Foto: Victoria Nordenstahl

La Comisión de vecinos y vecinas que empuja el proyecto de relocalización de inundados en el barrio Santa Marta volvió a exigir que se regularice la obra bautizada por Vidal. Irregularidades, demoras y abandono por parte de la gestión Cambiemos.

Los capítulos interminables en la obra para relocalizar a 202 familias inundadas en el predio del barrio Santa Marta se encuentran agotados en el tire y afloje con el Estado tras cuatro años de la firma del Consorcio Urbanístico.

Desde hace meses la obra está suspendida y en el predio contrastan las realidades de quienes pudieron relocalizarse, quienes esperan salir del agua y otra tanda de viviendas a medio construir y en estado de abandono.

Tras la entrega de las primeras 30 viviendas en 2016, que contó con acto de inauguración por parte de gobernadora Maria Eugenia Vidal y su promesa con plazos ya incumplidos, todo comenzó a complicarse. A tal punto que a lo largo de estos años se renovaron acuerdos y convenios entre el municipio, la gobernación provincial y varias secretarías de Nación y siempre con incumplimentos y dilaciones que a duras penas sirvieron para finalizar una segunda etapa de 26 viviendas con algunas falencias.

En medio, también se renovó la Comisión Mixta de Control y Seguimiento del Proceso de Relocalizaciones aunque siempre con el mismo compromiso de acompañar el reclamo vecinal y tensionar a funcionarios para que activen la obra.

La actual situación se enmarca en la “permanente incertidumbre” marcó Juana Erramuspe, integrante de la Comisión, respecto a las familias que esperan salir del agua, y los obreros que no sabrán cuanto y cuando cobrarán.

“Tanta precariedad de derechos. El tema de la vivienda es un derecho esencial básico y parece que hay que repetir que la gente está reclamando lo que le corresponde. Nosotros queremos discutir esa mirada prejuiciosa que aparece cuando se escucha ‘demasiado lo que se está haciendo’. La especulación inmobiliaria no deja alternativas y el Estado tiene que garantizar el derecho para quienes no pueden acceder. Venimos a rescatar esa idea” amplió Erramuspe durante la última sesión del Concejo Deliberante.

Por eso, volvieron a exigir que la obra se regularice. Solicitaron al Concejo Deliberante y al Departamento Ejecutivo que concreten un nuevo convenio con la Cooperativa Santa Marta que sostiene por estas horas a 13 trabajadores en el predio e intenta negociar la actualización de fondos para dar cumplimiento a la construcción de la tercera etapa de 58 viviendas y posteriormente una tercera de 88.

Tras la exposición de este lunes, el reclamo continuará por las oficinas del municipio en los próximos días y si fuera necesario “acudir a organismos de Derechos Humanos para que se cumplan los compromisos”.

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