Luciani tendría que dar la cara a las 17 horas en la extraordinaria por los tarifazos pero dio a entender que no irá. Ayer el presidente le pidió a los gobernadores «compartir esfuerzos» a costa de desfinanciar las provincias. Después Vidal anunció la quita de impuestos que ella misma incluyó en las facturas desde 2016.

Esta tarde el intendente está convocado formalmente a participar de la sesión extraordinaria en el marco de la emergencia tarifaria. La gran incógnita de esta sesión era si Oscar Luciani pondría la cara o si seguirá jugando a las escondidas.

«Todavía lo estoy evaluando», soltó el intendente con una clara intención de evidenciar que no irá a la extraordinaria. «La discusión tiene que darse entre los concejales. El departamento ejecutivo está haciendo todo lo que tiene que hacer, cómo disminuir el impacto de las tarifas, y todo lo que venga del departamento deliberativo. Estamos dispuestos a trabajar en el Concejo Deliberante pero en un marco donde se pueda dialogar en forma tranquila y respetuosa», expresó Luciani, en una de las clásicas entrevistas al pasar que le arranca la prensa al Jefe Comunal.

En la última maratónica sesión, los concejales, por unanimidad, aprobaron la resolución para declarar la emergencia tarifaria, prohibir los cortes de suministro eléctrico por 180 días, retrotraer el precio de las tarifas a diciembre de 2017 y no admitir futuros aumentos que superen los aumentos salariales. Además se solicitó al gobierno provincial que disminuya las cargas tributarias incluidas en la tarifa de energía eléctrica.

En aquella oportunidad, los concejales sancionaron un pedido formal de sesión extraordinaria convocando al intendente y al Consejo Administrativo de la Cooperativa. Estos últimos se han mostrado dispuestos a explicar a la ciudadanía el grado de responsabilidad de la CESPLL en la configuración de los cuadros tarifarios.

En la previa a esta sesión, impulsada por la movilización de los días 18 y 19 de abril y la caída en la imagen del gobierno de Cambiemos, María Eugenia Vidal anunció, minutos después de que Macri pidiera a los gobernadores que bajen la carga tributaria en los servicios; un descuento en los impuestos provinciales de 15,5% en promedio a las facturas de electricidad.

La rebaja se aplicará en dos partes: un 10,4% de inmediato en la próxima facturación a través del decreto firmado por la gobernadora y el restante tras la modificación por parte de la Legislatura de la Ley 11.769.

Cabe recordar, que fue la gestión de Vidal quien en el año 2016 apeló un fallo judicial que le impedía a la gobernación cobrar los impuestos provinciales que hoy se quitan. Los dos decretos que establecen impuestos provinciales, y que Vidal explicó provienen desde los años de última dictadura, son el número 7290 llamado «desarrollo eléctrico» y el 9038 de «grandes obras».

El cobro de estos impuestos estaba suspendido desde 2016 a raíz de una medida cautelar. En enero de ese año la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires falló a favor de la gobernadora y se volvieron a incluir en facturación.

Esta marcha atrás en la política de recaudación ocurrió minutos después del mensaje del presidente de la nación desde Vaca Muerta, desde donde pidió a los gobernadores de todas las provincias que «eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos».

Casi al mismo tiempo Aranguren planteó a los gobernadores la intención de trasladar el costo de subvención de la tarifa social a las administraciones locales, resignando impuestos particulares al consumo de energía. El ministro propuso que las provincias asuman por lo menos la mitad del costo derivado de esta nueva reducción de subsidios.

En este contexto, donde los distintos estamentos gubernamentales proponen la eliminación de las cargas impositivas como supuesto alivio para el tarifazo, resta saber cuál será la postura del ejecutivo municipal, quien no se ha cansado de repetir como excusa para múltiples temas que las cuentas municipales no le cierran.

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