Foto: Ladran Sancho

La campaña se metió de lleno en el Concejo Deliberante y entre spots y declaraciones electorales, la relocalización de las familias de Ameghino quedó en suspenso.

Funcionarios del ejecutivo lograron que el predio de Chediack donde se asentaron alrededor de 25 familias en el barrio Ameghino fuera desalojado sin que intervengan fuerzas policiales y por voluntad propia, mediante el ofrecimiento de una relocalización a terrenos fiscales en el barrio Los Laureles y en la localidad de Olivera.

El mismo miércoles en el que se fijó la fecha de desalojo ordenada por el Poder Judicial, las familias firmaron el acta con el director de Políticas Sociales, Carlos Romero y la directora de Tierras, Silvia Comand en el Centro de Atención Primaría de la Salud, en el barrio Ameghino y abandonaron pacificamente los terrenos de la calle Del Pilar y la Ruta 34.

Antes, Claudio Ubertino Rosso, secretario de Legal y Técnica, había informado a las familias que parte del proceso de relocalización implicaba la aprobación del Concejo Deliberante y que se realizaría ad referendum, con la firma de los presidentes de cada bloque. También aseguró que había acuerdo político para avanzar.

Conocida la noticia, se dieron reclamos vecinales en ambos sitios, sin demandas claras pero exponiendo la falta de obras de infraestructura y servicios públicos, y políticas de acceso a la tierra y la vivienda tanto en Olivera como en Los Laureles.

En paralelo, el presidente del Concejo Deliberante, en modo candidato, salió a plantear que estaba en contra de la toma de tierras y que recurrir al poder legislativo para convalidar el acta ponía a los concejales “en una posición incómoda, expuestos a presiones de todo tipo”. Algo empezó a oler mal.

Recientemente, Casset insistió con el mensaje de «estoy en contra de la toma de terrenos» y de «premiar a aquellos que bordean la ley». También respondió críticas de la prensa: «Hay algunos periodistas que pintándose como progresistas dicen que lo que yo digo no implica una solución habitacional». Algo seguía a oliendo mal.

Tras el paso de los días sin novedad, varias personas se acercaron al municipio para pedir información sobre el avance del proceso burocrático y comprobaron que ni el oficialismo ni en la oposición hay acuerdo para aprobar el acta. El Concejo entró en campaña y la promesa de relocalización se transformó en una verdadera intriga. Nadie quiere comprarse un lío en este octubre electoral y acusan que el expediente tiene irregularidades.

Sin respuestas claras, varias mujeres se entrevistaron con Ubertino Rosso, Carlos Romero y algunos concejales. Esta mañana, volvieron al municipio con una nota en la que piden «soluciones urgentes a nuestros problemas de vivienda ya que no podemos hacerlo por nuestra cuenta».

En la nota que firmaron y entregaron, las mujeres piden la «implementación del protocolo de intervención atento a la orden de desalojo» y aseguran que «algunos ediles están en desacuerdo con esta definición, pero en todo caso, pedimos a ustedes una reunión para que nos planteen qué propuesta alternativa pueden brindarnos para solucionar el problema».

En plena peregrinación por oficinas y despachos, las mujeres sin alternativa habitacional siguieron de cerca a funcionarios y ediles estos últimos días, y ante una promesa que se vuelve cada vez más difusa, apareció un plan B: presentar una propuesta para que el municipio subsidie el alquiler de las familias que lo necesiten por seis meses, mientras se estudian y proponen modificaciones al expediente original.

Parece haber acuerdo entre las fuerzas con representación en el Concejo Deliberante para avanzar con parches garantizando un techo provisorio y postergar las decisiones de fondo que hace al dominio de las tierras fiscales. Por estas horas, hay quienes pelean cupos y quienes ponen trabas.

La medida podía ingresar este viernes al despacho de Casset en la Presidencia y tratarse el próximo lunes. En buen criollo, patear la pelota hasta que pasen las elecciones.

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