Con el resultado cantado varios actores debatieron en la UNLu en torno a la ley que permitirá urbanizar villas y barrios populares. En una mesa amplia y diversa hubo coincidencias respecto a las deudas de la democracia en las políticas de acceso a la tierra y la vivienda, el rol de las organizaciones sociales y la implementación de la ley.

Lunes por la noche, a poco de tratarse en el Senado la media sanción que resta a la ley de barrios populares legisladores, militantes y académicos debatieron en torno al instrumento que promete garantizar titulo de propiedad a más de 4 millones de personas en 4.416 barrios del país, suspender los desalojos y facilitar la tramitación de servicios.

En la Cámara de Diputados la ley obtuvo su media sanción por unanimidad. Las grandes discusiones habían formado parte de la antesala de aquella votación y de ésta: movilizaciones, borradores, pre-proyectos y un tire y afloje entre gobierno y organizaciones que duró meses.

Por las comisiones del Congreso hubo argumentos para cada gusto en jornadas interminables donde se expresaron legisladores, movimientos sociales y académicos, hasta que finalmente el proyecto encontró consenso y se rumbeó hacia el tratamiento legislativo.

Resta la media sanción de Senadores pero para la mayoría no está en discusión. “Será ley o nos tendrán que aguantar durmiendo en el Congreso, porque si algo aprendimos es que no se gana nada esperando, se gana lo que se pelea” anticiparon los oradores que representaban a los movimientos sociales y asintieron legisladores y funcionarios.

En el aula 203 de la Universidad Nacional de Luján entró cómodo un público reducido pero interesado en escuchar al Diputado Nacional Fabio Quetglas (Cambiemos), el coordinador regional de RENABAP Pedro Vargas (MTE), el integrante de TECHO Francisco Ferrario y el miembro de la mesa directiva de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Agustín Burgos.

Luis Zanazzi, ex funcionario de Oscar Luciani y actual miembro del Comité Ejecutivo del Instituto de la Ciudadanía Metropolitana ofició de presentador y no escatimó elogios para introducir a cada orador frente al intimo auditorio.

Al diputado Fabio Quetglas le tocó romper el hielo. Hizo un repaso historico por las dificultades para acceder a la tierra y la vivienda en Argentina y contextualizó que en América Latina tenemos desigualdades sociales que se expresan en el territorio. En Argentina hasta los 70 los migrantes ingresaban al país de forma incluyente. Con empleo remunerado, acceso a la tierra, la vivienda o la posibilidad de autoconstruir su casa a través de loteos populares, con acceso a servicios, etc. A partir de la crisis del petroleo una serie de variables de la economía cambian las formas de acceso a derechos básicos de las clases populares y de forma cada vez más preocupante dejan de acceder a una vivienda digna”

Para el legislador radical, la ley de Barrios Populares podría ser un nuevo golpe al timón de la política nacional, está vez en favor de los más perjudicados en el reparto desigual de la renta. Analizando cómo llegó el proyecto a ganar consenso y peso teórico, pondera el trabajo de los movimientos sociales. “El estado no podría haber hecho esta ley sin las organizaciones sociales. Rápidamente tuvimos información que nunca se había relevado en todo el territorio nacional y pudimos empezar a esbozar ideas y alcanzar acuerdos”.

Sobre las últimas lineas de su primera intervención, Quetglas ganó soltura y miró la cosa desde arriba. “La persona que recibe el certificado de vivienda pasa a estar en otro marco, el Estado ahora le puede cobrar tributos que antes no, se convierte en sujeto de crédito, etc”.

El diputado radical pasó a primera fila del auditorio para escuchar a los referentes de los movimientos sociales. A su lado quedaron el director de planeamiento urbano, Carlos Patetta y el sub secretario de Politicas Sociales Carlos Romero.

Pedro Vargas (MTE) tomó la posta y como coordinador regional del Registro Nacional de Barrios Populares explicó el proceso de relevamiento de familias y barrios, mostró datos y respondió algunas consultas de los funcionarios locales.

