Este lunes un mosquito fumigó en el ingreso a Jáuregui. Vecinos y vecinas denunciaron la falta de respuestas del municipio y la inacción de la policía ambiental, que no recibe la denuncia, pese a que se está incumpliendo una ordenanza.

Jáuregui despertó esta mañana con nuevas fumigaciones en el campo que está en la entrada del pueblo, pegado a la Autopista 5 y frente al Barrio Loreto.

Al tomar conocimiento de la noticia, vecinos y vecinas que luchan contra las fumigaciones ilegales llamaron a la comisaría de Jáuregui para hacer la denuncia, aunque no hubo respuestas, pese a que la actividad viola las normas vigentes.

La ordenanza 5953 prevé evitar la contaminación del ambiente y los efectos sobre las comunidades que producen los pesticidas que son altamente nocivos para la salud. Esta ordenanza prohíbe la aplicación terrestre a menos de 500 metros de centros poblados y, en Jáuregui, hay casas que están pegadas al campo que está siendo fumigado.

Al recibir la denuncia y pese al asueto municipal Corino Griffini, director de Medio Ambiente del municipio, llegó hasta el lugar y aseguró a Ladran Sancho que van a actuar de oficio: «Ahora estoy geolocalizando la zona para ver si incumplió alguno de los ítems de la ordenanza. Se convoca a quien estuvo en la aplicación, que ya tengo identificado quien es el aplicador por el tipo de maquinaria que se usó, pedir la documentación y a partir de ahí puedo actuar de oficio si se incumplió una norma. Ahí se hace una sanción que se eleva al juzgado y el juzgado determina cual es la multa».

Pese a que en este caso un funcionario se hizo presente en el lugar, los denunciantes vienen señalando en reiteradas ocasiones que el Estado llega tarde y no previene este tipo de sucesos. Las medidas que se toman son posteriores a la ocurrencia de las fumigaciones y en la mayoría de los casos no producen sanciones ni consecuencias para quienes violan la ordenanza que regula esta actividad en el ámbito municipal.

Los sucesos de fumigaciones ilegales son una constante en este período del año, sin una intervención urgente y eficaz por parte del Estado, las comunidades quedan a merced de la discrecionalidad de aplicadores y productores que deciden deliberadamente violar las normas vigentes.

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