En la Univerisdad de Luján se desarrolló una charla para problematizar sobre el proyecto de ley  de baja de la edad de responsabilidad penal juvenil impulsado por el Gobierno Nacional. Marcelo Giacoia, juez de garantía de menores, y Soledad Alvarado, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Mercedes, fueron los disertantes.

En una serie de charlas itinerantes diferentes profesionales realizaron un análisis sobre la problemática actual de la punitibidad. En las diferentes sedes de la UNLu;  San Miguel, Chivilcoy, Campana y por último Luján, disertaron profesionales como Marcelo Giacoia, Soledad Alvarado, Vanesa Salgado y María José Cano.

El cierre del ciclo, en el auditorio de la sede central de la UNLu, estuvo a cargo de Marcelo Giacoia, juez de garantía de menores, y Soledad Alvarado, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Mercedes.

Nos corrieron el eje, nos marcaron la cancha

Para iniciar la discusión, el juez comenzó expresando «esta corrido el eje, hay cosas más importantes para discutir que la edad de baja. Hay 6 millones de pobres, 43 por ciento de pibes mal nutridos en la Provincia de Buenos.  Tendríamos que estar discutiendo otra cosa. Hay mucha desigualdad social, violencia institucional y un Estado que abandono su rol de garante de derechos. Esa es la discusión que hay que dar».  

A lo que continuo explicando «el Sistema de Promoción y Protección de Derechos está desfinanciado. Hay sólo 127 Servicios Locales y debería haber muchos más debidos a la cantidad de población infantil que hay en la Provincia de Buenos Aires».

Problematizando la cuestión securitaria y quiénes son los «sujetos peligrosos» a quienes se los persigue en este sistema penal, Giacoia comentó la carta que le escribieron al Papa Francisco pibes de barrios de La Matanza.

«Querido Papa Francisco, nosotros y nosotras jóvenes de los barrios San Alberto, 17 de marzo, San Petersburgo y Puerta de Hierro tenemos la intención a través de este papel que se dé a conocer nuestra opinión acerca de la baja de la edad de imputabilidad. Si bien tenemos conocimiento de delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes menores de edad también estamos en conocimiento que del total de los delitos cometidos dentro de la Provincia de Buenos Aires en los últimos años corresponde a menos del 5 por ciento a la responsabilidad de este grupo. La oferta de delitos que tenemos en los barrios es mucho mayor a la oferta de espacios de promoción y protección de nuestros derechos. Antes que discutir la baja de la edad de imputabilidad se debería discutir la implementación de más y mejores espacios promoción y protección de derechos» reza la carta.

 

«Hay 6 millones de pobres, 43 por ciento de pibes mal nutridos en la Provincia de Buenos. Tendríamos que estar discutiendo otra cosa». Foto: Julieta Brancatto

En sintonía con lo expuesto en la carta, el juez de menores agregó que, según datos de la Procuración de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en los últimos 10 años los menores de 18 años de edad que se encuentren involucrados en delitos es del 4 por ciento. En 2017 fue del 3,2 por ciento.

En un recorrido exprés por las modificaciones que se le quieren hacer a la actual Ley Nacional 22.278, Giacoia marcó aspectos positivos y negativos. Remarcando que lo que se discute no es la edad de imputabilidad, sino la edad de punibilidad. Esto significa que se problematiza a partir de edad voy a aplicar una sanción y no a partir de qué edad comprende la acción que se comete.  

Otra de las cosas que señaló el juez, es la realidad del Poder Judicial y sus operadores. Haciendo hincapié en que es necesario diferenciar entre el sistema penal juvenil y el sistema de adultos. “Son diferentes, siempre hay que diferenciarlos y en la realidad cada vez el juvenil se parece más al de adultos. Los operadores, en referencia a los fiscales, no tienen especialidad y no diferencial el régimen juvenil del penal. Esto se debe por mandato de los fiscales generales”.

Como planteo político central, el juez concluyó  que en el presupuesto 2019 se esclarece la postura del gobierno nacional “Dedicaron 3 por ciento a Desarrollo Social y 11 por ciento a Seguridad. Esta ley es una puerta de ingreso de los pibes a un sistema penal violento. Donde suceden muerte y tortura por parte de las fuerzas de seguridad».

