La Red Nacional de Multisectoriales llamó a los gobiernos provinciales a que escuchen a los usuarios y usuarias antes de decidir aumentos tarifarios. El comunicado fue publicado luego de que el gobernador Axel Kicillof anunciara que a partir de este mes las tarifas de electricidad en la provincia de Buenos Aires tendrán un aumento del 7 por ciento.
El incremento está destinado a las distribuidoras Edelap, Edes, Edea, Eden, y también a las 200 cooperativas que proveen el servicio a más de 80 localidades.
“Es necesario señalar que tras 4 años en que los argentinos hemos sufrido tarifazos con aumentos promedios del 2000 por ciento autorizados por la gestión de Macri y Vidal, el primer paso era avanzar y terminar con la revisión tarifaria integral, analizando las inversiones y ganancias obtenidas por las empresas”, expresaron en el comunicado.
En ese sentido, señalaron que “el informe de la Subsecretaría de Energía Bonaerense es lapidario: a la vez que han tenido una tasa de rentabilidad de las más altas del mundo, ninguna de estas distribuidoras ha cumplido con las inversiones acordadas. Además, las 4 distribuidoras se concentraron en un mismo grupo empresario, violando la normativa vigente”
Asimismo, expresaron que una audiencia pública era la oportunidad para promover la participación popular en un tema de relevancia estratégica. “La decisión del gobierno provincial de otorgar los aumentos sin esta instancia posterga el debate fundamental sobre las tarifas justas, razonables y accesibles que viene reclamando la ciudadanía”, sostuvieron.
Desde la Red de Multisectoriales remarcaron que Argentina atraviesa una etapa social y económica de las más graves de la historia, a la que se suma negociar una deuda con organismos internacionales, pero al mismo tiempo agregaron: “En esa ardua tarea de conciliar intereses, nosotros reafirmamos que la prioridad la deben tener los más afectados por la crisis. No se puede permitir el aumento de tarifas a empresas que han tenido ganancias siderales, sin antes haber resuelto el endeudamiento que tienen millones de argentinos producto de la estafa energética tarifaria causada por estas empresas”.
Por último, sostuvieron que el acceso al servicio público de electricidad es un derecho humano y como tal, debe ser garantizado por el Estado.
