Pasó el 19F y dejó el rastro verde en Luján. Días después de la masiva movilización que tuvo réplicas en todo el país, y de cara a la apertura de sesiones ordinarias del legislativo, el debate se profundiza. Conocé el Proyecto de Ley y la historia de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y gratuito.  

El miércoles pasado la marea verde volvió a copar las calles de Luján, así como la de varias ciudades de la Argentina y el mundo. El objetivo: una acción global que visibilice el reclamo colectivo de mujeres y disidencias en todo el territorio argentino. “El proyecto está en las calles”, anunció la Campaña, “hasta que sea Ley”. 

La Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito tiene 15 años de historia. Surgió al calor del debate en los Encuentros Nacionales de Mujeres de Rosario en 2003 y Mendoza en 2004. Su organización es federal y multisectorial, con participación de mujeres y disidencias de grupos feministas, movimientos políticos, sociales y profesionales de múltiples disciplinas. 

Desde su nacimiento, apuestan colectivamente a construir heterogeneidad de actividades y procesos estratégicos para instalar en la sociedad y en el Estado el debate en torno al aborto; contribuir a que más mujeres y organizaciones se sumen al reclamo, y lograr la aprobación de una norma legal que despenalice y legalice el aborto en Argentina. 


“Trabajar por el derecho al aborto en razón de justicia social, es reconocer que en el contexto latinoamericano, sumido en la pobreza y la desigualdad social, son las mujeres pobres quienes sufren o mueren por abortos realizados en clandestinidad, excluidas también de otros bienes culturales y materiales”, expresan desde la web de la campaña. 

A lo largo de su trayectoria, presentaron en el Congreso ocho proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La más emblemática e histórica, sin dudas, fue la de 2018, oportunidad en que la Cámara de Diputados otorgó la media sanción en un debate maratónico transmitido por televisión abierta. 

En la noche del 8 de Agosto, miles de mujeres y disidencias bancaron en las calles el frío y la lluvia, para exigir la legalización. Y, a pesar de que la mayor parte de los Senadores no estuvieron a la altura de la historia, esa jornada fue testimonio de un proceso social y político que no tuvo ni tendrá vuelta atrás.     

Foto: Julieta Brancatto.

De cara a la apertura de las sesiones 2020, el derecho al aborto vuelve a la escena mediática y pública. Esta vez, con un acumulado de experiencias inagotable. La discusión que recorrió casas, escuelas, calles, medios de comunicación y redes sociales, que estuvo en boca de todes y que no dejó a nadie afuera, generó un piso de consenso saldado en buena parte de la sociedad.    

A poco tiempo de asumir como Presidente de la Nación, Alberto Fernández confirmó lo que había adelantado en campaña, la legalización del aborto sería una de las prioridades durante el primer año de gestión. Hace pocas semanas aseguró que el poder ejecutivo está trabajando en un proyecto de Ley para despenalizar y legalizar la IVE. 

El presidente intentó, desde su discurso, desarticular la grieta social que algunos medios de comunicación y sectores antiderecho instalaron cuando el debate llegó al Congreso en 2018. “Lo que tenemos que resolver es un problema de salud pública, que la mujer que aborta pone en riesgo su vida. Quisiera un debate sensato, no el que tuvimos”, expresó Fernández en una entrevista con Radio Continental. 

La Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito también enviará un proyecto propio y esperan que el legislativo discuta ambos textos para lograr la confección de una propuesta superadora, que comprenda las tres dimensiones que sintetiza su lema: ESI, anticoncepción e interrupción del embarazo. 

Este proyecto cuenta con 20 artículos. En líneas generales propone que, en ejercicio de sus derechos humanos, “toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción del embarazo hasta las catorce semanas, inclusive, del proceso gestacional”. 

El documento garantiza el acceso al aborto sin distinción de origen, nacionalidad o situación migratoria de la persona que lo solicita; define el derecho al aborto como un Derecho Humano Fundamental y toma la definición de salud de la OMS: el completo bienestar físico, mental y social.  

Foto: Julieta Brancatto.

En cuanto a los plazos y condiciones del procedimiento, el texto indica que toda persona gestante tiene derecho a acceder a la realización de la práctica en los servicios de salud en un plazo máximo de cinco días, supervisada por personal de la salud, sin autorización judicial y de forma confidencial.  

El acceso a la información está contemplado en la Ley. La misma debe ser garantizada por el personal profesional del centro de salud, con pertinencia y precisión, de forma laica, actualizada y científica. Las asesorías deben ser garantizadas pero no obligatoria como condición para la práctica. 

La cobertura deberá estar garantizada de forma gratuita por obras sociales, sistemas de salud y prepagas, como también en el Plan Médico Obligatorio. Debe incluir prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. 

El derecho al aborto deberá formar parte de los contenidos de la ESI, igual que el resto de las leyes que garantizan la Salud Sexual y Reproductiva, con la intención de que la gestación y la maternidad sea voluntaria, deseada y proyectada. 

El Proyecto define que el único requisito para la realización de un aborto es firmar un consentimiento informado. Ninguna persona gestante puede ser reemplazada en el ejercicio del derecho a decidir, “independientemente de su discapacidad, diagnóstico en su salud o determinación judicial sobre su capacidad jurídica”. Y establece intervenciones específicas en el caso de niñes y adolescentes. 

Por último, sistematiza las modificaciones necesarias en el Código Penal. Propone la sustitución de artículos, entre los cuales se encuentran los causales de acceso a la Interrupción Legal del Embarazo, estableciendo que serán reprimidas con prisión e inhabilitación autoridades de establecimientos, profesionales y personal de salud que niegue o dilate la realización de la práctica. 

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