La obra para relocalizar a 202 familias inundadas en Santa Marta se retrasó en la etapa II y desde el gobierno suman nuevas irregularidades. Las familias reclamaron en Tierras mayor transparencia y exigieron a funcionarios que cumplan sus promesas.

El eterno plan de viviendas para inundados continúa dilatando los plazos. El proyecto de 202 viviendas lleva entregadas 30 casas y en el marco de la etapa II prometieron entregar a fin de septiembre otras 30. Sin embargo apenas llevan 15 construidas y hasta el momento no se publicó el listado de posibles beneficiarios ni los criterios de selección.

Pero, desde la Dirección de Tierras enviaron invitaciones personalizadas a varias familias del registro de posibles beneficiarios realizado por el Municipio de Luján y el Instituto Provincial de la Vivienda en 2015.

La metodología que debieran seguir desde Políticas Sociales tal como se realizó con la entrega de las primeras 30 es seleccionar a los próximos beneficiarios, hacer público el registro y dar margen de tiempo para la presentación de objeciones si las hubiera y finalmente enviar al Consejo Deliberante para su aprobación.

Desde la Comisión de Control y Seguimiento de las obras salieron a desmentir al gobierno. En un escueto comunicado informaron que “faltando tan poco para la fecha de la supuesta entrega, recién están terminadas 15 viviendas, es decir solo la mitad de estas primeras viviendas. Con este ritmo de trabajo no se cumplirá con esa primera promesa”.

Además hicieron hincapié en que “la transparencia del proceso, se opaca. Lo único que queda claro de todo este proceso es el desinterés y la desidia. A las familias de Luján ya no nos inunda el río. Nos inundan de promesas”.

Carlos Romero, subsecretario de Políticas Sociales y Silvia Comand, Directora de Tierras Vivienda. Foto: Victoria Nordenstahl

De todos modos las familias que fueron citadas por la directora de Tierras, la Dra. Silvia Ángeles Esther Comand, asistieron a la hora convocada y exigieron conocer el listado completo y los criterios de selección de familias beneficiarias.

Comand, acompañada del subsecretario de Políticas Sociales, Carlos Romero, explicó que la citación a las familias tenía que ver con resolver dudas puntuales. “Se va a respetar el criterio que acordamos que es que el primero que se inunda es el primero que se va” dijo la funcionaria.

Romero enfatizó que “hicimos convalidar el censo por el Concejo Deliberante para que nadie meta a nadie por la ventana y se respeten los criterios” y aseguró que están evacuando dudas con varias familias censadas y que van a respetar la metodología acordada pero que no depende de su área asegurar el cumplimiento de los plazos de entrega de las viviendas.

Los vecinos le recordaron que de 2015 a esta parte se incumplieron los plazos y cambiaron las condiciones de los vecinos pero siguen padeciendo las inundaciones y del otro lado prometieron revisar algunos casos puntuales aunque enfatizaron que algunos criterios los imponen desde el Instituto Provincial de la Vivienda, por ejemplo la condición de entregar tierras a cambio de recibir las casas.

Algunas familias desocuparon los lotes y se encuentran alquilando por lo que no tienen la parcela en la que fueron censadas para poder entregarle al Estado. Éstos casos y la revisión de las fechas de entrega de las viviendas serán discutidos entre funcionarios locales y provinciales junto a las familias inundadas en las próximas semanas.

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