Políticas de comunicación, ¿para qué?

Regina Scorza
Regina Scorza
Maestranda en Comunicación y Cultura. Licenciada y Profesora en Ciencias de la Comunicación (FSOC, UBA). Comunicadora e integrante de FM En Tránsito. Trabaja en formación en el ámbito público. Docente y participante de proyectos de investigación.

Las políticas nacionales de comunicación en nuestro país tuvieron diferentes momentos. En algunos, prevaleció una mirada de la comunicación como un negocio, y en otros, se impulsaron, desarrollaron y ejecutaron políticas públicas que la comprendieron como un derecho humano. Por supuesto, estos momentos estuvieron atravesados por tensiones.

Veamos un par de ejemplos. Fue el gobierno de Alfonsín que impulsó el COCODE (Consejo para la Consolidación de la Democracia) y con ello, el debate por una nueva normativa para reemplazar a la Ley de Radiodifusión de la Dictadura Militar. Sin embargo, no pudo concretarlo y tuvieron que pasar casi 30 años para ello, 30 años donde el sistema de medios se privatizó y se concentró mucho más.

El gobierno de Néstor Kirchner también fue ejemplo de esta tensión. Su gestión fortaleció a los medios públicos al expandir las señales a través de la instalación de repetidoras, otorgar frecuencias del Sistema Nacional de Medios Públicos, y garantizar la llegada de la Televisión Pública y Radio Nacional en todo el territorio nacional junto con la creación de la señal educativa Encuentro, entre otras medidas. Ese gobierno que quitó de un lugar subsidiario a los medios públicos, fue el mismo que favoreció al Grupo Clarín y amplió su posición dominante, al permitir la fusión entre Cablevisión y Multicanal.

Hasta 2009, Argentina no contaba con un marco regulatorio amparado en el derecho a la comunicación. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 (LSCA), popularmente llamada “Ley de medios”, marcó un antes y un después. En su articulado, buscó aplicar mecanismos regulatorios que fomenten el ejercicio de la libertad de expresión, del derecho a la información, que disminuyan la brecha tecnológica, y que generen instancias de pluralismo y diversidad.

Sancionada en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no logró -incluso en su segundo mandato- ser aplicada en todas sus dimensiones. A pesar de ser declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2013, los procesos judiciales impulsados por los principales multimedios la obstaculizaron constantemente. Estos grupos consiguieron que Mauricio Macri, a 10 días de iniciado su gobierno, derogue los principales artículos de una ley que era fundamentalmente antimonopólica, favoreciendo nuevamente sus intereses y habilitando procesos de mayor concentración.

No obstante, el debate por la LSCA posibilitó que medios comunitarios, populares y alternativos que llevaban décadas luchando por su legalidad crezcan y se fortalezcan, al tiempo que nuevas experiencias de comunicación aparezcan. Bajo el paradigma de los derechos humanos, la nueva norma habilitó la creación de diferentes políticas públicas, como el Fondo de Fomento Concursable para medios de comunicación audiovisual (FOMECA), para medios sin fines de lucro, de frontera y de pueblos originarios que se autofinancia y que, a pesar de los avatares, pudo sostenerse y demostrar su importancia.

En nuestra ciudad, medios como Ladran Sancho produjeron contenidos audiovisuales como Arderá (un podcast sobre la memoria lujanense), mejorar los equipamientos disponibles y fortalecer las áreas de trabajo gracias a estos fondos. Los distintos informes de la Cooperativa, dan cuenta de la importancia del acompañamiento de estas políticas para consolidar el trabajo del medio.

Una política que en 10 años de aplicación impulsó más de 3300 proyectos en más de 700 entidades que resultaron ganadoras de concursos abiertos a lo largo y a lo ancho del país, y que lejos de las mentiras que han dicho sus ex responsables, son evaluados por jurados independientes y luego aprobados (o no) por el directorio del del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que cuenta con representación del oficialismo y de la oposición.

El fomento de este tipo de medios se explica por diversas razones que no se circunscriben sólo al derecho a la comunicación o al impulso de organismos internacionales como la UNESCO o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): estos medios generan puestos de trabajo.