Las políticas públicas y la familia judicial, dos ejes centrales en la discusión

En su exposición Alvarado llamó a pensar en qué contexto se da este debate y cuáles son las determinaciones en términos sociales que lo está atravesando. «No nos sorprende que en años electorales se discuten proyectos de persecución a jóvenes como políticas de seguridad» agregó. 

Problematizando ese contexto que atraviesa el debate sobre la baja de edad de punibilidad la profesional planteó sus ideas desde las políticas públicas. ¿Cuales son las respuestas que dan las instituciones del Estado? Preguntó la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Mercedes. «El estado se corre de su lugar de garante de derechos, y eso lleva a una pérdida de legitimidad. Genera una crisis en aspectos éticos y morales de la sociedad misma y de los trabajadores que nos movemos dentro de estas instituciones». 

«Empezamos a naturalizar a las manifestaciones de la cuestión social que nos esta tocando la puerta. Cuando no hay derechos, cuando el Estado no los garantiza, hay violencia. Quieren responder a la violencia con soluciones mágicas, por vías que generan mayor violencia» señaló Alvarado.

Y continuó «¿Quiénes son los perseguidos? Los jóvenes entre los 14 y 18 años. Los hijos del 2001 los llamo yo. Son los que poseen los peores trabajos, los que están en negro. Con precarización laboral. Tienen los trabajadores más duros. Son los explotados del sistema. Poseen un nivel educativo primario o secundario incompleto La verdadera pesada herencia es que les dejamos a estos jóvenes. En términos materiales y en términos simbólicos. Son los ni-ni. Pensamos leyes para meterlos presos, pero no pensamos leyes para que puedan estudiar o trabajar».

Fabiana Carlis, moderadora de la charla «No a la baja», cuenta una experiencia de violencia institucional en las calles de Castelar. Foto: Julieta Brancatto

Soledad Alvarado siguió analizando acerca de los actores que intervienen en el sistema penal juvenil. «Hay un núcleo duro en el centro, conformado por organismos judiciales, centralmente los jueces y el Ministerio Publico con los defensores y los fiscales. ¿Y donde funciona este núcleo? En un lugar que se llama Palacio. Que remite a la nobleza y además tiene una corte. ¿Quienes forman parte de esa corte y de la familia judicial? Tienen códigos de pertenencia, pertenencia a una corporación. Esa corte tiene una guardia, como en el medioevo, una fuerza de seguridad a la cual se instruye e indica a quién perseguir, a quien sancionar y castigar. Y ahí es cuando nos preguntamos por qué las dictaduras militares no disolvieron el Poder Judicial» . 

Con criticas a Poder Judicial, la trabajadora social se preguntó ¿Es un Poder del Estado, es un Poder democrático? ¿Qué lugar tenemos los ciudadanos ante ese poder? «Con sus formas discursivas, simbólicas, de nobleza, se puedan garantizar derechos e igualdades? volvió a cuestionar. 

En esa esquematización de los actores que intervienen en el sistema penal juvenil, Alvarado explicó que en la periferia se encuentra los trabajadores del Poder Ejecutivo y sus operadores: Servicios Locales, el  programas sociales, políticas sociales, entre otros. «La nueva bajada política tiene que ver con la productividad, con qué podamos a empezar a cuantificar nuestros logros» indicó. 

Y dejó una última crítica: «dejamos un sistema juvenil penal en manos de operadores judiciales que no están capacitados en genero, en violencia, en cuestiones relacionadas en la adolescencia. Además los defensores oficiales persiguen algo que se llama la economía procesal. Y es que el joven transite por el sistema el menor tiempo posible. Con esto no se garantiza el derecho a la verdad y el derecho a ser oído. Y otra cosa que sucede es la miopía social, creen que le resuelven la vida al joven porque el Estado llega a través del sistema penal. Es una pretensión tutelar, y es una práctica que lleva habitualmente el sistema penal juvenil». 

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