junio 14, 2024
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Luján

Presentación en Luján del libro ¿Quién le cree a la Justicia?

Invitada por la Agrupación La Corriente Luján, la autora repasó los puntos centrales de la publicación que busca explicar por que ocho de cada nueve personas no confía en la justicia.

Natalia Salvo lanzó su libro “¿Quién le cree a la Justicia? La lucha por el derecho” en la última edición de la Feria del Libro. El texto es una fuente de reflexión en torno a cuestiones del día a día que dependen del ámbito legal y que todavía son indiscutibles. El punto clave radica en por qué eso continúa siendo así.

Para debatirlo, la autora visitó el Museo Udaondo de Luján invitada por la agrupación La Corriente Luján. Natalia Correa, organizadora de la actividad, explicó que la razón de este debate es la concepción que Salvo tiene sobre la Justicia entendida como fenómeno patriarcal, que afecta a toda la comunidad y, especialmente, a las mujeres, que son las primeras condenadas cuando se atreven a tomar el poder. “Algunas venceremos por tercas”, subrayó.

Natalia Salvo se define, antes que nada, como militante. Además, es abogada laboralista, docente en las universidades nacionales de Buenos Aires y de José C. Paz, y presidenta del colegio de abogados laboralistas.

El propósito del libro de Salvo es restablecer o establecer el derecho como una herramienta para la conquista y la organización de la vida de las personas, por un lado, y como un instrumento para la convivencia social, por el otro. Su objetivo último es lograr una restricción a los poderes reales, es decir, aquellos que no necesitan cumplir con la ley para vivir dignamente.

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En palabras de su autora, busca abrir la discusión jurídica a la ciudadanía en torno a las reglas que consagran derechos e imponen obligaciones y, también, pensar la materialización del modo en que las personas se conciben en comunidad y se organizan de forma popular.

De acuerdo con su intervención, el derecho al trabajo es un ordenamiento jurídico que tiende a compensar desigualdades estructurales y materiales que existen, valga la tautología, en el mundo del trabajo. Lo es, sobre todo, para quienes lo que aportan es su propia energía, que está inescindiblemente confundida con su existencia en un entramado de producción capitalista.

¿De quién se habla? Ni más ni menos que de los trabajadores y las trabajadoras que deben ser sujetos de preferente tutela constitucional.

De lo contrario, se corre el riesgo de retroceder a un Estado colonial en etapa preindustrial sin garantías ciudadanas; donde hombres, mujeres y niños trabajan en condiciones de esclavitud. Y ese sometimiento se conecta con otros: la pretensión de arrasar con la memoria de los derechos que, históricamente, se ganaron con sangre; el rol clave de las mujeres en esas luchas ayer y hoy; y, finalmente, con la realidad de que, actualmente, ocho de cada nueve argentinos no confían en la Justicia.

El derecho como un instrumento de emancipación social

– ¿Exactamente, por qué la Corte Suprema no es independiente?
– Siempre fue un poder aristocrático el judicial, y la Corte, como cabeza de aquel, no cuenta con una fiscalización o con un control especial. Y, en particular, porque ha mostrado que regularmente les da la espalda a las organizaciones gremiales, sociales o a organizaciones como la de las madres del dolor, es decir, le da la espalda al pueblo. Mientras tanto, en el Jockey Club, almuerza con los propietarios del capital concentrado, que le asegura, por supuesto, el resultado de las sentencias. y viceversa. La independencia del poder judicial, que tanto declama este poder, no solo debería darse con respecto a las esferas política, ejecutiva, legislativa, lo cual, desde el vamos, no sucede. También, y fundamentalmente, debería ser independiente de los poderes económicos, de quienes la Corte tampoco es independiente. Además, las internas dentro de la Corte, que es absolutamente palaciega, no han permitido nombrar a la integrante que falta para que se cumpla con la perspectiva de género. Así, se perpetúa compuesta por cuatro varones.

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– ¿Cuál es la situación de los trabajadores de cara al derecho?
– Pura disputa y puja de significado de esos derechos que supimos conseguir. El gobierno liberal, de derecha, ultraconservador, que considera (y constituye) al Estado como una organización mafiosa, entiende que esos significados no son tales: trata de vaciardo. La huelga es uno de esos derechos; entonces, al no ser “nada”, queda despojada de sentido, y, por lo tanto, pasar por el tamiz punitivo se torna un acto sin trascendencia. Así los trabajadores y las trabajadoras que paran pueden terminar inconstitucionalmente presos o detenidos. Las organizaciones gremiales deben fortalecerse. El D. N. U. 70/23, por ejemplo, nos empuja hacia un momento de pura resistencia para que no llegue a los trabajadores y las trabajadoras, que ya tienen, bajo su bolsillo, la carga de una política regresiva.

– ¿Cómo se conecta el presente que con la última dictadura y, puntualmente, qué procuró borrar la Junta y resuena todavía hoy?
– Quiso borrar una generación entera absolutamente politizada y comprometida con la lucha, que conocía sus derechos sociales y que sabía lo que era un Estado sin esos derechos ni representación política. Dos de los grandes legados nefastos de la última dictadura cívico militar son el discurso antisindical y la identificación de los Derechos Humanos solamente con derechos civiles y no con los derechos laborales, primero, y el individualismo extremo, luego.

– En este contexto, ¿qué pueden hacer los trabajadores para disputarle el poder a la derecha cuando se trata de un protopoder aristocrático sin argumentos porque ya tiene el poder?

– A ese protopoder no se lo combate con más conceptualización y más academia, al menos no con esa academia que está cooptada por ese mismo poder: se lo combate con organización popular y, luego, representación política. De lo contrario, la salida es el no derecho, que son las vías de hecho, con la sangre: la causa de las conquistas de nuestros grandes trabajadores y trabajadoras que no tuvieron al derecho de su lado. Cabe recordar que el Estado busca achicarse, pero todos los derechos se financian. Entonces la deducción es simple: mayor ajuste, menor respeto de los derechos humanos y, dentro de ellos, los laborales.

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