Por supuesto, ofrecen mayor diversidad y pluralismo informativo; son una alternativa ante tanta concentración mediática al posibilitar otra agenda y permitir la circulación de distintas miradas, voces y temáticas, no siempre presentes en el mainstream e incluso marginadas. Pero en tiempos donde todo parece medirse por la vara del gasto y la racionalidad económica, es necesario decirlo: los medios sin fines de lucro también generan trabajo.

Las políticas públicas de comunicación impactan en nuestras vidas, las transforman. Basta con observar las posibilidades que se abrieron a partir de la pandemia cuando la desigualdad en el acceso a internet comenzó a ser una “demanda socialmente problematizada” (Baladrón, 2021).

El derecho a conectarse que -ante el desarrollo tecnológico y la irrupción de internet en todos los aspectos de nuestras vidas- forma parte de las distintas dimensiones del derecho a comunicarse, estimuló políticas como el Programa Barrios Populares o el Programa Roberto Arias que para diciembre de 2023, lleva más de 1800 obras en barrios populares de todo el país y en redes comunitarias de Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Buenos Aires.

Podemos observar el valor de estas políticas aquí cerca ya que gracias al Programa Barrios Populares, COOPENET complementó el financiamiento para consolidar la fibra óptica en los barrios Ameghino, San Pedro, Villa María y San Fermín (también llamados Santa Marta y San Jorge por sus vecinas/os) alcanzando a 2500 familias (Oddone y Rossi, 2023). Gracias al Aporte No Reembolsable, la Cooperativa debe facilitar la instalación domiciliaria sin cargo para el 30% de los barrios conectados y 18 meses del servicio bonificado a organizaciones registradas en el RENABAP y en la CONABIP.

Este proyecto, también permitió cubrir las necesidades en conectividad del Bachillerato Carlos Fuentealba, el despliegue de WIFI gratuito en cuatro plazas, en dos escuelas y realizar una plaza tecnológica con equipamiento informático en el Centro de Integración Comunitaria del Barrio San Fermín como devolución social por la contraparte que estos proyectos requieren.

Desde que asumió su gobierno, Javier Milei tomó medidas que atentan contra estas políticas y que sólo favorecen al sector privado. El DNU 70/23 que impulsó modificaciones a la Ley Argentina Digital, la derogación del Decreto 690/20 y la suspensión a los límites a la concentración de la propiedad de los medios (manteniendo sólo límites a nivel local), permiten avizorar que el sistema tal como lo conocemos está en riesgo, y que tanto los decretos (utilizados también para intervenir al ENACOM y al sistema público de medios) como la represión en las movilizaciones a trabajadores de prensa (contra el DNU y por la fallida Ley Ómnibus), son parte de sus instrumentos.

Aunque ninguna de las medidas fue avalada por las carreras de comunicación, federaciones o redes de medios, en tiempos de urgencias, donde los niveles de pobreza se acercan al 60%, atender los cambios impulsados en materia de comunicación e instalarlos en agenda, se vuelve más difícil. Sin embargo, las políticas públicas impactan en la vida de cada una y cada uno de nosotros, y la transforman. Para bien, llevando internet a miles de familias y permitiendo que la palabra se democratice con la existencia de medios cooperativos, o para mal, desfinanciando organismos claves para esta tarea. En ese sentido, las políticas de comunicación que habilitó la LSCA y que hoy se encuentran en peligro, mejoran nuestra calidad de vida y enriquecen la democracia. Y por eso, por eso importan.

opina

Regina Scorza
Regina Scorza
Maestranda en Comunicación y Cultura. Licenciada y Profesora en Ciencias de la Comunicación (FSOC, UBA). Comunicadora e integrante de FM En Tránsito. Trabaja en formación en el ámbito público. Docente y participante de proyectos de investigación.

recientes

Ayudanos a sostener este proyecto autogestivo

Sumate a la Comunidad y participá todos los meses por regalos, entradas y descuentos.

Elegí el monto, ingresá los datos y listo!