La novena sesión ordinaria del Concejo, que será el próximo lunes, incluye en su temario el tratamiento de un proyecto para la aplicación de la inclusión Laboral Trans en el empleo público lujanense. A cinco años de la sanción de la Ley “Diana Sacayán” a nivel Provincial, el debate en el deliberativo local gana volumen y el Ejecutivo proyecta una política concreta en clave de derechos para la población trans y travesti de la ciudad. 

Hace décadas que en los parlamentos internacionales los gobiernos acuerdan leyes antidiscriminatorias, programas en el ámbito de la educación, la salud y el trabajo, que promuevan la no discriminación por la orientación sexual, identidad o expresión del género. En nuestro país, la Ley de Identidad de Género del 2012 constituye un precedente clave en el reconocimiento de los derechos de las personas trans. 

Tres años después de esa normativa de vanguardia mundial, la legislatura bonaerense aprobó la Ley 14.783, que habilita la creación de un cupo mínimo de al menos 1% de los empleos públicos, reservado para el colectivo de personas travestis, transexuales y transgénero. Sin embargo, la Ley pasó cuatro años más sin ser reglamentada

La ex gobernadora María Eugenia Vidal firmó el decreto que la reglamenta pocos días antes de terminar su mandato. En ese momento, organizaciones como Mujeres Trans Argentina y OTRANS advirtieron sobre la tardanza y lo entendieron como una suspensión en el recorrido democrático de los derechos de las personas trans. 

En Luján, al igual que en otros municipios, los movimientos transfeministas y por los derechos LGBTIQ+ mantuvieron el tema en agenda y llevaron a las calles el reclamo por la efectivización de esta Ley en particular, y por la reparación histórica del colectivo travesti trans. De esta forma, en 2019, y por iniciativa de la CTA de los trabajadores, el Concejo Deliberante adhirió a la Ley 14.783 adelantándose a la reglamentación provincial. 

Día Mundial de la Diversidad Sexual. Plaza Colón, año 2018. Foto: Julieta Brancatto.

A través del proyecto de comunicación que presentó la concejala Carolina Francia y que cuenta con la firma de las concejalas del oficialismo y la oposición, el HCD sugiere una forma de implementación de la Ley. Propone que los entes de aplicación sean tanto la Dirección de Géneros y Diversidad como la Dirección de Recursos Humanos y proyecta un Consejo Asesor con participación ciudadana. Mala Junta Disidente y la CTA también participaron de la elaboración del texto. 

Entre los puntos fuertes de la propuesta se encuentra la creación de un Registro Unificado de Solicitantes de Empleo, así como el acompañamiento y la promoción de programas para la terminalidad educativa y la formación en oficios. Además, dispone la creación de programas de capacitación y sensibilización para toda la planta de trabajadores del Estado, con el fin de erradicar las situaciones de violencia y discriminación.

En la fundamentación del proyecto, se reconoce que las personas travestis, transexuales y transgénero han sido históricamente vulneradas y que padecen persecución, exclusión y marginación sistemáticas, «lo cual les genera enormes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato y al efectivo goce de sus derechos». 

De la misma forma lo explican desde el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ en el informe que presentaron hace pocos días y que abarca los primeros seis meses del 2020. El relevamiento realizado da cuenta de 69 crímenes de odio, de los cuales 32 se definen como lesiones al derecho a la vida, o travesticidios sociales, ya que se trata de muertes y suicidios provocados por la ausencia estructural del Estado. Todas ellas son mujeres trans y travestis.

Diana Sacayán, Maite Amaya y Lohana Berkins desde las paredes de la Municipalidad de Luján. Foto: Julieta Brancatto.

«En el contexto de crisis económica y sanitaria actual, gran parte de lxs habitantes de nuestro país vieron sus ingresos sensiblemente reducidos. Pero esta situación en la población trans se maximizó exponencialmente, ya que la mayoría ejerce el trabajo sexual como única forma de subsistencia, junto con otras prácticas de la economía informal», explican también desde el Observatorio.

Desde el comienzo del aislamiento, organizaciones transfeministas y de la comunidad LGBTIQ+ reclaman la asistencia del Estado para mujeres trans y travestis. Aislades en hoteles y pensiones que les cobran alquileres altísimos y desproporcionados viven, bajo amenaza de desalojo, las cuarentenas más difíciles.

Esta Ley, única en su alcance a nivel mundial, lleva el nombre de Amancay Diana Sacayán, en memoria a una de sus principales gestoras. La referenta travesti, reconocida en toda Latinoamérica por su incansable militancia para mejorar las condiciones de vida del colectivo, fue asesinada en su departamento un mes después de la aprobación de la Ley. Por primera vez en la historia, la justicia caratuló el crimen como travesticidio. 

Con la alegría empañada, la comunidad celebra cada paso que se logra en materia de derechos, pero repiten que la aplicación de políticas integrales para trans y travestis no pueden esperar un minuto más. La implementación de la Ley es una necesidad imperiosa: una cuestión de vida o muerte para todo un colectivo históricamente postergado, olvidado, empujado a la marginalidad, a pocas o nulas opciones laborales muy mal remuneradas. Con elles es la deuda y ahora es cuando.

Foto de portada: Julieta Brancatto.

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