«La dignidad no se negocia,
los derechos no se rifan,
y el nombre de nuestras muertas no se olvida».
Virginia Silveira,
Presidenta Mocha Celis
(noviembre 2025)
El 20 de noviembre es el Día Internacional de la Memoria Trans para recordar a las personas asesinadas por motivo de su identidad de género o expresión de género, y para denunciar las violencias estructurales que aún atraviesan sus vidas. No es un homenaje: es un llamado político, un recordatorio de que la transfobia mata y de que la violencia estructural está más vigente que nunca.
En Luján, la interpelación se escucha en la voz de Luciana Leonella Beo, mujer trans de cuarenta y cuatro años —sobreviviente—, militante, presidenta de Juntxs por la Vida, trabajadora, actualmente, de Tránsito Medido (Cooperativa Eléctrica). La pregunta que lanza es un llamado de atención directo a la responsabilidad estatal: «¿Por qué seguimos muriendo en una esquina si existen leyes que deberían garantizar el trabajo de modo que la prostitución no sea una profecía socialmente autocumplida?».
Los avances legislativos (Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género, Ley Provincial 14.783 «Cupo Laboral Travesti Trans» y Ley Nacional 27.636 «Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero Diana Sacayán – Lohana Berkins») constituyen hitos fundamentales en el reconocimiento de derechos. Sin embargo, las desigualdades materiales y simbólicas persisten.
Según el Informe Nacional sobre Población Travesti-Trans (INDEC y Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad): el 62 % de las personas travestis y trans no accede a un empleo registrado; más del 70 % sufrió algún tipo de violencia o discriminación institucional; y la expectativa de vida promedio no supera los cuarenta años.
Luciana levanta la bandera de la resistencia. «Queremos ser visibles vivas, no solo cuando los medios hablan de un travesticidio a la pasada», afirma. Su reclamo es claro: basta de muertes, basta de odio, basta de la precarización que se metaboliza en destino.
Su testimonio desnuda lo que muchas políticas públicas aún no resuelven: la ausencia de oportunidades laborales reales, el incumplimiento del cupo trans, la falta de acceso a la salud integral y a la vivienda digna. «Todavía muchas compañeras dependemos de la calle», dice.
Luciana, como representante del colectivo, exige políticas que se cumplan, presupuestos que existan, instituciones que respondan: vivienda, salud, tratamientos hormonales y acompañamiento psicológico sin impedimentos, cirugías seguras, trabajo formal.
La memoria trans no es un gesto simbólico, es una demanda urgente de justicia. Y en Luján, como en todo el país, esa demanda apunta a lo esencial: sin derechos para las personas trans, no hay justicia social posible.
