Mariana es una piba joven que labura y conoce el barrio Padre Varela desde hace varios años. Afronta sola la crianza de sus dos pibes, uno de ellos con una afección de salud. Compró de buena fe un terrenito – fiscal – lindero al Arroyo Gutiérrez donde fue poniendo, cuando el bolsillo estirado como laburante de la Economía Popular se lo permitía, materiales y mucho trabajo. Hasta el martes de esta semana había logrado levantar paredes de ladrillos y techar con chapas y tirantes. Mantenía el pasto corto y había podido alambrar. Durante la mañana del martes, una topadora municipal desplomó en minutos el trabajo y el esfuerzo de años.
Según un viejo y desactualizado registro de la Dirección de Tierras, como Mariana, otras 5 mil personas no tienen tierra ni techo en Luján. La cifra podría sumar varios miles si se actualizarán las estadísticas. Por ejemplo, en el programa lotes con servicios fueron más de 10 mil las personas anotadas en Luján.
Cada vez es más amplio el segmento social con dificultades serias para encontrar un lugar donde habitar y la salida puede estar marcada por la “irregularidad” cuando no hay una mano y condiciones para ampliar la casa familiar con una piecita en el fondo o en altura.
Por y para las miles de Marianas, los movimientos populares conquistaron la Ley 27453 que reconoce el derecho de familias a habitar las tierras, dispone expropiaciones de tierras privadas y las protege ante los desalojos. La casita que Mariana seguía construyendo en medida de sus posibilidades forma parte del polígono reconocido y protegido por la ley de barrios populares. Entre otros derechos, pueden acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación.
La ley de Barrios Populares es una novedad relevante para los sectores que más sufren la desigualdad, pero incluso previo a su sanción en 2018, existe un repertorio jurídico y normativo que imposibilita que se realicen desalojos violentos, sin alternativa habitacional y sin protección de las infancias.
La aclaración es válida, pero excede el caso de Mariana, ya que en su vivienda fue demolida sin mediar proceso jurídico. O al menos este medio no pudo comprobar que existiera orden de desalojo ni procedimiento administrativo que de sustento a la intervención del municipio.
Aun si la hubiera, es difícil conmensurar el paso de una topadora por una casita a la orilla del arroyo. La decisión que se ejecutó desde la Dirección de Tierras revela un desconocimiento alarmante no solo de la legislación vigente sino de la realidad de los territorios.
Las faltas graves en las que se incurrió esta semana se explican en parte, desde el ángulo de la perspectiva popular del gobierno local, que solo en algunos segmentos estancos del organigrama se pueden encontrar. Nos referimos al conocimiento del territorio y sus actores, las estrategias para llevar adelante un proyecto de vida en los sectores populares, sus intereses, sus conflictos, sus posibilidades y sus amenazas.
La persecución a vendedores ambulantes encabezada por el entonces director de Inspecciones, Roberto Martínez Medina, o el cierre de algunas parrillitas al paso sirven de ejemplos que conviven – en permanente contradicción – con otras iniciativas favorables a los sectores populares. El desarrollo de lotes con servicios, la reactivación de las obras de viviendas para relocalizar familias inundadas, la organización de feriantes en el espacio público o el proceso de transformación que se da en el basural de Luján junto a los y las recicladoras urbanas, son muestras notorias de que el perfil del gobierno del Frente de Todos tiene matices complejos que se amalgaman en el andar y que arrojan saldos distintos según desde donde se mire.
El reconocimiento del “error” – como fue explicitado – por funcionarios de estamentos superiores respecto a la demolición de la casa de Mariana también explica lo variopinto y diverso que contiene este gobierno encabezado por el intendente Boto pero compuesto por múltiples actores políticos. Una respuesta rápida tras el reproche de organizaciones como la CTD Luján donde milita Mariana, podría evitar que el tema escale a instancias aún más perjudiciales para el gobierno local en el plano de las acciones legales y puertas adentro de la coalición política.
