Por medio de una resolución, el bloque de concejales de Fuerza Patria presentó y aprobó un repudio a las expresiones crecientes violencia de géneros, y señaló sus consecuencias desgarradoras que en un lapso de cinco días cobró nueve víctimas.
Fueron mencionadas en el expediente Adriana Miriam Velázquez y su hija Mariana Belén Bustos en Bahía Blanca; Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio en Córdoba y el secuestro de un niño de cinco años; Milagros Bastos en la ciudad de Córdoba; Daiana Mendieta, cuyo cuerpo fue hallado en un aljibe en Entre Ríos; Sabina Silva, bombera asesinada en Río Negro; Gabriela Barrios, hallada sin vida dentro de un pozo en
Avía Terai, provincia del Chaco; Irene Medina, enfermera asesinada en Misiones; y Ana Mabel Rodríguez, asesinada frente a sus hijos en Virrey del Pino.
Estos hechos se suman al triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, ocurrido en la provincia de Buenos Aires, donde las tres jóvenes fueron halladas con signos de tortura, configurando un crimen de extrema brutalidad que profundizó la conmoción social y evidenció el recrudecimiento de la violencia de género en el país.
«Este es el país que La Libertad Avanza sostiene con sus expresiones y sus políticas», señaló la concejala Agustina Torres. Antes, Eva Rey y Romina Grossi repasaron las vinculaciones entre los discursos de odio en la propia voz del presidente y sus ministros y las consecuencias físicas concretas. También desarmaron el argumento de la supuesta violencia ejercida por mujeres hacia varones que sostienen las usinas libertarias.
Entre otros datos, remarcaron que el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” informó que entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025 se registraron 181 víctimas de femicidio en el país, lo que equivale a un crimen de estas características cada 36 horas.
Otro de los puntos que formaron parte de la resolución y el debate en el Concejo Deliberante pasó por instar al Poder Ejecutivo a desistir de toda iniciativa de suprimir la figura de femicidio como asimismo a restituir todas las políticas públicas y programas destinados a la protección y asistencia a víctimas de violencias de género, garantizando una asignación presupuestaria eficiente para su plena implementación.
El repudio presentado se aprobó con los votos del oficialismo local, expresando la preocupación por la avanzada machista, manifestando las condolencias con
familiares y seres queridos de las víctimas y postulando que el negacionismo de la violencia
de género y las políticas de desmantelamiento institucional implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional son inconstitucionales y contrarias a los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina.
