A través de una nota dirigida a la presidenta del Consejo Escolar, Viviana Flosi, los concejales Erica Pereyra, Vanina Pascualín, Facundo Romero y Silvio Martin pidieron por el tratamiento del tema de Santiago Maldonado en los establecimientos educativos del Partido de Luján. 

Durante la semana pasada se desató la polémica debido a que profesores de diferentes instituciones dieron tratamiento al caso de Santiago Maldonado en las aulas. Al mismo tiempo, Ctera comenzó una campaña en conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido para tratar la desaparición forzada de Santiago Maldonado, quien se encuentra desaparecido por la gendarmería tras la brutal represión en la comunidad Lof en Resistencia Cushamen, donde los mapuches sostenían un acampe desde la detención de Lonko Facundo Jones Huala.

Ante estos hechos, el gobierno de la Alianza Cambiemos, negando la convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas que en su artículo 29 promueve inculcar al niño el respeto por los derechos humanos y las libertades democráticas y  también el estatuto docente,  que el en el capítulo III artículo 6 se menciona como deber del docente educar en los principios democráticos y en los derechos humanos, instaló un 0800 para denunciar a los profesores que hablen sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

En esta situación, se enmarca el pedido del interbloque peronista a la presidenta del Consejo Escolar, Viviana Flosi, para que según lo garantiza el marco legal vigente, y en un todo de acuerdo con las distintas herramientas pedagógicas que dispone cada nivel educativo, se traten los hechos sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado y el Informe Estadístico de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), remarcando los hechos que explican que el principal objetivo de las desapariciones forzadas de personas en Argentina por parte del Estado dictatorial fueron los jóvenes estudiantes de escuelas y universidades.

El interbloque peronista mediante la nota manifestó que la desaparición forzada del joven artesano han generado un marcado entusiasmo, discusiones y movilizaciones estudiantiles en todos los niveles educativos, y que algunos estudiantes les han manifestado que muchas de esas iniciativas fueron mal recibidas por algunas autoridades y mayores responsables del sistema educativo lujanense, hasta el punto de haberse intentado ser acalladas y/o desarticuladas cada una de las acciones.

Al mismo tiempo, señalaron que el Informe Estadístico de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), establece que los jóvenes hasta los 25 años explican más del 45% de las desapariciones forzadas de personas, y más del 6% del total fueron realizadas en establecimientos educativos durante la última dictadura cívico-militar.

Los concejales se basan para realizar el pedido en la Ley de Educación Nacional N° 26.206, que en su artículo 67 inciso c) garantiza a todos los docentes de todo el sistema educativo el derecho “al ejercicio de la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza, en el marco de los principios establecidos por la Constitución Nacional”.

Para concluir, sostienen que el ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado forma parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones, y son transversales a todas las cátedras, con el objeto de generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley Nº 25.633.

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