcelario de la República Argentina constituye, al día de hoy, el principal ámbito de aplicación de tormentos y violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. Con una población carcelaria total cercana a las 100.000 personas, Argentina se ubica por encima del promedio mundial en cuanto a la cantidad de personas privadas de libertad
En el mismo informe, aseguran que el actual estado se fue configurando por la orientación, sostenida durante más de dos décadas, de una política de seguridad y de persecución penal basada en el encarcelamiento selectivo: la captación de los sectores pobres que forman parte de las cadenas más débiles del delito.
La gran mayoría no puede pagar un abogado que garantice una defensa ajustada a derecho y, según Adriana, no sobran buenos defensores oficiales en el sistema judicial.
“Antes de empezar a estudiar, a leer mucho y hacer consultas, lo que me pasaba es que dependía totalmente del defensor oficial y a veces no se mueven, es una realidad. Ahora, si conoces un poco sabes qué y cómo pedirle. Yo soy la que hace trabajar a los defensores oficiales”.
Inauguración Centro Cultural Carlitos Fernández en septiembre del 2021, donde funciona el espacio de asesoramiento y contención a familiares de personas detenidas.En la experiencia de Adriana aparece una conclusión sobre el derecho: hay mucho por leer pero más por hacer cumplir. En sus lecturas descubrió que las personas privadas de su libertad tienen derechos que no pueden ejercer y pasan por situaciones que no deberían darse como violencia, vejámenes y apremios ilegales.
Aun con viento en contra, Adriana descubrió que la insistencia y una pluma afinada pueden lograr que las cosas sean un poco menos fuleras. La situación se repite con familiares, aunque es más difuso el terreno de los derechos que les asisten.
En medio del dolor y las ausencias, las familias de detenidos suelen llevarle todo lo que pueden. Según comenta Adriana, se necesita papel higiénico, alimentos, ropa, entre otras. Muchas veces sucede que en la requisa queda buena parte de los mandados y nunca llega a la gente que cumple condena o espera un juicio.
A veces son cosas pequeñas y otras se trata de grandes noticias. Poco antes de la publicación de esta nota Adriana redactó un pedido para un traslado de un detenido a otro penal y también recibió agradecimientos porque familiares pudieron hacerle llegar alimentos y ropa a sus familiares que cumplen condena.
El espacio de asesoramiento y contención a familiares de personas detenidas funciona los lunes y los viernes de 9:00 a 12:00 en el Centro Cultural Carlitos Fernández (Almirante Brow 429). Para consultas se puede recurrir al teléfono 2323 60-2622.
