Casi 40 años de democracia y la sucesión de frustraciones han llevado a algunos sectores a despreciar las prácticas y los procedimientos republicanos. El “formalismo” parece ser un defecto, y se descalifica como “un exceso” al apego a los reglamentos.
Esta semana, en el Concejo Deliberante, que es la institución que representa a todos los vecinos y las vecinas de Luján, ocurrió algo de eso. El oficialismo, a quien no convenía discutir las graves falencias de las cuentas municipales del intendente Leonardo Boto, recurrió a lo que encontró a mano para impedirlo (retirar del temario un dictamen de comisión, rechazar la inclusión de otro despacho, levantarse de las bancas e irse de la sesión).
Y la oposición, para disimular su pereza en el trabajo en comisiones, ofreció firmar a favor de lo que rechazaba, y hasta quiso interpretar el reglamento para inutilizarlo. Un empate de despropósitos.
Desde ambos bandos se esgrimió la defensa de aquello que precisamente se estaba dañando: el respeto por el funcionamiento de las instituciones, que solo es posible si se cumple puntillosamente con las normas, y si además se ejerce responsablemente la representación delegada por el pueblo.
Lamentablemente, no es la primera vez que el Concejo incurre en este tipo de desvíos a lo largo de los últimos dieciocho meses. En este tiempo ha habido desplazamiento de trabajadores, designaciones arbitrarias, una denuncia penal infundada y arbitraria contra ciudadanos, la convocatoria y el desarrollo irregulares de una sesión, el impedimento a la asunción de una concejal suplente y hasta extralimitaciones presupuestarias por casi un millón y medio de pesos.
Todo eso ha sido posible gracias a los “acuerdos” entre los que hacen y los que dejan hacer. Es el mismo acuerdismo que no dudó en apartarse de las formas para modificar la zonificación de un predio en favor de un emprendimiento millonario, sin compensación alguna para el Municipio. O el que decidió la entrega de nuestro Hospital, de manera inconsulta y sin ningún sustento. O el que facilitó al intendente Boto, al salir de la pandemia, aumentos de tasas y otras herramientas fiscales, al mismo tiempo que autorizaba una enorme planta de funcionarios, entre otros gastos políticos. O el que permitió loteos que amenazan con extender el conurbano hasta adentro de Luján.
En todos los casos, el apartamiento del “formalismo” ha implicado una pérdida de calidad institucional. Y la consecuencia, más temprano que tarde, es un notable retroceso en los derechos ciudadanos: amenazas a la calidad ambiental, falta de accesibilidad a un sistema de salud local e integrado, impuestazo, pérdida de la identidad local, falta de cobertura de servicios públicos esenciales.
Hay muchos desafíos por delante, y varios están hoy en la agenda dela discusión electoral. No se habla, sin embargo, de cómo devolver al Concejo Deliberante un funcionamiento acorde al cambio que se necesita.
Lo saben mejor que nadie los vecinos y las vecinas: no hay buen gobierno sin un buen ejercicio de la representación delegada por la ciudadanía.
Exelente