Jeremías Rodríguez, dirigente de la Coalición Cívica ARI, impulsó un nuevo acceso a la información pública que envió y firmó la diputada Campagnoli para conocer la situación sobre el consorcio del Santa Marta destinado a familias inundadas. La presentación apunta a las posibles irregularidades del proceso.

Con un pedido de acceso a la información pública que envió la diputada nacional Marcela Campagnoli al Instituto de la Vivienda, el consorcio urbanístico del Barrio Santa Marta vuelve al centro de la escena por sus irregularidades y demoras. El plan de viviendas que se generó para las familias inundadas fue donde puso el ojo Jeremías Rodriguez, abogado y parte de la Coalición Cívica ARI, quien originó el pedido realizado por la legisladora de su espacio. El punto problemático central al que apuntan es a la titularidad de los terrenos donde se ejecuta el proyecto y a los negocios que podrían haber existido con inmobiliarias y/o funcionarios.

El plan habitacional data de 2015 y tuvo recurrentes demoras de todo tipo, algo que generó cambios en los tiempos de entrega. Según el municipio, para marzo de este año se entregarían las 58 casas restantes para completar la entrega de las  88 viviendas de la segunda segunda etapa. Dicho plazo fue corrido varias veces, en unos idas y vueltas entre el municipio y el Instituto de la Vivienda que no hace más que complicar a las familias afectadas.

“En el fondo queremos saber si lo que hay es una una utilización de los inundados, de los necesitados, para enmascarar lo que es un negocio inmobiliario de los privados. Se salvó un lugar que se iba a rematar, se hicieron calles y una planta depuradora… y ahora hay lotes que se vendieron en forma privada”, expresó Rodriguez.

Con más datos en su carpeta, el  abogado detalló en clave interrogatoria: “En el informe de dominio es donde sigue figurando que los dueños son privados. También queremos que  ellos contesten si Francisco Passini está presentando como abogado de los propietarios de ese lote. Sabemos que es incompatible lo que se hizo, pero debe haber una respuesta oficial. Esto está lleno de irregularidades porque se inició en 2015 con un lote que estaba embargado e hipotecado, con dueños fallecidos, sucesores sin terminar y sucesores inhibidos”.

Asimismo, añadió: “En base a eso no se podría haber realizado nunca el consorcio urbanístico de los privados con la municipalidad. Por otro lado, resta conocer qué pasó con las 216 parcelas que iba a ser para un plan PROCREAR o un plan de vivienda única. Sobre esas parcelas nunca se dijo nada, se escondieron y nada se sabe. ¿Hay abogados y martilleros que estuvieron involucrados, donde algunos ya han dado de baja la matricula?”, se preguntó.

Por este motivo, Marcela Campagnoli -diputada de la Coalición Cívica ARI- envió un pedido de acceso a la información pública donde requiere diversos datos sobre el procedimiento y el accionar municipal.

Allí pide: “Se me informe cuántas viviendas se proyecta construir, plazos, obras a realizar, fecha de inicio del proyecto, ejecución y finalización. Además, la nomenclatura catastral; Matricula y Partida inmobiliaria del inmueble donde se están llevando a cabo la construcción de dichas viviendas. Los nombres de los Propietarios; y estado de los planos de subdivisión. Y toda medida judicial que pese sobre este o sus titulares. Informe cuantas casas se encuentran finalizadas, en que fechas fueron entregadas y cuentas familias se encuentran habitando las mismas y condiciones de habitabilidad de las mismas. Asimismo, la persona a cargo del proyecto a nivel municipal; de haber un convenio con el municipio, me remita copia. Si se ha enviado partidas de dinero al municipio en cuestión; en qué fechas y montos. Por último, requieren saber qué empresa se ha contratado para la construcción de las viviendas”.

En 2018, El Civismo publicó un informe donde señaló, entre otros datos, que “tres de las personas que aparecen como propietarias del inmueble se encontraban en sucesión al momento de firmar el acuerdo. Dos de ellas -Claudio Alberto Bianchi y Silvana Andrea Bianchi- como herederas de los fallecidos Orlando Bianchi y Olda Rodríguez de Bianchi. Una tercera -Claudia Patricia Maccarrone- en calidad de sucesora de Ricardo Carlos Maccarrone. En el caso de los Bianchi, el estado de avance del trámite sucesorio les permitía acreditar su condición de sucesores (así figura incluso en el convenio). Sin embargo, la falta de inscripción de la declaratoria de herederos (un paso dentro del proceso sucesorio) les negaba su condición de propietarios. En palabras más claras, la no cumplimentación de ese paso impedía a cualquier heredero transmitir bienes recibidos de la sucesión. La autorización para la inscripción de la declaratoria de herederos llegó recién hacia mediados del año pasado, es decir, dos años después del acuerdo convalidado con la Municipalidad”.

Ahora, la vía política será el camino a seguir. Como complemento, el representante local de la Coalición Cívica ARI agregó que “además, las condiciones en las que están hechas las casas son irregulares, de mínima. Eran 202, van 60 en casi cuatro años. Habían prometido que las hacían en un año y, ojo, que podría caer una medida cautelar y las casas pueden terminar en un juicio donde se pierda todo. Por eso queremos que la municipalidad escriture y diga qué pasó con las 216 parcelas para el PROCREAR”, concluyó.

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