Manzano, Gramercy, BlackRock y Fidelity detrás de la Termoeléctrica

La habilitación de la termoeléctrica volvió a la agenda política a partir de un nuevo pedido que busca la regulación definitiva. Detrás, hay intereses para nada locales. 

La disputa por la habilitación de la termoeléctrica ocupó la agenda política durante más de un año en Luján. Luego de varias idas y vueltas, el proyecto que buscaba cambiar la zonificación el Honorable Concejo Deliberante devolvió el proyecto al Departamento Ejecutivo en 2019.

Con el cambio de accionistas de la firma se volvió a agitar el avispero. Tomás Araya y Juan Puigbo, en representación de Araucaria Energy, presentaron una carta al Intendente municipal y al Presidente del Concejo Deliberante donde informaron cambios societarios en la firma y solicitaron la habilitación de la central termoeléctrica ubicada en ruta N°6 y N°34.

Lo que solicita Araucaria Energy es que el Concejo Deliberante realice un cambio de uso de suelo de Área Rural a Zona de Uso Específico: Infraestructura de Servicios, Estaciones y Subestaciones de Transferencia de Energía Eléctrica. Con eso, la central termoeléctrica tendría el requerimiento final para su habilitación y podría volver a funcionar luego de dos años de inactividad.

Nuevos inversores, viejos conocidos

Desde 2016 cuando se fundó, Araucaria Energy estuvo bajo el control de la empresa canadiense Stoneway Capital Corporation, controlada por Stoneway Group LP, en la que participaban el inversor Rogelio Nores y So Energy International.

Para comenzar el negocio, la empresa emitió un bono por US$500 millones en el mercado norteamericano para invertir en la Argentina. Gramercy otorgó un préstamo de US$220 millones a la canadiense Stoneway Capital.

Gramercy es un fondo de inversión que opera principalmente en mercados emergentes. En 2010 reestructuró bonos en default del Estado Argentino por un valor nominal de 2.700 millones de dólares. Fue la firma que lideró el Grupo de tenedores de bonos reestructurados frente al grupo de los fondos buitres que recurrieron al juez Griesa en Nueva York para torcer la voluntad del gobierno nacional.

En el primer trimestre de 2020, Stoneway entró en default al no pagar una cuota de US$30 millones correspondientes al préstamo otorgado por Gramercy. Desde ahí, la empresa conducida en Argentina por Gustavo Ferraro absorbió las acciones de Araucaria Energy.

Gramercy designó a Roberto Helbling y a Juan Ignacio Sánchez Alcazar, para tratar de reestructurar la situación contable de la empresa. Mientras que Rogelio Nores llegó a un acuerdo con José Luis Manzano, exministro del Interior de Carlos Menem, y le cedió el control legal de la firma.

Con las nuevas modificaciones, las acciones de Araucaria Energy se reparten en un 50% para el grupo Integra de José Luis Manzano, y otro 50% permanecerá bajo el control de Gramercy/Gemcorp.

¿Manzano? Fue diputado nacional con tan solo 27 años, también fue ministro del Interior durante el gobierno de Carlos Menem. Además fue vicepresidente, primero, y presidente, después, del Bloque de Diputados del Partido Justicialista (PJ).

Lidera Integra Capital, empresa que desarrolló proyectos por más de US$17 mil millones en financiamiento e inversión. Junto con Daniel Vila, compraron Edenor a Pampa Energía, la distribuidora y comercialización de energía eléctrica dentro de la zona noroeste de la Ciudad de Buenos Aires y 20 partidos del conurbano bonaerense.

Entre las principales compañías en las que participa se encuentra el Grupo América, Phoenix Global Resources, Metrogas, Patagonia Fly, Interoil y Andina PLC. Algunas de ellas cotizan en la Bolsa de Valores de Londres, el Mercado AIM y la Bolsa de Valores de Buenos Aires.

Todos quieren su porción

En septiembre del 2020, Manzano y Gramercy repartieron las acciones de Araucaria Energy fifty-fifty. Los términos y condiciones del acuerdo entre socios fueron respaldados por los fondos acreedores, entre los cuales figuran BlackRock y Fidelity, quienes decidieron no ser parte del capital, pero tendrán un miembro de la junta, que calificará como «independiente» y se reservará la posibilidad de bloquear el concurso de firmas. Es decir, sin su aval no prosperarán las decisiones.

Desde que alcanzaron este acuerdo, Araucaria contó con 90 días para renegociar la deuda que mantiene con esos fondos y presentar el acuerdo final a los tribunales canadienses para su aprobación. El plazo venció el 31 de marzo sin que se haya regularizado la situación.

Los fondos, que tienen preferencia de cobro, se presentaron ante la justicia de Canadá para solicitar amparo bajo la Ley canadiense de Acuerdos de Acreedores de Sociedades Comerciales. Lo que piden BlackRock y Fidelity es que se designe a un oficial responsable de la reestructuración que pueda dirigir las operaciones, la administración y los asuntos financieros de Stoneway Capital Corporation, Stoneway Energy International LP y Stoneway Energy LP.

La estrategia de Manzano y Gramercy fue acogerse al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos para bloquear que fondos encabezados por BlackRock tomen control de los activos de la compañía en la Argentina.

La empresa estimó sus pasivos en entre US$1.000 millones y US$10.000 millones, en comparación con activos estimados en US$500 millones a US$1.000 millones. La disputa abre un conflicto jurisdiccional, ya que deberá resolverse si prima la justicia estadounidense, donde Stoneway tiene cuentas bancarias y emitió el bono por US$500 millones, o la canadiense, país de origen de la firma.

Un fallo en contra

Manzano y Gramercy tienen dos grandes inconvenientes: la renegociación de los US$660 millones que debe la compañía, fundamentalmente a BlackRock y Fidelity, fondos buitres que operaron contra Argentina, y la habilitación definitiva de las centrales termoeléctricas ubicadas en Pilar y Luján.

La comunidad de Pilar y Luján movilizan desde 2017 para impedir la instalación de las centrales. Con ayuda de abogados judicializaron la radicación de Araucaria Energy y obtuvieron un primer triunfo por parte de la Corte Suprema de Justicia de Argentina.

Tras un fallo de la máxima instancia judicial, donde le exigió a la Cámara Federal de San Martín que emita un nuevo fallo que valore el posible daño al ambiente, los tribunales confirmaron la clausura preventiva de las dos centrales ubicadas en Pilar.

Para la central ubicada en Luján existe un expediente similar que está siendo revisado por la CSJN y se espera que el fallo vaya en la misma sintonía que en el caso de Pilar. En simultáneo, los representantes de la firma avanzan en el pedido para regularizar la situación desde el Concejo Deliberante de Luján.

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