Desde la Comisión de Urbanismo del Concejo Deliberante solicitaron información en catastro para conocer datos sobre partidas inmobiliarias, terrenos fiscales y barrios cerrados desde 1983 a la fecha.

El conocimiento es poder, aseguran entendidos en asuntos de la política. En materia de datos duros poco se conoce y menos aún se ha sistematizado en el partido de Luján sobre el reparto de la tierra en el distrito.

El desarrollo de políticas públicas que mejoren acceso a la tierra y la vivienda para los y las lujanenses es todavía incipiente. Las escasas herramientas sancionadas en la legislatura local, como el banco de tierras aprobado en diciembre de 2014, no fueron aplicadas por la gestión Luciani.

Ahora, un pedido realizado desde la Comisión de Urbanismo que preside el edil de Unidad por Luján Nicolás Capelli, pone el acento en el acceso a la información disponible sobre las propiedades.

¿Quiénes son los grandes propietarios? ¿Existen terrenos fiscales? ¿Cuantos barrios cerrados hay y cuantos están en proceso de construcción?. Parte de las respuestas solo las conocen en la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y no es accesible al común de los vecinos y en muchos casos ni siquiera a los legisladores locales.

“Queremos conocer el recorrido de grandes macizos de tierras históricos de nuestro partido y trabajar para generar base de datos con la información para implementar el Banco de Tierras junto a nuevos instrumentos y propuestas de políticas públicas en las que estamos trabajando” comentó el concejal peronista.

Junto a sus pares en la Comisión emitieron un proyecto de comunicación al Departamento Ejecutivo para solicitar información sobre partidas inmobiliarias, terrenos fiscales y barrios cerrados en el Partido de Luján, con sus modificaciones entre los años 1983 y 2018. A su vez, extendieron la solicitud a la Directora Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, la arquitecta Ana Fehrmann.

El pedido fue realizado los primeros días de este mes a la Presidencia del Concejo Deliberante, y se suma a gran cantidad de comunicaciones y pedidos que desde el ámbito legislativo se dirigen hacia el ejecutivo y que por ahora acumulan más silencios que respuestas.

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