Las ciudades de Mercedes y General Rodríguez que están contempladas dentro de la Ley de Zona Fría se preparan para un invierno con características dramáticas. El avance legislativo en el Congreso de la Nación, impulsado por el Gobierno Nacional para eliminar los subsidios y tarifas diferenciadas vigentes desde 2021, provocará un aumento automático del 100% en las facturas de gas residenciales de toda la región.
El golpe se sentirá con fuerza en dichos distritos, comunidades estrechamente ligadas a la economía lujanense, donde miles de familias, pymes, clubes de barrio, industrias e instituciones benéficas perderán el beneficio que les permitía amortiguar el costo de calefaccionarse. Sin excepciones, todos los usuarios deberán hacer frente a un esquema tarifario pleno que amenaza con empujar a gran parte de la población a la pobreza energética.
La gravedad del escenario fue expuesta con crudeza por el intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, quien acompañado por su gabinete advirtió sobre las severas consecuencias para el tejido productivo y social. Según los equipos técnicos de su municipio, la medida afectará de manera directa a 17 mil hogares mercedinos.
El impacto macroeconómico local se traducirá en una pérdida inmediata de masa monetaria para el consumo minorista. Al tener que destinar los usuarios un promedio de $60.000 adicionales por factura a las empresas prestadoras, ese dinero desaparecerá de la economía real de la ciudad. Se estima que, solo en Mercedes, se retirarán más de $1.020 millones de pesos de los almacenes, comercios y profesionales independientes.
De acuerdo a la Oficina de Defensa del Consumidor local, la quita del beneficio consolidará una suba acumulada superior al 800% en los últimos tres años. De esta manera, una factura promedio que en 2023 costaba $10.000 y que este año promedió los $60.000, proyecta saltar a los $110.000 con el nuevo cuadro tarifario. Esta situación obligará a muchos hogares a destinar más del 30% de sus ingresos totales exclusivamente al pago de servicios públicos.
El escenario no es distinto en General Rodríguez. La ciudad, que también integraba el lote de distritos bonaerenses beneficiados por la tarifa diferenciada de la Zona Fría, sufrirá un impacto idéntico en su estructura de costos. La eliminación del subsidio afectará de lleno a la creciente radicación industrial del distrito y a un enorme sector residencial que deberá afrontar el invierno con boletas duplicadas. Esta sangría de recursos en ambas ciudades linderas repercutirá indefectiblemente en el dinamismo económico de toda la zona oeste.
Durante su intervención, Ustarroz ligó este tarifazo al desfinanciamiento estructural que sufren las administraciones municipales por la parálisis de las transferencias nacionales. El intendente detalló que, en lo que va del año, Mercedes dejó de percibir $1.200 millones de pesos en concepto de coparticipación, agravado por el freno total de la obra pública y el corte de programas esenciales.
«Imaginábamos un ajuste pero no que fuera tan salvaje. Así la ecuación no cierra», sentenció el jefe comunal mercedino, desmontando además los discursos que responsabilizan a las tasas comunales por la presión fiscal.
Ante la crudeza de los meses venideros, la estrategia regional parece encaminarse hacia la vía judicial y la organización vecinal. El municipio de Mercedes adelantó que agotará los recursos de amparo para intentar frenar la quita de derechos, mientras Ustarroz lanzó una convocatoria abierta a la resistencia colectiva: instó a articular esfuerzos con los sectores comerciales y a defender a los clubes de barrio y centros culturales, verdaderos espacios de contención frente a la depresión económica.
