Las arcas de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires atraviesan uno de los momentos financieros más críticos de los últimos años. Durante el primer trimestre de 2026, las transferencias automáticas enviadas por el gobierno provincial totalizaron $1,33 billones, lo que en términos reales representa la peor marca para un trimestre completo desde el pico de la pandemia en 2020.
Los datos se desprenden de un reciente informe elaborado por la consultora PPA, en base a cifras del Ministerio de Economía bonaerense y el INDEC. El relevamiento advierte que el volumen de recursos transferidos entre enero y marzo quedó un 3,8% por debajo del mismo período de 2025.
La diferencia más dura se sintió en marzo, que cerró con una pérdida de $36.849 millones a valores constantes (una caída real del 8,2%). La principal causa de este retroceso fue el derrumbe de la Coparticipación Bruta, que sufrió una merma interanual del 18,6%, un desplome que no se veía desde la etapa de aislamiento estricto en mayo de 2020. Si bien nominalmente los fondos a las comunas crecieron un 21,7%, la inflación acumulada del 32,6% terminó licuando el poder adquisitivo de esos ingresos.
Del total de $410.302 millones transferidos en marzo, el 74% correspondió a la coparticipación de impuestos, mientras que un 13,9% provino del Fondo de Financiamiento Educativo y un 4,7% del Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales.
El informe detalla que la brutal caída de la coparticipación se vio «parcialmente compensada» por un extraordinario aumento real del 193,3% en el Fondo Educativo. Sin embargo, esto representa un grave problema estructural para las finanzas locales: al tener una afectación específica por ley, ese dinero solo puede destinarse a educación e infraestructura escolar. Esta dinámica profundiza la rigidez presupuestaria de los intendentes, dejándolos con un margen de maniobra drásticamente reducido para cubrir gastos corrientes urgentes, servicios esenciales y salarios municipales.
El impacto del recorte no fue igual para todos. La actualización de los coeficientes arrojó un escenario donde apenas 26 distritos lograron superar a la inflación en el acumulado trimestral. Entre los más beneficiados se ubicó General Rodríguez (+7,2%), acompañado por Carmen de Areco (+10,2%), Lobos (+7%), Chacabuco (+6%) y Campana (+5,4%).
En la vereda opuesta, 75 municipios sufrieron caídas reales superiores al 3%. Los más perjudicados por la merma de recursos fueron San Isidro (-13,5%), Pinamar (-12,9%), Vicente López (-12%), Villa Gesell (-11,3%) y Monte Hermoso (-10,9%).
El Caso de Luján no escapa a la realidad de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, ya que a principio de año, los números volvieron a encender señales de alerta: por tercer año consecutivo, el distrito perdió terreno en el reparto de fondos provinciales, de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD) correspondiente a 2026, el indicador clave que define cómo se reparten los recursos coparticipables entre los municipios bonaerenses.
Sin importar el color político, los jefes comunales bonaerenses se enfrentan hoy a un complejo escenario de ajuste fiscal. Con recursos automáticos en franco deterioro y una inflación que no da tregua, las administraciones locales deben hacer malabares para sostener su funcionamiento cotidiano.
