El intendente dijo que analizará las posibilidades pero no ofreció garantías a las 16 familias que exigen una alternativa para no volver a la calle. Dijo que en las próximas horas estudiará el caso y se reunirá con la firma Chediack.

La semana comenzó de la peor manera para las familias que, desamparadas, sufrieron un violento intento de desalojo tras tomar posesión de varios lotes abandonados donde termina la traza urbana del barrio Ameghino, entre las calles Del Pilar y la Ruta 34. Zona abandonada por años y que se ha convertido prácticamente en un basural.

El procedimiento policial y la actuación judicial violó normas y procedimientos. “Se van porque yo soy la autoridad” fue la frase, pronunciada por el comisario Juan Pablo Ponte Wisto que resume el papelón de las fuerzas que intervinieron sin orden judicial ni denuncia penal formulada.

Las vecinas lograron resistir y entre la mañana del martes y lo que va de este miércoles, en la Secretaría de Políticas Sociales mantuvieron entrevistas. El compromiso del área fue asistir a las mujeres y sus niños y “generar alternativas” mientras dure la ocupación tras la confirmación de que las tierras le pertenecen a la empresa Chediack.

Durante la tarde lograron una audiencia con el intendente Oscar Luciani. Al ingresar a su despacho hicieron entrega de una nota donde dan cuenta que la ocupación fue pacifica, que el procedimiento de la policía fue violento y donde exigen información fehaciente sobre la titularidad de los lotes.

Luciani acusó tener poca injerencia y se resguardó en el proceso judicial que está en marcha y lleva adelante la Fiscalía. Aunque se comprometió a «hablar con la empresa haber si podemos llegar a un acuerdo según el espacio comunitario que tengan que ceder, los derechos de parcelamiento, etc. Hay variables» pero no pudo garantizar que la suspensión del desalojo. «Si ven movimiento avisen» respondió. Ni chicha ni limonada.

Por eso el grupo de vecinas que representó a las familias que mantienen la ocupación en el barrio Ameghino también exigió garantías en caso de producirse un desalojo amparadas en el Protocolo de la Provincia de Buenos Aires.

La segunda opción que baraja el intendente según comunicó es buscar otras tierras (fiscales) y por último disponer subsidios de alquiler y para mejoras habitacionales aunque las vecinas tuvieron que explicar que las alternativas no sirven mientras tengan vulnerado el derecho a acceder a la tierra.

Por ahora, las vecinas ganaron tiempo y expusieron el rol del Estado en un conflicto marcado por la desigualidad entre quienes nada tienen y un acaudalado empresario.

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