Una norma polémica como la desvinculación de todo el personal municipal del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) generó debate desde el primer momento de su presentación en el Concejo Deliberante.
Concejales y concejalas de Juntos y del Frente de Todos debatieron por más de dos horas el ingreso del proyecto y su pase a Comisión. La concejala de la oposición, Rita Sallaberry, recibió críticas, habló de dictadura, de negociados y sin tenerlo previsto su propio compañero de bancada, Matías Braticevic, declaró en contra de los interventores de la dictadura, sin percatarse del pasado de Sallaberry.
Un proyecto mal redactado
La autora del proyecto acumuló críticas tanto políticas e ideológicas como de calidad legislativa. En el Artículo 1° del proyecto redactó “ratifíquese el estado de no adhesión de la Municipalidad de Luján” a la Ley N°6892 (creación de IOMA).
La concejala opositora omitió una resolución del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires donde establece que la adhesión a la Ley N°6892 es tácita a partir del momento que se comenzaron a hacer descuentos al personal municipal para la seguridad social.
Este motivo generó la intervención de César Siror: “El proyecto de la ordenanza está mal redactado. Si hubiésemos sido severos, este proyecto, por su redacción, no debería ser ingresado. Tiene errores legislativos”.
Solidaridad, ¿qué?
El Frente de Todos también planteó su rechazó al proyecto de Rita Sallaberry sosteniendo que busca romper el sistema solidario que caracteriza a IOMA y a las obras sociales sindicales.
En el país, este sistema se compone de tres grandes subsectores que proveen cobertura de salud: público, prepagas (privado) y obras sociales. Las obras sociales están establecidas en un sistema solidario donde los beneficiarios aportan a un «fondo común» administrado por los mismos trabajadores a través de organizaciones sindicales.
El sistema es claro y conocido. Sin embargo, la concejala de Juntos apostó a la redacción legislativa para desconocer el carácter solidario de IOMA. “El criterio solidario, a mí me parece curioso porque en la ley que crea IOMA, la única vez que se menciona la solidaridad es cuando se habla del directorio de IOMA. Ahí habla de que los directores tienen responsabilidad solidaria de sus decisiones”, afirmó Sallaberry.
Bajo un argumento efímero como la letra legislativa, Sallaberry demostró su falta de cercanía con el concepto solidaridad. En lo concreto, el sistema solidario de obras sociales se basa en que quienes tienen altos salarios y los de los salarios más bajos obtienen como contraprestación una asistencia idéntica, sin discriminación, gracias a la propia solidaridad del sistema.
Libre opción de IOMA: una farsa
La discusión por la libre opción de IOMA comienza desde no comprender las normas nacionales y provinciales. Durante el debate se apelaron a las leyes nacionales (Nº23660 y Nº23661) que regulan el funcionamiento de las obras sociales a nivel nacional.
En los años 90, se produjo la desregulación de las obras sociales y los institutos provinciales de obras sociales, entes que por acuerdo de los gobernadores con el menemismo, quedaron al margen de la apertura de sus padrones a la libre elección.
Sallaberry desconoce que la libre opción, como un acto individual del afiliado, solo puede ser viable si existe una integración de IOMA al sistema nacional. De lo contrario, el municipio de Luján tendrá que realizar la contratación de una medicina prepaga, sin lugar a la libertad de opción por parte del empleado de su nuevo sistema de salud.
En concreto, sin compatibilización con las leyes nacionales de obras sociales no existe posibilidad de la libre opción. El resultado es que cientos de empleados municipales pasen a una prepaga a través de un convenio del Departamento Ejecutivo o que queden sin cobertura médica.
¿Quién puede defender a un interventor?
“Quiero aportar datos que fui conociendo cuando estudié esta ley. Es del año 64, es una ley votada en democracia. Pero la ley no dice que el empleado municipal tenga que estar sí o sí adherido a IOMA”, comenzó Braticevic.
Casi sin darse cuenta, en su siguiente intervención criticó la historia de su propio partido político: “Lo que sí obliga a estar adherido son las dos ordenanzas generales, la 15 y 31, una del 67 y otra del 68, que fueron hechas por un interventor de la Provincia de Buenos Aires, en época de Onganía, una dictadura. ¿Cómo podemos defender algo así, estamos hablando de una dictadura?”
Sentado a su derecha (política y de ubicación) estaba Rita Sallaberry, a quién Braticevic intentó defender. Casi sin darse cuenta olvidó que Sallaberry es nieta del comisionado de varias dictaduras argentinas. Y para colmo, el vecinalista no chequeó el dato: el gobernador general Francisco Imaz, quién sancionó las dos ordenanzas generales que cuestionaba, designó comisionado de Luján a Silverio Pedro Sallaberry.
La historia de comisionado designado por militares siguió para Sallaberry. No fue la única vez que recibió el aval de un gobierno militar: en la última dictadura el cargo de comisionado entre 1976 y junio de 1982 volvió a recaer en su persona.
¿Qué pasó en la capital del PRO?
Sallaberry defendió su proyecto y mencionó lo que pensó que iba a suceder: “Tocando una botonera muy grande iban a sonar varios teléfonos porque seguramente vamos a desfinanciar una caja política”.
La referenta del vecinalismo PRO atacó con dureza al sistema de obras sociales sostenida por los sindicatos. Y recordó el decreto del presidente de la Nación que establece que cualquier trabajador debe permanecer un año en su obra social de actividad antes de elegir traspasar sus aportes a otra obra social.
Al mencionar cajas y negociados, la referenta de Juntos dijo que “de negociados del kirchnerismo podemos hablar horas y horas”, pero olvidó el desfinanciamiento de la Obra Social de la Ciudad Buenos Aires (OBSBA). En el año 2000, se creó OBSBA. A diferencia de cualquier obra social, nació como un instituto de administración mixta. Al constituirse como instituto, los afiliados seguían cautivos y no se plegaron a la “libre opción”.
Fue en 2009 que se permitió la libre opción de obra social a los afiliados de OBSBA, con excepción de los jubilados, pero solo a un listado de pocas obras sociales. Hoy, la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OBSBA) se encuentra en proceso de liquidación de hecho, con una deuda que alcanzaría los 10 mil millones de pesos.
El Directorio de OBSBA compuesto por funcionarios del gobierno de turno y de sindicatos, como SUTECBA, de fuerte convivencia con el macrismo, son los grandes responsables del vaciamiento. Otro dato clave del vaciamiento, es que el síndico, que debe encargarse de fiscalizar las cuentas, fue nombrado por el jefe de gobierno y es alguien de su fuerza política, el PRO.
