Foto: Julieta Brancatto

Funcionarios de Tierras y Políticas Sociales fueron denunciados en Olivera. Varias familias quedaron en el margen legal del proceso de relocalizaciones y desde la gestión piden despejar la zona para la construcción de un parque lineal.

Otra vez la calesita burocrática marea a las familias que no cumplen con “todos los requisitos” para acceder a los derechos básicos que garantizan la vida digna y las alternativas se acotan en lo político para dar paso a la vía judicial.

Desde la Dirección de Tierras quieren avanzar con un plan de parques lineales que no interfieran con el cauce del Río Luján y su posible desborde en la zona inundable de Olivera. El problema que tiene la gestión radica en que hay varias familias que habitan la considerada “zona roja” pero no cumplen los requisitos para ser relocalizadas en la obra que recientemente culminó el Movimiento de Trabajadores Excluidos y que gestiona el municipio: haber sido censados en 2015 por inundación, haber estado evacuados en algún momento y entregar la tierra que habitan, entre otros.

Aunque los casos tienen sus particularidades comparten como factor común: el hecho de habitar terrenos sin regularizar su situación dominial, es decir; carecen de escritura pública. Aunque pueden presentar boletos de compra venta, acreditaciones en ARBA e impuestos pagos al día que justifican su permanencia en el lugar.

En una recorrida que realizaron la directora de Tierras y Vivienda, Dra Silvia Comand y el director de Políticas Sociales, Prof Carlos Romero se cruzaron con vecinos en un episodio poco feliz y se anotaron la primer denuncia del año en fiscalía.

El caso particular no es de residentes sino de una familia que se encuentra construyendo en un terreno que adquirieron con papel de compra venta según declararon en sede judicial. Una denuncia en la UFI Nº 9 realizada por la mujer que se presentó como propietaria del lugar y miembro de la fuerza policial brinda una versión según la cual la Dra. Silvia Ángeles Esther Comand se negó a presentarse y les dijo a los vecinos: “Esto es propiedad privada. No me voy a presentar. Por pendeja pelotuda vas a ser la primera a la que le voy a sacar y romper todo”.

Por pedido de la mujer y de los funcionarios acudió la policía para mediar. En el expediente consta que la denunciada Comand tras la intervención policial cargó nuevamente contra la mujer diciéndole que “Yo soy abogada, no sabes con quien te metiste. Voy a hacer que de arriba te hagan un sumario administrativo, te voy a hacer echar de la fuerza”.

La denuncia se amplía al Director de Políticas Sociales, Carlos Romero. Aunque sobre él no hay declaraciones que lo comprometan y en el ámbito municipal el tema no representa mayor preocupación. Según refirió el funcionario de Políticas Sociales se trata de personas de Avellaneda que citadas a la oficina de Tierras se negaron a asistir con los papeles de compra venta para analizar el caso.

En tanto, en representación de otras familias, el Dr Roberto Daniel Rotondaro se reunió en la oficina de Tierras para intentar destrabar la situación pero no hubo acuerdo. Informalmente le adelantaron que rechazarán la solicitud de regularización dominial y avanzarán en el plano judicial para resolver la situación de las familias que se niegan a ser relocalizadas o que no cumplen con los requisitos.

La mecánica se emplearía al menos para las dos primeras cuadras que dan al río, consideradas “zona roja” y que desde la gestión necesitan despejar para avanzar con el parque lineal. En cualquier caso, los funcionarios dejaron en claro que no procederán a desalojar o demoler ningún inmueble sin orden judicial.

El único caso que desde el municipio consideraron que puede tratarse como “flagancia” y que permitiría desalojo inmediato es el de la familia denunciante y es el único que cuenta con una causa abierta a propósito de la intervención policial y la denuncia radicada por la familia contra los funcionarios. Por ahora, reina la incertidumbre tambien para ellos.

El abogado patrocinante de las familias afectadas aclaró a este medio que “no existe decreto u ordenanza que disponga el despeje de la zona” y que los funcionarios se basan en el fallo de la jueza Arroyo Salgado que suspende la construcciones en zonas inundables que pudieran modificar el cauce del río pero que no es vinculante para estas familias.

En los márgenes legales y por ahora en suspenso quedan tres familias en Olivera y sin alternativas desde la política pública el asunto avanzará por vía judicial según anticiparon ambas partes.

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5 Comentarios

  1. En mi caso tengo la escritura en proceso por la ley pierri, pero la misma se encuentra frenada. Soy la casa mas cerca del río, y compre hace un año sabiendo lo que ocurria y todo legalmente. Ellos la unica solución que me dan es reubicarme en una casa a comodato, sin reconocer el valor de la propiedad, quieren darme algo que nunca va a poder ser mio ni de mis hijos. A su vez no toman en cuenta la condición de mi hijo con discapacidad al cual favorece nuestro espacio. Gracias por publicar la nota ya que nadie en lujan nos escucha!

    • Hola Diego. Me parece que vamos a ser varios a quienes nos va a perjudicar esta situación. Creo que vamos a ser varios.
      Me parece que se van a mandar el gran negocio inmobiliario y van a querer corrernos de algún modo, para expropiar por cualquier modo nuestras tierras.
      Podríamos agruparnos, pienso

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