julio 14, 2024
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Luján

Los y las despedidas de Milei: “De nuestro trabajo dependía que una persona reciba su medicamento oncológico”

Tras más de una década, Mariel Pérez fue cesanteada de la administración nacional a sus 56 años. La trabajadora ingresó en 2012 al CDR de Luján, un espacio clave para acercar el Estado a la ciudadanía.

Los despidos masivos con los que el Gobierno nacional desguaza la estructura del Estado son historias de trabajadores y trabajadoras que, en muchos casos, dejaron tiempo de su vida y dedicación a la atención de un otro.

Con los despidos, no solo se pierden fuentes laborales sino políticas públicas y derechos que son vulnerados. Cada cese implica que cientos de personas tengan menos respuesta del Estado y que la igualdad de oportunidades sea solo un eslogan de una sociedad cooptada por la meritocracia.

Esta es la historia de Mariel Pérez, una de las despedidas del Centro de Referencia (CDR) de Luján. El 28 de junio recibió a través de un correo electrónico la no renovación de su contrato.

Junto a ella, también perdió su trabajo el encargado del Plan Potenciar. Pero en marzo, ya había llegado otra tanda de despidos. Una psicóloga con 30 años de antigüedad a punto de jubilarse, un administrativo con 22 años de servicio, una empleada administrativa y a una trabajadora social que luego fue reincorporada.

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Mariel nació en Capital Federal, pero a los pocos años de vida se fue a vivir al sur. Su padre, un laburante de la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) llegó a Río Turbio a trabajar en la mina de carbón. Allí se crió, pero en la adolescencia migró nuevamente a la Provincia de Buenos Aires en búsqueda de estudios.

Estudió en La Plata, pero con la crisis económica y su primer embarazo tuvo que cambiar de rumbos. Llegó a Luján y comenzó a estudiar magisterio, donde se recibió como docente y comenzó a trabajar en diferentes escuelas.

En 2005 comenzó a militar para la campaña de diputada de Graciela Rosso. Le metió a la recuperación de la Sociedad de Fomento del Juan XXIII y en 2007 integró la lista como concejal, que llevó a la exintendenta a San Martín 550. En ese período, se desenvolvió como secretaria de bloque hasta que asumió como concejala para cubrir una licencia.

Tras dejar el municipio, quedó desempleada. Unos viejos amigos del sur le propusieron ingresar al Ministerio de Desarrollo Social. Eso fue en 2012. Por algún tiempo viajaba todos los días a Capital Federal. Pero ese año se abrió el CDR Luján y el inicio de lo que sería su empleo por 12 años ininterrumpidos. 

Fue la administrativa del CDR de Luján. Recuerda gestiones claves para familias que lo necesitaban. Uno de los momentos de más presencia del Estado fue con el programa de “Ayuda Urgente”.

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“Nos llegaba un camión a las 8 de la mañana y salíamos a recorrer todos los barrios para golpear puerta por puerta para entregar chapas, materiales, colchones para solucionar el problema habitacional de muchos vecinos”, recuerda Mariel.

Durante la pandemia fueron esenciales. Salieron al territorio a bancar la parada y a acercarle al vecino la ayuda estatal. “Vimos al Punto Ciudadano, a las sociedades de fomento, éramos Desarrollo Social, teníamos que estar en la calle para que los vecinos accedan a los programas sociales”, resalta.

Los CDR eran oficinas del antiguo Ministerio de Desarrollo Social, luego parte del Ministerio de Capital Humano. En estos centros, se realizaban tareas esenciales como apoyo a familias en situaciones de precariedad habitacional e incendios, gestión de medicamentos de alto costo, programas sociales como el monotributo social y la tarjeta Alimentar, así como también la organización de talleres en huerta, Monotributo Social y otras capacitaciones de distinta índole y la articulación con las distintas instancias como organismos municipales, provinciales y nacionales.

“De nuestro trabajo dependía que una persona reciba su medicamento oncológico, una chapa o pudiera tramitar su monotributo social para poder facturar en su emprendimiento que de otra forma no podrían. Quieren reemplazarnos por un 0800, pero la gente no tiene acceso a la tecnología como en otro momento”, sintetizó.

Con el macrismo, los CDR también fueron un sector del Estado alcanzado por los despidos y el ajuste. En aquel entonces echaron a cuatro laburantes cuyos despidos injustificados movilizaron a la comunidad, y dejaban a Luján y a otros siete municipios sin la posibilidad de gestionar pensiones por discapacidad.

En aquellos días como hoy, se trata de desguazar al Estado y calificar como ñoquis a los trabajadores públicos. Mariel reniega de aquel mote. Recuerda que sus jornadas se podían extender de 8:00 a 21:00. Pero no había quejas, “a nosotros nos gustaba nuestro trabajo. A todo el equipo nos motivaba trabajar en el territorio”, asegura.

Tampoco se lamentaba del sueldo como trabajadora, pero sí de ese mito que circula sobre lo que ganan los empleados del Estado. “Nuestro sueldo era de menos de 500 mil pesos. Se creen que por despedir a los trabajadores les va a alcanzar para pagar la deuda externa. En la gente hay una idea de que el empleado estatal es rico”, expresa.

Durante los 12 años que trabajó en el Estado lo hizo con condiciones de precarización. Durante 10 años peleó por la recategorización que llegó en 2022. Todos los años debía firmar su contrato laboral y nunca se abrió el concurso para la planta permanente.

En 2024, con la llegada de Javier Milei al Estado Nacional, la incertidumbre se profundizó aún más. La renovación pasó a ser trimestral y el bastardeo fue constante. Con la primera tanda de despidos, se quedaron sin oficina: el Estado no renovó el contrato de alquiler.

El cierre de los CDR se suma a la eliminación de programas como Potenciar Trabajo, Mi Pieza y Mi Baño, y la interrupción en la entrega de medicamentos de alto costo. A eso se le sumó la falta de un responsable político y la designación de tareas concretas. “Nos sacaron la oficina, cerraron los programas, y no nos asignaban tareas. De todas formas, nosotras estamos acostumbradas a reinventarnos y seguíamos ayudando al vecino y participando de diferentes articulaciones”, sostiene Mariel.

El final comenzó a ser cada vez más marcado, aunque la esperanza fue lo último que perdió. El 25 de junio, la administración central envió un correo a las trabajadoras con una encuesta de Google Forms donde consultaba la posibilidad de cambiar de funciones.

Sin embargo, el despido se consumó. Sin telegrama, la notificación llegó un viernes a las 19.17 de la tarde con un correo electrónico: “Por medio de la presente, se le notifica que el contrato celebrado oportunamente con Ley 25164, cuyo vencimiento opera el 30 de junio del corriente año, este Organismo, en el marco de lo dispuesto por el Art. 9 del Anexo de la Ley 25164, cuyo vencimiento opera el 30 de junio del corriente año, no será renovado”. 

La notificación le sacó el empleo a Mariel, pero no le sacó trabajo. Su militancia ahora pasará por mostrar las consecuencias del ajuste y los pedidos. “Lo que están haciendo es sacar la presencia del Estado en los territorios”, sostiene, y agrega: “Esto no me afecta solo a mí que perdí el trabajo, sino a los vecinos de Luján que no van a tener donde hacer un trámite”.

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