La Justicia bonaerense le puso un freno al avance punitivista sobre las juventudes al suspender, de manera preventiva, la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La medida, dictaminada el martes, rige por un plazo de 60 días y paraliza la aplicación de la Ley 27.801, la polémica normativa que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad.
La resolución fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. En su dictamen, la magistrada sentenció que el Estado no puede ampliar el universo de adolescentes sometidos al sistema penal sin crear previamente las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir con los estándares constitucionales y convencionales.
Según detalla el fallo, el nuevo esquema generaría un aumento considerable de jóvenes privados de su libertad al incorporar abruptamente la franja de los 14 y 15 años al sistema punitivo. La provincia no cuenta hoy con la infraestructura especializada suficiente para evitar una vulneración grave de los derechos de esos menores.
Este freno judicial es el resultado del trabajo que viene realizando la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, la propuesta de la Iglesia Católica para acompañar a personas que padecen el consumo problemático de sustancias y la entidad que presentó un hábeas corpus preventivo colectivo, con el patrocinio letrado de la doctora Patricia Liguori, en favor de los adolescentes privados de la libertad. A través de esta acción, la organización expuso la grave amenaza que representa para los sectores más vulnerables la decisión de criminalizar y encerrar a los pibes sin que el Estado garantice sus derechos fundamentales.
Desde los espacios territoriales de la organización remarcaron la importancia de priorizar la presencia comunitaria por sobre el encierro: «A los pibes no se los salva con más paredes ni con castigos, se los abraza con educación, con trabajo, con comedores y con oportunidades reales en los barrios que el Estado insiste en abandonar», expresaron referentes sociales tras conocerse la medida judicial.
Desde las redes pastorales que acompañan a las juventudes en los barrios señalaron: «Hacinar pibes en estas condiciones es fabricar más violencia a futuro. El Estado tiene que entender que las respuestas punitivas solo profundizan el dolor y rompen los lazos comunitarios que tratamos de sostener todos los días en cada rincón».
El colapso del sistema de encierro que denuncian las organizaciones sociales está respaldado por la propia Justicia. En la resolución, la jueza Pascual reconoció que en el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora ya se había tenido que limitar el cupo a un máximo de 60 adolescentes porque las instalaciones no cumplían con los estándares mínimos, restando aún garantizar mejoras básicas para el acceso real a la educación y a la formación laboral.
Para exigir respuestas ante este escenario, el tribunal convocó a una audiencia multipropósito para el 16 de septiembre a las 10:00. En esa mesa, los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial deberán explicar qué medidas están planificadas para adecuar el sistema. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad, el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNYA) y el Ministerio de Justicia de la Provincia deberán acatar estrictamente la suspensión dispuesta.
Frente a esta victoria transitoria, la respuesta de la derecha política no tardó en llegar. La senadora libertaria Patricia Bullrich repudió el fallo, tildó de «garantista» a la Justicia provincial y responsabilizó al gobernador Axel Kicillof. Con un discurso centrado en el endurecimiento de las penas, la exministra de Seguridad optó por ignorar por completo la falta de condiciones humanitarias y la vulneración sistemática de derechos que denunciaron los Hogares de Cristo en los tribunales.
