Para hoy se llamó a un apagón contra la Cooperativa Eléctrica por el alza del servicio y las quejas recaen en los matices de la situación. Los aumentos en origen son del gobierno nacional y bajados por provincia, pero impactan de manera singular ante la falta de gestión local. A continuación un repaso de factores clave.

A través de las redes sociales se convocó a un «apagón masivo» para este miércoles entre las 20 y las 21 horas, en reclamo por los aumentos de las tarifas del servicio eléctrico. El mensaje que circula por Whatsapp pretende ejecutar «un apagón contra el aumento desmedido de la Cooperativa Eléctrica de Luján. Una hora de todos representa una pérdida enorme para ellos». ¿Esto es así? ¿Es la cooperativa la principal responsable de los aumentos? Aclaremos ante tanta oscuridad.

Para el vecino, empleado o comerciante, es difusa la caracterización de actores con responsabilidad en los aumentos tarifarios que durante los últimos meses se vuelven insostenibles. Ante este panorama ni siquiera la propia Cooperativa Eléctrica puede recuperar un planteo claro sobre el asunto.

Si bien la entidad no tiene todos los rasgos de una cooperativa en su accionar no es la principal responsable de estos tarifazos, aunque tampoco genera paliativos. Las tarifas están reguladas en una primera instancia por el gobierno nacional, y para la distribución del servicio por la Provincia de Buenos Aires, el organismo que se encarga de dictar el cuadro tarifario es el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

Antonio Otero, gerente de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Limitada, manifestó a Ladran Sancho «nosotros no fijamos las tarifas. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos fija los precios, nosotros solamente nos adecuamos a los cuadros tarifarios que son publicados en el Boletín Oficial. Es el gobierno provincial el responsable».

El gráfico anterior explica que el 39% de la factura de energía eléctrica se compone por el precio estacional más el transporte, ambos regulados por el gobierno nacional. Cuando se discute un nuevo cuadro tarifario se realizan audiencias públicas que son una fachada para justificar los incrementos. ¿Quién es el responsable de este porcentaje? Mauricio Macri en primer instancia, y más específicamente el Ministro de Energía Juan José Aranguren.

«Sincerar» es la palabra preferida del gobierno nacional para desdibujar los tarifazos y esconder los negociados millonarios que existen detrás de cada empresa proveedora de energía eléctrica. A lo que acompañó diciendo que «cada uno se haga cargo de pagar su consumo». El sincericidio fue tan grande como las mentiras de la campaña electoral. En los últimos dos años la tarifa de la luz aumentó un 2800%.

Muy lejos quedaron aquella promesa que hace Macri en pleno debate presidencial «mentís Daniel, ¿porque le mentís a la gente? No vamos a devaluar, ni ajustar, ni sacar los subsidios. No tenemos previsto tarifazos». Para completar el escenario del cinismo se podría recuperar la declaración de Aranguren diciendo «si gana Macri la luz será gratis para hogares pobres».

El gobierno nacional ha tomado una decisión de desactivar el cóctel explosivo que quedó del gobierno anterior. ¿Pero a qué costo? Al parecer, según Cambiemos, se le hizo creer a la clase media que un empleado medio que podía comprarse celulares, irse al exterior y pagar la boleta de luz. De este modo el tarifazo actúa como una medida disciplinadora para aquellos argentinos que por primera vez habían podido acceder a tener el aire acondicionado, el televisor, la heladera, entre otras cosas. Este gobierno viene a decir que estos «lujos» no son para todos, que son caros y hay que «hacerse cargo» de pagarlos.

En 2017 el consumo se desinfló drásticamente. Es la primera vez al menos desde 2013 que la demanda residencial no registraba una caída (-2,3%). De las 22 provincias interconectadas, 13 (un 59%) cerraron 2017 con caídas en sus respectivos niveles de demanda residencial. Las provincias con menores consumos juntas explican un 85% de la demanda residencial a nivel nacional.

Por otro lado, el 35% del total de la factura de energía eléctrica corresponde a lo que cobran las distribuidoras del servicio. Este cuadro tarifario se encuentra aceptado por el OCEBA, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires. El gobierno provincial, alineado con el nacional, también defiende los aumentos de todos los servicios para ser más «eficientes». En enero a través de la  resolución 60/2018, Maria Eugenia Vidal incrementó un 32% las tarifas que comprenden las áreas Río de La Plata, Área Atlántica, Área Norte y Área Sur.

