SUTEPA denunció el despido de un trabajador en PAMI Luján

Desde el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA) denunciaron el despido de un trabajador precarizado, al que según señalaron no le renovaron el contrato por decisión de la Dirección Ejecutiva Local.

En ese sentido, sostuvieron que «siguen sumándose despidos a la lista inaugurada al comienzo de la gestión donde se incluyen trabajadoras y trabajadores de planta sin cargos y contratados, es decir la parte más débil de la cadena laboral, al mismo tiempo se brinda protección a exfuncionarias y funcionarios de alto rango del macrismo y se producen cientos de nuevos ingresos a la planta de Pami con el objetivo de hacer política para la organización que la conduce».

En el caso del trabajador de PAMI Luján manifestaron que «fue excluido de las renovaciones de contratos por parte de la Dirección Ejecutiva Local por el solo hecho de haber iniciado la relación laboral en 2016, contrariamente permite la continuidad del funcionario a cargo de la coordinación médica que ingresó con la gestión pasada, en una clara muestra de utilización de la política como selección de personal».

El trabajador despedido es paciente de riesgo por tener una enfermedad prevalente, lo que
motivó que desarrollara sus tareas de forma remota, y es integrante la comisión local de
SUTEPA.

«En lugar de respetar el rol de las y los trabajadores, considerar su experiencia en
gerontología y la carrera administrativa, se los destrata y se apela continuamente a que la
gestión vino a refundar la obra social», expresaron desde el gremio. Además, condenaron «los despidos sin causa y más aún los despidos de trabajadores contratados en fraude a la ley laboral como el ocurrido en PAMI Luján».

«Defendemos lo que somos: trabajadoras y trabajadores orgullosos de ser parte de una institución que atravesó muchas tormentas y que una vez más vamos a cuidar para que no que sea devastada», agregaron.

En cuanto a los juicios laborales iniciados por el despido de trabajadores, desde SUTEPA plantearon que «sería justo que sean los funcionarios de Luján quienes respondan con su patrimonio afrontando las consecuencias por las decisiones que adoptan y no los terminen pagando los jubilados, ya que el impacto de esas acciones en el patrimonio de la obra social seguirán degradando la calidad prestacional médica y social en la región».

Por último, expresaron su preocupación sobre el estado en el que se encuentra el Instituto por destrucción de prestaciones y disminución de la atención a las y los afiliados, y remarcaron que es «consecuencia de la dirección de funcionarios y funcionarias de escasa capacidad de gestión y poca sensibilidad, que solo piensan en su proyecto político electoral dentro de la organización política a la que pertenecen».