El machismo patriarcal mata. Por eso, el 25 de noviembre de este año encontró a mujeres y disidencias otra vez en la Plaza Colón. El aumento de la violencia machista y estatal se evidencia en cifras: se registrados 228 femicidios, travesticidios, transfemicidios e instigaciones al suicidio en la Argentina. Una persona es asesinada por razones de género cada 35 horas.
En 2023, se registró un femicidio directo cada 35 horas. En 2024, según el registro oficial, hubo una víctima directa cada 39 horas —o, sumando todos los casos de violencia letal de género, una víctima cada 36 horas—. En 2025 (y según los reportes que todavía no reflejan esta parte del año), se menciona que ocurre un femicidio cada 34 horas. Entre noviembre de 2024 y 2025, hubo 260 víctimas de violencia de género, y la letalidad aumenta por el acceso a armas, muchas de ellas policiales.
El martes por la mañana en el HCD se reunieron referentes institucionales para participar del Conversatorio «Obligación alimentaria y autonomía económica», sobre la Ley Provincial N° 15.513, recientemente puesta en vigencia en la Provincia de Buenos Aires.
Esta instancia buscó promover el intercambio de experiencias y fortalecer la articulación interinstitucional sobre el cumplimiento de la obligación alimentaria como un derecho de las infancias y una herramienta clave para erradicar la violencia económica por razones de género.
Luego, quienes participaron de esta actividad, se acercaron a la Plaza Colón: Defensoría de Género y agrupaciones feministas locales, además del apoyo de autoconvocadxs de distintas filiaciones y agrupaciones, entre ellos, la Comisión Organizadora de la 8va Marcha del Orgullo.
El Gobierno nacional profundiza discursos de odio y desmantela políticas de género, vota contra acuerdos internacionales y amenaza con eliminar la figura legal del femicidio. Esto ocurre mientras crecen las denuncias previas desoídas (17%). El incumplimiento del Estado en prevenir y sancionar la violencia convierte su accionar en una política femicida, una necropolítica, según la cual se creen con poder de decir quién vive y quién muere.
Frente a ello, se exige justicia y se sostiene el grito colectivo: Ni Una Menos. En esta oportunidad, cobran relevancia las compañeras que volvieron del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianxs, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries el lunes.
«Venimos del proceso de denuncia por tortura policial hacia un menor en el barrio San Pedro», expresan las compañeras y agregan: «188 femicidas provienen de fuerzas de seguridad —subraya una militante barrial—, lo que muestra la implicación institucional en la violencia». Además, señalan un contexto de torturas, abusos policiales y represión, acompañado por una crisis económica que golpea, sobre todo, a mujeres y a diversidades.
El sistema judicial patriarcal cierra casos como «sobredosis» sin investigar violencias vinculadas al narcomenudeo, mientras muchas madres luchan contra el estigma hacia sus hijas pobres y consumidoras. En esta dirección, el colectivo reclama justicia para Belén y exige que se revise su causa.
La hermana de Belén Burgos Fernández se manifestó. La familia relata graves irregularidades. Nunca pudieron ver el cuerpo en primera instancia, recibieron información confusa y contradictoria sobre dónde se encontraba y dónde se hacía la autopsia. El día del velorio, esperaron una ambulancia que nunca llegó: el cuerpo apareció repentinamente dentro de la sala. Identificaron ropa rota, sangre, barro y signos evidentes de que había sido arrastrada, semidesnuda y en condiciones que no coincidían con la versión oficial.
En Fiscalía intentaron imponer la explicación de una sobredosis, minimizando los golpes que el cuerpo evidenciaba. Sin embargo, señalaron que la víctima llegó al hospital muerta, pero aun así estaba esposada y atada en el patrullero que la trasladó. La causa fue archivada y no se volvió a avanzar. La familia sostiene su testimonio para evitar que se reduzca el caso a una sobredosis cuando había evidencias claras de violencia.
A diez años del Ni Una Menos, los femicidios siguen creciendo, con fuerte participación de efectivos de seguridad y altos niveles de impunidad. La crisis económica y el desmantelamiento de políticas de género —como el cierre del Ministerio, los recortes a la Línea 144, Acompañar y ESI— agravan la vulnerabilidad de mujeres y disidencias.
En este contexto, el Gobierno propone eliminar la figura de femicidio del Código Penal, lo que implicaría un grave retroceso. Frente a esto, movimientos feministas nacionales y locales se declaran en alerta y exigen una vida libre de violencias.
«Vivas, libres y sin miedo», decía el flyer convocante de este #25N, y resulta elocuente en los tiempos que corren recuperar el valor de los tres términos.
