Foto: Victoria Nordenstahl

Se firmaron nuevos convenios para la construcción de viviendas para relocalización de familias inundadas. Desde la Comisión de Control y Seguimiento evaluaron que e “un motor para seguir sembrando esperanza, trabajo y dignidad”.

Santa Tarda, capitulo sin fin. La obra que inició en 2016 apenas llegó a concretar, con muchas idas y vueltas, dos etapas. En el terreno del barrio Santa Marta hay solo 60 viviendas de las 202 prometidas.

A poco de iniciarse la tercera etapa a comienzos de este año, la obra se suspendió y se reactivó cada mes. La empresa constructora buscó renegociar los acuerdos con el municipio para actualizar partidas y la Comisión de Control y Seguimiento peleó ante funcionarios locales, provinciales y nacionales para que la obra no se detenga de forma definitiva.

En el marco de las idas y vueltas de funcionarios de las distintas órbitas, surgió la posibilidad de nuevos  convenios entre la Secretaría de Vivienda (Ministerio del Interior) y el Instituto Provincial de la Vivienda que se aprobaron esta semana.

Los nuevos convenios obligan a la Secretaría a desembolsar 77.567.100,95 pesos para que el Instituto Provincial de la Vivienda ejecute 42 viviendas por un lado, y otro monto idéntico para una segunda etapa también de 42 viviendas.

La Comisión de Control y Seguimiento integrada por familias afectadas por la inundación y profesionales de la Universidad Nacional de Luján, saludaron la firma del convenio con expectativa. «Han sido y son aún tiempos difíciles. Ojalá esta firma del convenio sea un motor para seguir sembrando esperanza, trabajo y dignidad» señalaron.

En plena etapa de transición para el gobierno de Cambiemos, en los tres estamentos deberán moverse para que en el barrio Santa Marta la obra se retome. El convenio firmado fija 30 días de plazo para que comience la obra, de lo contrario quedará sin efecto lo suscrito en el documento.

La Comisión mantendrá reuniones con el intendente Oscar Luciani. Por abajo empujarán a la actual gestión hasta el último día de mandato para activar la construcción de las viviendas y hacer que la lucha por la relocalización de las 202 familias asignadas de sus frutos.

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