La noche del 23 de agosto en Luján tiene un trasfondo difícil de entender desde un despacho o con el noticiero como único puente con los sectores populares. “No es por comida” coinciden los análisis desde distintos sectores, aunque cuesta profundizar en otros motores de la bronca.
Desde la tarde hasta entrada la madrugada, decenas de pibes y pibas descargaron la falta de horizontes frente a patrulleros y uniformados, sobre la autopista Acceso Oeste más de un camionero también la ligó, mientras Chango Más permaneció bien custodiado y el centro comercial de la ciudad continuó con normalidad, más allá de la preocupación generalizada.
El saldo de la vigilia dejó a siete jóvenes que no alcanzan los 26 años de edad detenidos e imputados, entre ellos dos menores de 18 años que merecen, según las leyes vigentes, un trato diferencial. Sobre los hechos, no hubo expresiones públicas dentro del conglomerado de organizaciones y partidos que componen el campo popular en el terruño, hasta este lunes, cuando el Concejo Deliberante trató una resolución presentada por Unión por la Patria.
Condena a quienes participaron del disturbio, elogio al “oportuno accionar policial” y un pedido a la Fiscalía para que “impongan las más rigurosas penas” son las claves de la resolución en las que oficialistas y opositores coincidieron salvo la concejala Susana Busso de Juntos por el Cambio que no acompañó, mientras en Unión por la Patria, Carolina Francia no puso la firma y se ausentó de la sesión.
Los otros vecinos
Jesús tiene 24 años y vive en el barrio San Bernardo, Fernando tiene 26 y vive en el populoso barrio El Quinto al igual que Eleonora de 35. Maximiliano está terminado sus estudios secundarios a sus 18 años, al igual que Sebastián de 16 y Alejandro de 17.
Aunque no todos se conocen entre si, comparten condiciones comunes: fueron detenidos la noche del 23 de agosto en el barrio San Bernardo lejos de los focos de disturbios. Aseguran no haber intentado ingresar a Chango Más ni haberse enfrentado a los uniformados.
También son “vecinos” de Luján aunque en la redacción de Unión por la Patria se haya hecho una explícita diferencia entre quienes “experimentamos una convivencia pacifica” y “los grupos organizados con el objeto de delinquir”.
La marca de la gorra
La resolución de UxP tuvo un solo objetivo que se concretó con la coincidencia de la oposición de Juntos por el Cambio. Pedir a Fiscalía que endurezca las penas. La propuesta estuvo mal encarada. A tal punto que nadie reparó en que no es el Ministerio Público Fiscal quien interpone penas, sino el Juzgado; además de que la organización política como República supone la división de poderes.
La UFI N° 9 a cargo de la Dra Mariana Suárez y la UFI N° 8 de Mercedes a cargo de la Dra. Yanina Colicchi les imputó a los jovenes los delitos de intimidación pública, atentado a la autoridad, lesiones leves y tentativa de robo agravado por cometerse en poblado y en banda con penas previstas de más de 15 años de prisión. A los y las legisladoras locales de Unión por la Patria les pareció poco y pidieron más.
La falta de una postura común en el oficialismo permitió algunas perlitas como la que aportó la concejal de Juntos por el Cambio, Susana Busso. Además de abstenerse en la votación, recordó que en el año 2001 durante el conflicto social se ensayaron respuestas múltiples para abordar la crisis desde el plano local. Entre ellas la conformación de una comisión especial durante el gobierno peronista del Dr Miguel Ángel Prince.
“Detención denegada”
Los siete jóvenes detenidos pagaron los platos rotos de la noche del 23 de agosto. No hay instigadores intelectuales identificados, ni agitadores, ni oportunistas detenidos o investigados. Solo los siete que, lejos de Changó Más, fueron subidos al patrullero y pernoctaron en Comisaría.
Tras las declaraciones testimoniales y la lectura de los partes policiales, el Juzgado de Garantías N°2 de Mercedes denegó las detenciones para los 5 jóvenes mayores de 18 años, dando la razón, “casi en su totalidad”, a la defensa.
Los argumentos pasaron por las contradicciones entre los partes policiales y los testimonios en sede judicial de los uniformados que participaron de los operativos y la falta de pruebas para identificar en el lugar de los disturbios a los detenidos, entre otras cosas.
Un dato llamativo aparece en el expediente: “No se identificó pasamontañas” en la requisa de una mochila contradictoriamente a lo que informaron desde la Comisaría Luján Primera. A lo largo de varias fojas, el operativo policial fue cuestionado tanto por la Defensa como por el Juzgado, en sentido contrario, Unión por la Patria los elogió.
Así, el Juzgado resolvió que la única acusación que recae sobre los imputados es la de “resistencia a la autoridad” mientras la investigación seguirá abierta, permitiendo a la Fiscalía tomar conocimiento de las conversaciones en sus celulares, por ejemplo.
A los dos menores de edad el Juzgado subrogante les otorgó la libertad sin entrar en detalles. En este caso resolvieron que el monto de las penas no se correspondía con la orden de detención, aunque el escenario de la detención y el procedimiento es el mismo.
Falta de empatía total. Políticos sucios y fachos, todos…