El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de Ley Provincial, para crear un Régimen de Alquiler Social, con medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda en alquiler para determinados sectores de menores ingresos.
La propuesta fue acercada al diputado provincial Héctor Rubén Eslaiman, integrante del bloque Fuerza Patria, durante una reunión del Consejo Directivo de la entidad, para su análisis y eventual tratamiento legislativo. Según explicó Luis Colao, presidente de Martilleros BA, el régimen alcanzaría a los contratos cuyo alquiler mensual inicial no supere el sueldo básico correspondiente a la categoría 20 del personal de la Administración Pública provincial, con una jornada de 48 horas semanales, según la Ley 10.430.
Entre los principales beneficios contemplados, el proyecto establece que los honorarios por intermediación inmobiliaria y por la confección de contratos quedarían a cargo de los propietarios, de acuerdo con las escalas arancelarias correspondientes. También prevé que los informes solicitados al Registro de la Propiedad Inmueble sean gratuitos para los inquilinos y plantea revisar el límite de valuación fiscal para acceder a la exención del Impuesto de Sellos.
La iniciativa incluye, además, la eliminación de cargos vinculados con la conexión, reconexión, depósitos y cambios de titularidad de los servicios públicos para los contratos alcanzados. A su vez, propone facilitar la acreditación de los contratos ante las empresas prestadoras mediante certificaciones gratuitas para los locatarios.
En relación con los propietarios, se plantea crear un régimen especial de incentivos y simplificación fiscal para quienes incorporen viviendas que cumplan con las condiciones establecidas. La propuesta contempla exenciones impositivas e invita a los municipios bonaerenses a adherir mediante beneficios sobre tasas y derechos.
Colao destacó la importancia de aplicar criterios de segmentación para orientar la asistencia hacia los grupos sociales que más la necesitan, teniendo en cuenta las diferencias territoriales y socioeconómicas de la provincia.
El titular del Colegio también señaló que la responsabilidad de garantizar el acceso a la vivienda corresponde al Estado, aunque consideró que la articulación entre el sector público, los propietarios y los profesionales inmobiliarios puede contribuir a facilitar el ingreso al mercado de alquileres de los sectores de menores ingresos.
El proyecto deberá avanzar en el ámbito legislativo para que sus alcances y condiciones puedan ser debatidos.
