La ley de barrios populares entró en vigencia a partir de su publicación en el boletín oficial. Pedro Vargas, coordinador regional de ReNaBaP repasa cuales son las implicancias y próximos pasos a seguir en el territorio.

La buena noticia para más de 4400 barriadas de todo el país implica la suspensión de desalojos por cuatro años, la declaración de utilidad pública y la individualización de los bienes inmuebles a expropiar en los territorios relevados en el Registro Nacional de Barrios Populares.

En Luján tienen motivos para festejar las 2186 familias que fueron censadas desde comienzos de 2017 por las organizaciones sociales CTEP, Techo y Cáritas.

Desde la Mesa Nacional de Barrios Populares comunicaron la noticia con emoción: “Tenemos una gran herramienta para frenar los desalojos, por ley podemos quedarnos donde estamos y avanzar en el camino de la vivienda digna para todas nuestras familias. Hoy festejamos pero no bajamos los brazos, la lucha sigue, por la reglamentación, por la integración sociourbana de las 4 millones de personas que vivimos en los barrios y para que nunca más nadie nos amenace con quitarnos nuestro hogar”.

Para los movimientos sociales la pelea continúa por el camino de la implementación, “para ello debemos impulsar su pronta reglamentación con participación de los barrios” según anunciaron.

Desde Ladran Sancho consultamos a Pedro Vargas integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y coordinador regional del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) sobre la entrada en vigencia de ley, las gestiones realizadas junto a las 2 mil familias lujanenses y los próximos pasos a seguir en su implementación.

-¿Que implica que entre en vigencia la ley?

-En primera medida, al entrar en vigencia pone se suspenden todos los procesos de desalojos de los barrios populares del país por 4 años, es una tranquilidad a medias para vecinos y vecinas que temen ser corridos de sus viviendas.

¿Que implica la declaración de utilidad pública y la individualización de los bienes inmuebles a expropiar?

-La ley establece la declaración de utilidad pública y la individualizacion de los bienes inmuebles a expropiar donde se asientan los barrios relevados en el ReNaBaP. Esto significa que el Estado debe iniciar el proceso para pagar a los titulares dominiales (los privados) por el procedimiento de la expropiación y así lograr que todas las tierras de los barrios populares queden en cabeza del Estado nacional, para luego ser transferidos a cada familia que los habita.

Vargas exponiendo resultados del relevamiento realizado por ReNabap en la Universidad Nacional de Luján. Foto: Julieta Brancatto

¿Y qué ocurre con los procesos ya iniciados?

-También está establecido, que mas allá de la declaración de utilidad pública, en ningún caso se obstaculizará cualquier proceso de expropiación o regularización dominial ya iniciado. En el caso de que estos barrios estén asentados en tierras municipales o provinciales, se prevé la firmas de convenios para lograr la integración de esos barrios.

Parte de esta ley comprendió la entrega de certificados de vivienda familiar. ¿Cuál es la función de esos certificados?

-Desde las organizaciones y a través del ReNaBaP se avanzó en la sanción de esta ley porque las empresas prestatarias de servicios hacen la vista gorda al decreto 358/2017, que a través del certificado de vivienda familiar, permite el acceso formal a los servicios básicos a los vecinos de los barrios. En los diferentes territorios las empresas tienen acuerdos con los municipios para no prestar servicio en estos barrios, para que los habitantes no cuenten con un “testigo fiel”, pensando claramente en la especulación inmobiliaria. Con esta ley, más el certificado de vivienda familiar, las empresas no tendrán más excusas para brindar los servicios básicos.

-¿Se avanzó con las empresas en ese sentido?

-Hasta este momento las gestiones por los servicios vienen bastante más lento de lo que esperábamos, a pesar de que en varios lados se han conseguido algunos resultados. Desde las organizaciones sociales nos propusimos seguir afianzando las herramientas que hemos logrado. Trataremos que la noticia de los derechos adquiridos llegue a cada barrio de la provincia y de la ciudad. Y que cada familia avance a una integración sociourbana, hacia una vivienda digna y una sociedad más justa.

Los movimientos sociales anunciaron que continuarán trabajando para lograr la plena implementación de ésta ley. ¿Cuales serán los próximos pasos?

-El próximo paso es la reglamentación, que depende exclusivamente del poder ejecutivo. En este aspecto tendremos que estar atentos. Si bien en la votación del senado no se modificó ningún artículo del proyecto de ley, corre riesgo de que en la reglamentación dejen algún artículo por fuera, lo cual afecta a la implementación. Por eso es importante darle seguimiento y tener en cuenta que tal vez tengamos que hacer presión para que salga tal como se escribió la ley.

¿Cómo se refleja ese trabajo en lo local, en el territorio?

-Tenemos una tarea en el conjunto de la militancia, de los referentes barriales y de todos los vecinos y vecinas de hacer conocer esta ley, difundirla, compartirla y hacerla valer. A nivel local, empezamos a pensar junto a los funcionarios municipales, la manera de encarar cada barrio para lograr un trabajo en conjunto para mostrar que esta ley viene a mejorar la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de los barrios de Lujan.

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