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Luján
30 septiembre 2022

«¿Quién puede sostener un año de trabajo sin cobrar?»

Gabriela Martí, abogada especializada en la defensa de personas con discapacidad, fue consultada por Radio Minga sobre el escenario actual en donde se montan protestas ante el atraso en el pago a profesionales por parte de las prestadoras de salud y los giros que debe realizar el Estado.  

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En medio de las protestas por retrasos en los pagos a prestadores de salud por parte de las Obras Sociales y el Estado, «Memorias en Tránsito» de Radio Minga convocó a Gabriela Martí, abogada especializada en la defensa de personas con discapacidad para conocer cómo funciona el sistema de pagos a profesionales.

La abogada remarcó que unos de los principales problemas es que las Obras Sociales y prepagas no informan adecuadamente todos los derechos que cuentan con las personas con discapacidad. «Por ley se creó un fondo solidario de distribución, esto quiere decir que las Obras Sociales deben cubrir una serie de gastos que demandan las personas con discapacidad y luego el Estado los cubre a través del llamado Mecanismo de Integración», explicó Martí.

La especialista señaló que muchas veces el mecanismo se da a la inversa por decisión de las Obras Sociales y las demoras del Estado al compensar los gastos. «Este último tiempo los retrasos a los prestadores se han profundizado hasta alcanzar los 10 meses», comentó.

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En este marco, muchos y muchas profesionales han dejado de trabajar para las obras sociales por no poder solventar tanta demora, mientras en otros casos son las propias familias las que cubren la demora si su economía lo permite.

Algunas de las prestaciones más comunes son la asistencia psicológica, psiquiátrica, acompañamiento terapéutico, psicopedagogía, etcétera. Algunas Obras Sociales como IOMA acumulan atrasos de un año. «¿Quien puede sostener un año de trabajo sin cobrar?», preguntó Martí al aire de Radio Minga.

La particularidad que se da en este escenario es la dificultad de realizar presentaciones judiciales, ya que las Obras Sociales en mayor medida no niegan la prestación a sus afiliados (lo que habilitaría un recurso de amparo) sino que acceden, pero no pagan a los y las prestadoras hasta que reciben los fondos del Estado que cada vez está más demorado.

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Martí repasó algunas de las leyes que no se cumplen y que según su posición debieran reclamar las Obras Sociales. Además, se refirió a la vieja ley de las personas con discapacidad que data de la dictadura militar, y los nuevos paradigmas sobre la temática y la necesidad de debatir una mejor integración desde la sociedad.

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