“En agosto de 2016 comenzamos con el primer relevamiento que incluyó más de 100 mil personas, 12 mil viviendas y la confección de un mapeo digital. Pasaron varios meses hasta agotar el trabajo y censar a los 4.416 barrios”.

El resultado arrojó cifras desconocidas para el Estado pero previsible para las organizaciones sociales. En las barriadas se expresan en:

  • 93,81% no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente
  • 98,81% no cuenta con acceso a la red cloacal
  • 70,69% no cuenta con acceso formal a la red de energía eléctrica
  • 98,49 no cuenta con acceso formal a la red de gas natural

“La mayoría de los acentamientos se da en tierras privadas, muy poco en espacios públicos del ámbito local, provincial o nacional” amplió el coordinador regional de RENABAP.

Durante la explicación del proceso de relevamiento de datos, Vargas hizó hincapié en que a partir de 2017 se habilitó la entrega de certificados de viviendas para las familias censadas. Con el documento que declara de interes público y sujeto a expropiación los terrenos, la gente tiene un papel que les otorga reconocimiento y puede comenzar a tramitar servicios básicos que antes les eran negados.

Sin embargo, el expositor explicó que “todavía hay vecinos que van a pedir el servicio y cuesta que reconozcan el certificado. Es posible que  la ley termine de saldar estas cuestiones. Ya no habrá más excusas”. Vargas fijó que en promedio los barrios censados tienen 20 años de antigüedad. Con el dato sobre el power point concluyó que el acceso a la tierra y la vivienda “es una deuda histórica de la democracia”.

El muchacho de TECHO que estaba un poco más alejado ocupó la silla del primer orador para continuar la charla. Francisco siguó la línea que le dejó Vargas y remarcó que “los propios municipios desconocen los barrios populares por más que tengan 20 años de historia”.

El jóven no escondió sus diferencias con el resto de los oradores y por el contrario enfatizó el dialogó como método entre sellos y organizaciones para llegar al consenso. “Fue difícil ponernos de acuerdo en qué es un “barrio popular”, cómo hacer los relevamientos, qúe datos necesitábamos, y dejar de lado las diferencias”. Coincidimos en darle voz al vecino para que exprese su día a día y que quede plasmado en las estadísticas con números que son fríos pero que para nosotros hablan de un Estado ausente y de luchas y procesos organizativos por detrás”.

El cierre estuvo a cargo de Agustín Burgos, miembro de la mesa directiva de la Confederación de Trabajadores de la Economia Popular. “Nosotros decimos que la ley se asienta sobre una enorme deuda de la democracia. Lo expresan los números de estas estadísticas y quien no los conoce solo tiene que ver la realidad que vivien nuestros compatriotas” arrancó.

El dirigente social apuntó que “los barrios populares crecen cuando se agudizan las crisis, el deterioro del tejido productivo, el empeoramiento de las condiciones laborales, etc. Somos parte de ese proceso todos y todas, aunque no vivamos las mismas experiencias. Por eso a la deuda debemos saldarla con solidaridad. Si hay gente que vive en malas condiciones el problema tiene que ser de todos y todas”.

En su turno como orador prefirió poner el enfasis en la idea de que “se gana lo que se pelea” y reivindicar los procesos reividicativos por abajo, la capacidad de trabajo de los movimientos sociales y la generación de concenso. Burgos dio por sentado el resultado favorable para la votación del miercoles en el Senado, “saldrá la ley o dormiremos ahí” dijo.

Sobre el cierre, abrió una puerta de cara a lo que viene, “esta ley es el principio de la pelea para nosotros porque sabemos que sin fuerza social la ley es letra muerta. Por eso vamos a seguir peleando para que se reglamente, se instrumente y se haga cumplir para que disminuya la terrible desigualdad que hay en nuestro país”.

Tras los aplausos, vinieron las fotos y entre saludo y saludo los expositores aprovecharon que tenían a tiro a funcionarios del municipio para pedirle que instrumenten mecanismos locales para la implementación de la ley. “Los municipios van a tener un rol importante” adelantó sin detalles el Diputado, ante las muecas de sus pares de mesa, mientras se retiraba el público.

Fotos: Julieta Brancatto

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