Foto: Victoria Nordenstahl

Acompañantes terapéuticas contratadas por el municipio expusieron el nivel de precarización en las condiciones de contratación y el retraso de cuatro meses en el cobro de sus sueldos.

El Estado municipal es responsable de la contratación de 19 acompañantes terapéuticas que asisten a niños y niñas en escuelas públicas del partido de Luján y, aunque renovaron sus contratos, desde hace cuatro meses que no cobran por su trabajo.

Por eso varias mujeres comenzaron la peregrinación por las oficinas del Estado municipal para pedir que se regularice su situación y llegaron al Concejo Deliberante durante la sesión de este lunes para reclamar por lo que les corresponde: la regularización de sus cobros.

A través de contratos que se aprueban por una doble vía entre Provincia y Municipio incluido el Consejo Escolar, las trabajadoras acceden a sus puestos de trabajo pero más tarde el Departamento Ejecutivo debe coordinar el desempeño de las A.T y garantizar su remuneración con los Fondos de Educación.

Ante los concejales, expusieron que “necesitan cobrar por su trabajo y que exista una comunicación más fluida que mensajes de WhatsApp porque todos las semanas estamos pidiendo lo mismo y no tenemos respuestas”.

Tras la exposición de las laburantes, ediles de la oposición enfatizaron el reclamo. Silvio Martini se refirió a la “insensibilidad que tiene este gobierno para atender la discapacidad” y Cesar Siror señaló como responsables al coordinador del área Silvio Erramuspe y al secretario de Economía Ezequiel Artero, quien se tomó su licencia anual y ahora es Ricardo Curone quien estará con responsabilidad en el área.

Tras los descargos, el concejal oficialista Carlos Pedro Pérez propuso la elaboración de proyecto de comunicación en el que solicitan al Departamento Ejecutivo que regularice la situación de las trabajadoras actualizando sus salarios y cumpliendo con el pago de la deuda. Así, los y las concejales pasaron la pelota a la Secretaría de Economía nuevamente.

En la misma situación pero una instancia organizativa aún menor y con una capacidad de reclamo no visibilizada, quedan otras tantas decenas de Acompañantes de escuelas públicas pero empleadas por las Obras Sociales Privadas. Otra deuda del Estado local para con el sector: intervenir para mejorar las condiciones de quienes hacen posible la escolaridad en niños y niñas con discapacidades.

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