Foto: Agustín Bordignon

La semana pasada comenzó un conflicto entre URGARA y la empresa Argensun por la representación de los trabajadores ante la pasividad de UATRE. Sin embargo el conflicto se remonta casi una década atrás frente a una patronal que se caracteriza por no respetar los derechos laborales.

La semana pasada volvieron los conflictos a la empresa que lidera la producción primaria, el proceso industrial y la exportación de granos con una medida de fuerza encabezada por Unión de Recibidores de Granos y Anexos (URGARA). Los trabajadores de Argensun cansados de las acciones patronales y la pasividad del gremio de la UATRE decidieron convocar al gremio URGARA para que los represente y encuadrarse bajo su convenio colectivo de trabajo.

Sin embargo, el conflicto en Argensun no es nuevo y no llama la atención. La empresa recibidora de granos tiene una larga tradición de explotación y de funcionamiento por fuera de la ley. Mario Fernando Díaz Colodrero, fue abogado del Banco Nación durante el gobierno de Frondizi. En la dictadura del general Onganía fue Secretario de Gobierno entre 1966 y 1970. Luego participó del Ateneo de la República, una agrupación de ultraderecha argentina la cual le facilitó estrechos vínculos con la última y más sangrienta dictadura militar en 1976, especialmente con la Intervención en la provincia de Salta.

Los Díaz Colodrero crearon una sociedad comercial en Salta en el año 1978 llamada «La Moraleja», con la participación de una sociedad panameña llamada Red Wood Finance & Investiment Corp (de Ángel Sanchis Perales). Burlando toda legislación con la complicidad del gobierno provincial la empresa arrasaba 27000 has cuando sólo estaba permitido la tala de 2000 has.

Además, la firma «La Moraleja» se vio involucrada en hechos de corrupción del Partido Popular de España. Según las investigaciones que se hicieron en España y se plasmaron en una sentencia de más de 1600 fojas, se derivaron tres millones de euros a los empresarios Ángel Sanchís (ex tesorero del PP) y su hijo Ángel Sanchís Herrero, a la empresa La Moraleja SA. A ambos se los condenó a un año de prisión por «blanqueo de capital».

Los herederos de Mario Díaz Colodrero, quién falleció en 1992, siguen con la tradición familiar de explotar y gambetear la ley para beneficio personal. Jornadas de 12 horas, despidos injustificados, política antisindical, salarios por fuera del convenio colectivo de trabajo, son moneda corriente en la empresa Argensun.

En 2011 empezó el primer conflicto y desconexión entre los trabajadores de Argensun y UATRE. Hasta ese entonces los laburantes prestaban 12 horas por jornada laboral y la disciplina para quienes se negaba era el despido. Los trabajadores organizaron una asociación de base llamada Udeta, con la que pudieron achicar las 12 horas a 8 horas y mantener el salario a través de un convenio firmado por la UATRE y Argensun. Los básicos de la empresa se mantuvieron por encima del convenio general de UATRE y se actualizaba con el porcentaje firmado año tras año por el sindicato de los trabajadores rurales pero sobre el salario básico del convenio de Argensun.

Trabajadores de UDETA durante el conflicto del año 2016.

Con viento en popa, Argensun mantuvo 5 años ese pagó sin mayores inconvenientes. En 2016 la empresa de granos rompió unilateralmente el convenio firmado y decidió usar una nueva escala. Tomando el salario de la categoría mayor de UATRE, el de mecánico tractorista, comenzaron a aplicar los porcentajes de incremento paritario. Generando una perdida constante de poder adquisitivo si se aplicaría sobre los salarios del convenio que había firmado UDETA.

En ese conflicto la empresa decidió disciplinar a un trabajador por considerarlo el promotor de los paros, asambleas y movilizaciones durante cuatro meses. Rafael Molina fue el señalado por la empresa y a partir de allí continuo una persecución y demandas judiciales que finalmente terminaron dándole la razón al trabajador. En varias instancias, la justicia falló a favor de la reincorporación.

Durante 2016, 2017 y 2018 los trabajadores vieron perder poder adquisitivo de su salario sin que desde UATRE los respalden. Más allá de denunciar que el convenio firmado en 2016 llevaba una firma trucha, desde el gremio no tomaron medidas ni llevaron el conflicto a una instancia judicial.

Mismo escenario se repitió durante la tanda de retiros voluntados iniciados por Argensun en 2017. Con una UDETA debilitado y sin capacidad de liderar medidas de fuerzas, UATRE hizo la vista gorda ante la apertura de un programa de retiros voluntarios. De 2014 a 2019, la planta de Argensun paso de tener 200 empleados a tener 50.

Pero los trabajadores dijeron basta y se contactaron con URGARA. El llamado a un sindicato que defienda sus condiciones laborales. Además, el gremio ya está instalado en la planta de Argensun de Chivilcoy y a dos trabajadores dentro de la planta de Jáuregui.

URGARA tomo cartas en el asunto e inició una medida de fuerza bloqueando la salida de los camiones para exigir que se les reconozca su representación de los trabajadores y el pase a su convenio colectivo de trabajo de los mismos.

Rafael Molina exponiendo su caso de despido en el Concejo Deliberante. Tras varias instancias judiciales logró su reincorporación. Foto: Julieta Brancatto

Desde la empresa señalaron como responsable nuevamente a Rafael Molina y lo acusaron que pese a tener una licencia psiquiátrica estaba participando de la medida de fuerza realizada por URGARA. Al tiempo que reunieron al personal jerárquico, a los gerentes y a algunos operarios para que denuncien en el Ministerio de Trabajo que el sindicato de recibidores de granos les impedía ingresar a trabajar. La realidad, según contaron los trabajadores, es que en ningún momento se les impidió el ingreso a la planta y fue la misma empresa que les dio el día libre el jueves 9 de mayo.

Consultado por este medio, Rafael Molina comentó «a mi me invitaron a tomar unos mates la gente de URGARA. No incite a nadie para que se tome la medida de fuerza. Ellos son un gremio a nivel nacional, tienen su comisión directiva y toman las medidas de fuerza que creen convenientes. Yo no soy afiliado ni tomo parte en las decisiones de su gremio. Dentro de la fábrica mis compañeros me comentaron que los encargados estaban diciendo que era mi responsabilidad todo lo que estaba pasando, pero están equivocados».

El gremio URGARA además repartió fichas de afiliación durante el último tiempo y llegó a afiliar al 70 por ciento de la planta. Sin embargo, desde la patronal se niegan a reconocer el nuevo encuadre laboral y sindical. La cuestión seguirá en la justicia y el Ministerio de Trabajo tras el dictado de la conciliación obligatoria.

Publicidad

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor, dejá aquí tu comentario!
Ingresá tu nombre