Foto: Julieta Brancatto

Desde el HCD formularon un proyecto de adhesión y beneplácito al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo. Ladran Sancho acerca una mirada desde la Atención Primaria de la Salud de Luján, sobre el trabajo de los equipos de ILE.

Carolina Francia impulso el proyecto sobre el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo. La Concejala refirió a la importancia de la aplicación: «Su cumplimiento es fundamental para que pueda traducirse en política pública integral en la coyuntura local donde los derechos puedan materializarse, se concreten y lleguen a toda la ciudadanía».

Francia también mencionó que varias profesionales de atención primaria de la salud hace tiempo trabajan en esta práctica médica, desde un enfoque de derecho y con perspectiva de género.

La concejala por el Frente de Todes también explicó que «existen obstáculos por la deficiencia estructural que viene acarreando nuestro sistema de salud hace varias décadas, pero tenemos la voluntad política para que la ILE se trabaje de la mejor y más eficiente forma en nuestra localidad».

¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Qué desafíos se presentan día a día para les trabajadores de atención primaria en materia de interrupción legal del embarazo? Ladran Sancho consultó a profesionales de APS que integran equipos de ILE en nuestra ciudad, y que día a día construyen herramientas para la ampliación de este derecho.

Les trabajadores expresaron que han tenido dificultades en la articulación con el Hospital de Luján, que se requiere cuando la edad gestacional de quien solicita la ILE es mayor a 12 semanas, cuando no hay respuesta de la medicación o por alguna contraindicación con el uso de la misma.

En muchos casos el hospital no pudo dar respuesta, alegando la falta de anestesistas y genicologes, por lo que las pacientes tuvieron que ser derivadas a otras instituciones. «El hospital no tiene conformados equipos interdisciplinarios para hacer ILE», puntualizaron como prioridad a resolver por la gestión entrante.

«En la reunión que ya tuvimos con Mariana Sierra (Directora de Género) y Laura Celia (Directora de Atención Primaria) quedó más que claro que la mirada de esta nueva gestión tiene una perspectiva de derecho, que va a acompañar, sostener y facilitar el trabajo que veníamos haciendo. La intención de las autoridades está clara».

Además, explicaron que un cambio importante, luego de la actualización del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo en diciembre, fue la provisión del misoprostrol por parte del municipio y que la nueva gestión conformó una oficina de referencia y contrareferencia en el Hospital, lo que «es un paso importantísimo como estrategia sanitaria, ya que nos permite continuar con el seguimiento de los casos».

Foto: Victoria Nordenstahl

«El acompañamiento que brindamos desde los equipos es bien completo, gracias a la interdisciplina. Todos tiene dos o más trabajares: médicxs, enfermeras, Trabajadoras Sociales, psicologxs. Es una ventaja inmensa, sobre todo en la causal «salud integral», donde la mirada debe ser bien amplia», expresaron sobre su trabajo cotidiano. «Realizamos consejería completa, opciones, acompañamiento previo, reducción de riesgo y daño, consejería en métodos anticonceptivos y su indicación, eco-control, etc».

Es importante resaltar que las personas tienen derecho a solicitar la interrupción legal del embarazo en los casos en que el embarazo presenta un riesgo para la vida de la persona gestante y este peligro no puede ser evitado por otros medios; cuando el embarazo presenta un peligro para la salud  física, mental-emocional y social; y cuando el embarazo proviene de una violación.

Además, no requiere autorización judicial o administrativa, ni denuncia policial o judicial. En caso de ser víctima de violencia sexual, el Estado debe garantizar atención inmediata para resguardar su salud e integridad física, psíquica y sexual, protegiendo en todos los casos la privacidad y la confidencialidad.

En el caso de las personas con discapacidad, si requiere asistencia para tomar decisiones, deben asegurarse los sistemas de apoyo e información necesarios para que se preserve su autonomía de decidir sobre su cuerpo.

El protocolo de Interrupción Legal del Embarazo considera algunas situaciones espaciales, por ejemplo la edad. Para este tipo de tratamientos, que desde el sistema de salud se consideran invasivos, les adolescentes de entre 13 y 16 años deben prestar su consentimiento con la asistencia de sus padres o representantes legales.

A partir de los 16, define a le adolescente como un adulto para las decisiones sobre su cuerpo. Sin embargo recomienda la compañía de alguien de confianza. En caso de violación, la declaración jurada puede ser realizada sin la autorización adulta.

El documento, actualizado en diciembre del 2019, establece que «la objeción del consciencia es siempre individual, nunca institucional», y que les trabajadores tienen derecho a ejercerla solo cuando no se traduzca en la dilación, retardo o impedimento para el acceso a esta práctica médica.

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