Otro ejemplo que demuestra con los buenos ojos que mira la gobernadora a los aumentos es la situación del juez Luis Arias. El magistrado había suspendido los incrementos en la provincia dando lugar a una medida precautelar presentada por la Defensoría del Pueblo, que reclamó la nulidad de la resolución 149 del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, que autorizó los aumentos.

La decisión del juez Arias llevó a ganarse el odio de María Eugenia Vidal, que a través de varios operadores iniciarle un proceso de juicio político contra el juez que incómodo al poder de turno en varias oportunidades.

Un negocio redondo

El discurso de la «pesada herencia» sirvió como anillo al dedo para justificar el aumento de los cuadros tarifarios. Según el gobierno, eliminar las políticas de congelamiento tarifario impuestas desde la administración de los presidentes Kirchner desde la salida de la convertibilidad sacó a la empresa de la situación de crónico quebranto a que fue sometida en los últimos tres lustros».

Según un informe del «Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo» esto es falso. La empresa en 2015, según sus Estados Financieros Consolidados, reportó una ganancia de 64 millones de pesos, mientras que de 153 millones en 2014. Mientras que en 2016 la calidad del servicio empeoró en relación a 2015.

La empresa Transener, empresa encargada del transporte de energía eléctrica de alta tensión, registró una ganancia de 1.437 millones de pesos entre enero y septiembre de 2017, esto es, una mejora del 360% respecto del mismo período de 2016 en el cual se registró una pérdida de 552 millones. En diciembre de 2016 Transener suscribió un acuerdo con el Ministerio de Energía mediante el cual se le otorgó dos créditos, uno de 602,9 millones de pesos y otro de 899,9 millones. Lo propio hizo Transba (propiedad de Transener), empresa encargada del transporte de energía eléctrica por distribución troncal de la Provincia de Buenos Aires, otorgándosele dos créditos por 151,9 millones y 362,7 millones.

¿A quién reclamarle? ¿Qué reclamarle?

Manteniendo reuniones con comerciantes y dando declaraciones públicas donde manifiesta el rechazo a los aumentos, Luciani busca camuflar sus responsabilidades institucionales y su ligazón política con el gobierno nacional y provincial.

El intendente evita asumir que es parte del gobierno que busca una política de ajuste vía tarifas. Alcanzar acuerdos con la Cooperativa Eléctrica y fortalecer el reclamo a sus superiores políticos debiera ser una tarea inicial, pero lejos está.

Un paliativo a la situación es no incluirse en las facturas de luz las tasas municipales. Energía Eléctrica y tasas locales, y provinciales, debieran pagarse por separado. Atar unas a otras le garantiza al municipio un mayor porcentaje de cobrabilidad en las facturas de energía eléctrica aunque el vecino paga un total que sin desglosar no le permite entender qué paga. Incluso existen superposición de pagos.

Las responsabilidades de la Cooperativa Eléctrica se manifiestan de forma más clara con el polémico aporte de capital. El ítem que implica en su sentido formal un modo de inversión colectiva termina por ser el parche financiero. En varias oportunidades cuando el gobierno kirchnerista negó autorizaciones para aumentos, la cooperativa subió el aporte de capital. En otras oportunidades a la par del tarifazo se disminuyeron y hasta se suspendieron.

Finalmente la Cooperativa no logra salir con una posición política clara frente al gobierno local y su relación con gobernación y nación, y el rol que de hecho le toca, es el de trasladar aumentos sin más. En esta trama, el poder concedente es el municipio de Luján quien debiera implementar mecanismo para acordar un menor impacto tarifario con la Cooperativa y reforzar un reclamo en instancias superiores a las locales.

En definitiva, Luján no será la excepción en el marco de tarifazos nacionales aunque la opinión pública, las quejas vecinales y comerciantes, las posiciones de organizaciones de la sociedad civil y de partidos políticos son fundamentales en el ejercicio de la presión para generar un impacto menor. Para ello, habrá que afinar la puntería.

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Julián Inzaugarat
Licenciado en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. 26 años. Profesor. Peronista. Hincha de Luján